Pacientes Colombia pide nombrar superintendente de Salud 'ad hoc' ante la crisis de Nueva EPS y Sanitas

Pacientes Colombia solicitó al Gobierno la designación de un superintendente de Salud ad hoc ante la “preocupante” situación financiera de la Nueva EPS y Sanitas EPS. Según esa organización que agrupa 200 asociaciones en todo el país, las intervenciones del Gobierno a estas entidades, en vez de ofrecer soluciones, han “profundizado la crisis” poniendo en juego la salud de más de 17 millones de personas.

Ante este panorama, la organización cuestionó el objetivo de las intervenciones y elevó la pregunta de quién asumirá la responsabilidad de la situación. A Pacientes Colombia le llama la atención que las medidas de la Superintendencia de Salud no hayan incluido acuerdos de pago para saldar la deuda pendiente con las EPS, lo que explicaría las denuncias por falta de entrega de medicamentos y el cierre de algunos servicios sanitarios.

Por ello, esperan que un superintendente ad hoc ejerza inspección, vigilancia y control a las EPS intervenidas “con transparencia, rigor y pleno cumplimiento del debido proceso”.

“No aceptamos más dilaciones ni evasivas. Esta crisis exige transparencia, responsabilidad y decisiones inmediatas”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

La entidad también hizo un llamado a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento inmediato de las órdenes dadas al Ministerio de Salud y Protección Social en materia de derechos en salud. Así mismo, pidió a la Procuraduría General que inicie investigaciones disciplinarias contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; su antecesora, Carolina Corcho, y el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, “en su calidad de responsables directos de la situación”.

Los hallazgos de la Contraloría en la Nueva EPS

Pacientes Colombia se pronunció luego de que la Contraloría publicara un informe con hallazgos de un operativo de policía judicial en las instalaciones de la EPS para recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud. La diligencia incluyó entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses de las vigencias 2022, 2023, 2024 y del primer semestre de 2025, que sumaron más de 4.000 archivos.

Tras un análisis preliminar de los hallazgos, la Contraloría detectó:

• 15,27 billones de pesos en anticipos pendientes por legalizar con corte a junio.
• 13,2 billones de pesos en facturas de servicios de salud sin revisión o validación.
• 21,37 billones de pesos acumulados en cuentas por pagar.
• 11,1 billones de pesos de subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada.
• Falta de soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en el decreto 441 de 2022 sobre la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.

Pacientes Colombia expresó su preocupación frente a este informe, pues el nivel de endeudamiento comprometería la sostenibilidad financiera de la entidad y la del Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo en cuenta que la Nueva EPS cubre aproximadamente al 22 por ciento de la población afiliada.

“Resulta indispensable establecer la responsabilidad de la Adres, que continúa girando dineros sin una auditoría rigurosa, lo cual agrava los riesgos financieros y administrativos”, señaló Silva, en referencia a los hallazgos de la Contraloría.

Y agregó que “durante el periodo de intervención, la Nueva EPS ha tenido tres agentes interventores designados, sin que ninguno de ellos haya logrado resultados satisfactorios, lo que evidencia la falta de eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno y la Superintendencia”.

Más quejas y un detrimento patrimonial de 1,7 billones de pesos en Sanitas

El informe de la Contraloría se suma a los reportes del Grupo Keralty sobre la crisis financiera de la EPS Sanitas. El presidente global de Salud de Keralty, Juan Pablo Rueda, dijo esta semana en diálogo con W Radio que, a causa de la intervención del Gobierno, la EPS presenta un detrimento patrimonial de 1,7 billones de pesos; un aumento superior al 40 por ciento en las quejas de los afiliados y el doble en el número de tutelas.

A principios de septiembre, el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, confirmó que el Gobierno inició el proceso de entrega de la EPS Sanitas a sus propietarios. La devolución de la empresa obedece a un fallo de la Corte Constitucional emitido el pasado 26 de junio, que anuló la intervención forzosa de la entidad.

La decisión se tomó tras resolver una tutela presentada por las empresas del Grupo Keralty (Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Colsanitas S.A. y Keralty S.A.S.), así como por el ciudadano Juan Pablo Rueda Sánchez, en contra de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Sala Plena concluyó que la Superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes, pues la entidad no determinó si las insuficiencias patrimoniales de la EPS tenían como causa actuaciones de la misma empresa o si se generaron por factores ajenos y derivados de la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno de los presupuestos máximos.

Por su parte, para garantizar el cumplimiento del fallo, Keralty solicitó al Gobierno medidas de reparación inmediatas y efectivas y anunció nuevas acciones legales ante tribunales en Colombia y en el extranjero, por considerar que la intervención se ejecutó sin fundamentos técnicos claros y en contravía de las garantías constitucionales.