'Defiendo la constitucionalidad de la Ley de Encuestas': procurador Gregorio Eljach Pacheco

En medio del foro ‘Paz electoral: encuestas confiables, elecciones limpias y democracia segura’, organizado por CAMBIO, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, defendió la constitucionalidad de la Ley de Encuestas (Ley 2494 de 2025), actualmente bajo control de la Corte Constitucional tras la presentación de dos demandas por parte de sectores que se consideran afectados por la norma.

El jefe del Ministerio Público recordó que participó directamente en el trámite legislativo de la ley y sostuvo que su posición se fundamenta tanto en ese conocimiento directo como en un análisis jurídico de fondo. “Hemos defendido la constitucionalidad de esa ley no solamente por un conocimiento directo de cómo se hizo —quien les habla estuvo allí—, sino porque encontramos que no hubo violación alguna de ningún precepto, ni de procedimiento ni de corrupción”, afirmó.

Las demandas ante la Corte Constitucional

La Ley 2494 de 2025 enfrenta dos demandas de constitucionalidad. La primera sostiene que la norma vulnera el derecho a la información y el derecho fundamental a la verdad. La segunda cuestiona el procedimiento legislativo, al considerar que la regulación debió tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, además de alegar una supuesta omisión en la evaluación de su impacto.

Frente a estos señalamientos, Eljach explicó que el debate no gira en torno a una negación de derechos, sino a una tensión legítima entre intereses constitucionales. “Ahí lo que hay es una tensión entre derechos: por un lado, permitir que la democracia funcione y que el ciudadano pueda pronunciar su querer mediante un proceso legislativo general; y, por otro, el interés legítimo protegido por la Constitución de un sector privado productivo que también desarrolla una actividad reglada y reconocida”, señaló.

El Estado como garante del derecho a la información

Uno de los ejes centrales de la intervención del procurador en el foro organizado por CAMBIO fue el papel del Estado en la protección del derecho a la información, especialmente en contextos electorales. Para Eljach, el impacto de las encuestas en la opinión pública justifica una intervención regulatoria orientada al interés general.

“La información tiene que ser protegida por el Estado. Hay un bien jurídico superior al interés, también legítimo, del sector privado que maneja esa información”, enfatizó. Si bien reconoció que las encuestadoras utilizan herramientas científicas y técnicas, recordó que también hacen parte de una industria que genera beneficios económicos y que, por tanto, debe ceder frente al interés superior de garantizar procesos democráticos transparentes.

En ese sentido, advirtió que el manejo de la información incide directamente en la escogencia de quienes dirigen la sociedad y el Estado, así como en la conformación de las instituciones públicas.

Ley ordinaria y núcleo esencial de los derechos

En relación con la demanda que cuestiona el tipo de ley utilizado, el Procurador descartó que la regulación de las encuestas deba tramitarse como ley estatutaria. A su juicio, solo el núcleo esencial del derecho a la información y a la comunicación exige ese tratamiento especial.
“La regulación, la reglamentación y los detalles de cómo se ejerce una profesión legítima no hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental”, explicó. Recordó además que el artículo 152 de la Constitución establece que no todo lo relacionado con un derecho fundamental debe regularse mediante ley estatutaria, criterio que ha sido respaldado de manera consistente por la jurisprudencia constitucional desde 1991.

Eljach subrayó que esta distinción resulta clave para el funcionamiento del Congreso, pues las leyes ordinarias requieren mayorías más flexibles, lo que permite responder con mayor agilidad a las necesidades de regulación sin afectar las garantías constitucionales.

Una ley perfectible y el llamado a una discusión más amplia

Durante su intervención, el Procurador también reconoció que, como toda decisión pública, la Ley de Encuestas es perfectible y puede no haber logrado armonizar de manera suficiente todos los intereses que el Congreso está llamado a coordinar: los privados, los públicos, los académicos, la sociedad y el propio Estado.

Advirtió que uno de los factores que hoy alimenta la controversia es la percepción de una participación limitada de los sectores que ahora se consideran afectados. “Toda ley es perfectible y generalmente lo requiere porque no agota de manera suficientemente satisfactoria los intereses que el Congreso debe coordinar”, afirmó, al tiempo que señaló que en este caso no se evidenció una intervención activa de esos actores durante el trámite legislativo.

Eljach recordó que el Congreso es, en esencia, un escenario público y abierto, con audiencias y espacios de deliberación. No obstante, planteó que, dada la importancia y los efectos previsibles de la norma en el actual contexto electoral, también era necesario un mayor seguimiento por parte de los sectores interesados. “Si no los convocaron, tampoco se hicieron convocar”, sostuvo.

Regulación, autorregulación y ajustes futuros

El procurador también abrió el debate sobre la conveniencia de complementar la regulación legal con otros mecanismos, como la autorregulación, para evitar que la ley se convierta en un esquema excesivamente rígido frente a realidades cambiantes. “La realidad económica, tecnológica y científica cambia, mientras la legislación permanece”, advirtió.

Desde su perspectiva, si la norma resulta imperfecta o genera efectos no deseados, el camino institucional está claro: el Congreso puede corregirla. Por ello, propuso una discusión técnica, reposada y no electoralizada, una vez superado el contexto político actual, que permita evaluar qué aspectos de la ley son modificables, mejorables o incluso desechables.

Eljach incluso manifestó su disposición personal a participar activamente en ese proceso de concertación, con el objetivo de construir consensos en beneficio del país y evitar que el debate se prolongue de manera indefinida.

El Procurador lanzó una advertencia sobre los riesgos de que la discusión en torno a la Ley de Encuestas termine siendo utilizada para deslegitimar resultados electorales. “Lo más grave sería que esta situación se instrumentalice para justificar derrotas o para decir que se perdieron elecciones por culpa de la ley”, señaló.

Para Eljach, ese escenario no es admisible en una democracia y refuerza la necesidad de cumplir la ley vigente mientras se adelantan los debates institucionales que correspondan. “Eso no se puede permitir”, concluyó, al insistir en que la regulación de las encuestas debe contribuir a fortalecer la confianza ciudadana y no a erosionarla.  

Seguridad jurídica para las elecciones

El procurador concretó varias ideas que, según explicó, comparten los tres órganos de control. La principal es la necesidad de seguridad jurídica absoluta, sin “un solo resquicio”, que permita garantizar que lo que se produzca en las urnas sea legítimo y legal en cualquiera de las tres posibles fechas electorales. “Seguridad jurídica es anticiparnos al pleito”, señaló.

En ese sentido, explicó que la seguridad jurídica implica pedirle oportunamente a la autoridad competente —como el Consejo Nacional Electoral— que determine si una persona puede o no ser inscrita como candidata cuando existen circunstancias o antecedentes que no están claros y que podrían derivar en problemas posteriores. Anticiparse a esa definición, afirmó, evita conflictos y cuestionamientos futuros.

Eljach fue enfático en rechazar los señalamientos contra los órganos de control por haber elevado este tipo de solicitudes. Recordó que quienes firman estos pronunciamientos son servidores públicos de máximo nivel y que, por ello, no puede admitirse que se descalifique su actuación ni que se les atribuyan intereses torcidos, sin importar si se trata de un candidato o de quien se perciba como un “caballo ganador”.

“Rechazo —y creo que mis compañeros también lo hacen— las expresiones que sugieren que estamos tratando de entorpecer una candidatura específica”, afirmó, al advertir que ese tipo de interpretaciones buscan presentar las actuaciones institucionales como un anticipo de derrota electoral.

Finalmente, fue categórico al señalar que no se puede poner en duda la legitimidad de los pronunciamientos oficiales de los órganos de control. “No admitimos que se cuestionen decisiones institucionales de tres entidades que están defendiendo la Constitución”, concluyó.