Violencia política contra las mujeres: los retos pendientes para garantizar su participación en democracia

La participación de las mujeres en política continúa desarrollándose en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y las violencias digitales, escenarios que siguen limitando el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su permanencia en los espacios de poder.

En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral y CAMBIO organizaron el foro Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia, un espacio de conversación en el que expertas, funcionarias, lideresas y representantes de distintas instituciones debatieron sobre las formas de violencia política basadas en género y las acciones necesarias para combatirlas.

En el tercer panel, denominado Entre la denuncia y la acción: ¿cómo erradicar la violencia contra las mujeres en la política?, participaron Maritza Martínez Aristizábal, magistrada del CNE; Nadia Sánchez, fundadora y CEO de la Fundación She Is; Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia; y Cecilia López Montaño, economista y exministra de Agricultura.

Durante la conversación, las panelistas discutieron las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar este tipo de violencias, los vacíos institucionales existentes y las estrategias necesarias para garantizar mecanismos efectivos de protección, prevención y sanción.

Martínez Aristizábal aseguró que su experiencia como candidata, funcionaria y ahora integrante de la organización electoral le ha permitido identificar situaciones que antes no reconocía como violencia o abuso hacia las mujeres dentro de las organizaciones políticas.

Según explicó, aunque Colombia ha tenido avances normativos importantes y hoy cuenta con herramientas jurídicas para reconocer los retos, “los instrumentos jurídicos no han solucionado el problema” porque este “pasa por un tema cultural”. En ese sentido, advirtió que muchas veces las desigualdades siguen sin ser vistas como algo grave.

La magistrada también cuestionó “la instrumentalización de las mujeres para cumplir con las cuotas de género” y señaló que los partidos políticos no solo deben garantizar la participación femenina en las listas, sino también ofrecer financiación, preparación e instrucción. “Tan grande es lo que nos falta y tanto hemos avanzado que hace dos años cumplimos 70 años del derecho al voto de las mujeres. Llevamos 70 años y vamos en 24 por ciento de participación”, afirmó.

Por su parte, Sánchez señaló que “la violencia política viene de una cadena que parte de generar estereotipos” y aseguró que muchas veces son las mismas mujeres quienes reproducen esos imaginarios sobre otras mujeres. Para enfrentar esta situación, insistió en “la importancia de trabajar con las infancias” e iniciar escuelas de liderazgo desde edades tempranas, además de desaprender las dinámicas propias de las culturas machistas.

La fundadora de She Is también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres una vez logran llegar a espacios de poder. “Nos enseñaron a romper los techos de cristal pero no nos enseñaron a caminar sobre los vidrios rotos”, afirmó, al explicar que el desafío no es únicamente acceder a la política, sino mantenerse allí. En su intervención, insistió en que la prevención debe trabajarse desde la educación y señaló que una mayor participación femenina en política también permite impulsar decisiones relacionadas con temas como la prevención del embarazo adolescente o el acceso a productos menstruales.

Por su parte, Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia, afirmó que “la democracia sin mujeres no es completa” y advirtió que la ausencia de participación femenina afecta la calidad de la representación política. Asimismo, señaló que es necesario diferenciar entre igualdad y equidad.

Martínez también insistió en que la conversación sobre violencia política de género no puede limitarse únicamente a lo electoral. “Luego de ser elegidas las mujeres enfrentan otras violencias”, afirmó. Además, expuso las brechas económicas que existen durante las campañas políticas.

Según explicó, “hacer campaña para las mujeres en Colombia es mucho más costoso”, pues una mujer elegida al Senado en 2022 tuvo que invertir siete veces más recursos que una candidata no elegida, mientras que un hombre elegido invierte cuatro veces más que uno no elegido. A esto se suma la dificultad que enfrentan las mujeres, especialmente quienes participan por primera vez, para acceder a financiación privada. Asimismo, el hecho de que muchos partidos continúan otorgando a las mujeres “recursos inferiores a los de los hombres”.

Finalmente, la exministra Cecilia López Montaño calificó la violencia y exclusión política como “el problema más serio que tienen las mujeres en el mundo” y aseguró que todavía falta cerrar gran parte de la brecha de acceso al poder político.

López también sostuvo que el problema no podrá resolverse del todo mientras no se evidencie su impacto económico para las sociedades. Además, aseguró que las mujeres han subestimado sus propios logros, especialmente en materia de educación y autonomía.

Según explicó, las mujeres han protagonizado “dos revoluciones gigantescas” relacionadas con la educación y la seguridad, pero todavía enfrentan barreras en una tercera transformación: el acceso al poder político. Para ella, seguir viendo a las mujeres únicamente como cuidadoras limita sus posibilidades y las excluye de escenarios de decisión. “Si nosotras no cambiamos el discurso, no somos conscientes del valor que tenemos”, concluyó.

De la ley a la garantía: mecanismos para combatir la violencia contra mujeres en política

En el último panel del foro, De la ley a la garantía: mecanismos prácticos para combatir la violencia contra mujeres en política, participaron Fabiola Márquez Grisales, magistrada del CNE; Luceidy Rodriguez Contreras, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Políticas y Sociales; Paula Gómez Cuerda, coordinadora del área ODS de ONU Mujeres; y Yolima Carrillo Pérez, procuradora delegada para asuntos electorales.

Durante la conversación, las panelistas analizaron los desafíos que enfrenta el país para traducir los avances legislativos en garantías reales para las mujeres en política, especialmente frente a la violencia digital, la falta de implementación efectiva de las normas y las barreras que persisten dentro de los partidos políticos.

Márquez Grisales explicó que la nueva ley implica múltiples responsabilidades institucionales y señaló que una de las principales tareas del CNE es “diseñar los protocolos y las rutas de atención, llevar los registros de caso y reportarlos a las autoridades competentes, y prohibir propaganda o mensajes que inciten violencia de género en política”. En ese sentido, aseguró que “el CNE, antes de terminar el 2025, profirió el protocolo y la ruta de atención”.

No obstante, la magistrada advirtió que persisten los desafíos en la aplicación práctica de estas herramientas. “Vemos que existen vacíos en la ejecución efectiva, en el seguimiento y en las sanciones”, afirmó. “La violencia política contra la mujer no solo afecta a unas mujeres; afecta a todas, afecta la calidad de nuestra democracia”, añadió.

La magistrada también alertó sobre el crecimiento de la violencia digital contra las mujeres en política, incluida la exposición no autorizada de imágenes y otros mecanismos de agresión. Además, insistió en la responsabilidad de los partidos políticos, al afirmar que “el primer canal para que nosotras las mujeres podamos participar en política son los partidos políticos” y que no basta con avalar candidaturas femeninas, sino que deben ofrecer garantías reales de participación. También cuestionó “la instrumentalización” de las mujeres en política y recordó que estas prácticas pueden derivar en sanciones y multas.

Por su parte, Rodríguez Contreras recordó que desde la Constitución de 1991 Colombia incorporó formalmente el derecho a la igualdad, aunque aseguró que ese reconocimiento fue apenas “la punta del iceberg”. En su intervención, se sumó en la condena a la instrumentalización de las mujeres dentro de los partidos políticos y señaló que muchas veces las propias mujeres terminan aceptando estas dinámicas por la falta de formación y herramientas para ejercer liderazgo en condiciones de igualdad.

Por su parte, Paula Gómez Cuerda reiteró que la violencia contra las mujeres en política sigue siendo una barrera estructural que limita su participación democrática. “Es un obstáculo, una barrera que cercena el derecho de las mujeres”, afirmó. Aunque aclaró que no todas las situaciones constituyen violencia política basada en género, destacó la importancia de que Colombia haya impulsado una legislación específica sobre este tema.

Durante su intervención, también presentó algunos hallazgos del estudio 3.000 voces por la democracia, realizado con mujeres que participaron en las elecciones territoriales y en el que Colombia hizo parte de la caracterización regional sobre violencia política de género. Según explicó, “ocho de cada 10 mujeres que participaron en el estudio dijeron que habían sufrido algún tipo de violencia contra mujeres en política”. Además, advirtió sobre las consecuencias de dichas agresiones: “Dos de cada cinco mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia no volverían a participar”.

Finalmente, Carrillo cuestionó el rol que han tenido los partidos y organizaciones políticas frente a la participación de las mujeres y aseguró que, en muchos casos, su comportamiento ha sido “completamente egoísta” frente a las garantías necesarias para promover una participación política equitativa.