Cárcel para las Guerrero y extinción de sus bienes: lo que pide Pedraza en su segunda denuncia
La senadora Jennifer Pedraza radicó ante la Fiscalía General de la Nación su segunda denuncia penal contra Juliana y Verónica Guerrero. A diferencia de la primera, esta vez por el presunto esquema de cobro de coimas a cambio de contratos estatales. El documento pide investigar también a los empresarios y funcionarios que habrían participado, y evaluar la extinción de dominio sobre los bienes de las hermanas.
Por: Carol Tatiana Gómez
Esta semana estalló un nuevo escándalo en contra de Juliana Guerrero que la puso de nuevo en el ojo público junto a su hermana Verónica Guerrero, un grupo de empresarios y funcionarios del Gobierno Nacional. Todos quedaron mencionados en la denuncia que la senadora Jennifer Pedraza radicó ante la Fiscalía.
El esquema de coimas
El 25 de julio, Semana publicó una investigación con chats, audios y comprobantes bancarios que muestran cómo habría operado el cobro. Según la publicación, Juliana y Verónica Guerrero, sin tener funciones públicas que se lo permitieran, presuntamente ofrecieron a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander gestionar la adjudicación de contratos en entidades del Gobierno Nacional, sobre todo en los ministerios del Interior y de Vivienda.
Según ese reportaje, existían diferentes tipos de cobros. Por ejemplo, un millón de pesos por las reuniones iniciales o un anticipo de 200 millones de pesos para iniciar las gestiones y hasta un 10 por ciento del valor de cada contrato que se adjudicara. Uno de los señalados fue David Trespalacios, que es cercano a la familia Guerrero y quien recaudaba el dinero en efectivo o lo consignaba a las cuentas de las hermanas.
Supuestamente, había gestiones puntuales a cambio de ese dinero, como destrabar un acueducto en Aguachica, Cesar, agilizar programas de vivienda y conseguir reuniones con viceministros y directivos de entidades públicas.
¿Qué pide la denuncia de Pedraza?
A partir de esa investigación, Jennifer Pedraza radicó su segunda denuncia penal contra las Guerrero, esta vez por presunto tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. La denuncia pide vincular también a David Trespalacios y a otra persona identificada en las conversaciones como Wilmer Trespalacios, señalados como posibles partícipes en el recaudo y distribución del dinero.
Pedraza también pidió identificar a los empresarios que presuntamente entregaron los pagos y también a los servidores públicos que los recibieron y que se les investigue por "los delitos de cohecho propio o impropio, tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos", dice la denuncia a la Fiscalía.
También pidió evaluar medidas cautelares y trámite de extinción de dominio sobre los bienes de las Guerrero, además de enviar el expediente a la Procuraduría y la Contraloría para que puedan revisar la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los funcionarios involucrados. Además, le pidió a la UIAF analizar los movimientos financieros relacionados con el escándalo.
Los de adentro
En la investigación de Semana se afirma que parte del dinero entregado por los empresarios tendría como destino a las personas ubicadas al interior del Gobierno Nacional, que en el chat aparecen como "los de adentro". La denuncia de Jennifer Pedraza pide que se investiguen esas gestiones y si influyeron en entidades como Colombia Compra Eficiente, el extinto Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras, Fiduagraria, el Fonsecon y el Dapre.
El historial de Juliana Guerrero
Hace año y medio, Juliana Guerrero era apenas una cara nueva en la mesa del Gobierno. Gustavo Petro la sentó en su primer consejo de ministros televisado, en febrero de 2025, y de ahí su rostro saltó a los medios. La joven que el presidente describió como una "rebelde", ese mismo año quedó envuelta en dos episodios que terminarían por generar críticas incluso desde las propias filas de su Gobierno.
Todo pasó en el mismo mes, cuando una aeronave de la policía llevó a Guerrero junto a su hermana Verónica (que no ocupaba ningún cargo público), hasta el Cesar en Junio del 2025, cuando Juliana todavía era coordinadora de gabinete del Ministerio de Interior. con el fin de que el gobierno definiera a su favor la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar. Debido a esto, Juliana salió del Ministerio del Interior. Después de eso, estalló el escándalo por sus dos diplomas falsos que usó para llegar al Viceministerio de Juventudes. Ese caso ya tiene juicio fijado para el 5 de agosto, un día antes de que Petro le entregue la Presidencia a Abelardo de la Espriella.
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