De la Espriella pone la lupa sobre contratos de la UNP y pide intervención de la Procuraduría
El presidente electo Abelardo De La Espriella le pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar al procurador general que ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre ellos uno por más de $78.000 millones para la prestación del servicio de escoltas.
Por: Carol Tatiana Gómez
Abelardo de La Espriella pidió vigilar e intervenir de manera urgente varios procesos que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP). Para esa tarea, le encargó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, para que la Procuraduría revise los contratos.
Una de las principales preocupaciones del equipo de empalme es sobre el contrato que definirá quién escoltará al nuevo presidente y a todo su gabinete. Se trata de un proceso por más de 78.000 millones que la UNP ya adelanta para contratar ese servicio y, según el comunicado, quedaría adjudicado antes de la posesión oficial de De La Espriella.
Para el equipo de empalme, esta “situación impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y sus ministros”.
De la Espriella pide suspender la adjudicación del contrato de escoltas
Por esa razón, el Gobierno electo le pidió a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre ese proceso, solicitar el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o pedir su suspensión hasta que la nueva administración pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación.
La solicitud también incluye el proceso con el que la UNP planea llenar más de 5.100 cargos de oficiales de protección, los que se encargan de la seguridad de las personas bajo esquemas de protección del Estado. Según el comunicado, del total, solo cerca de 900 puestos pasarán por un concurso de méritos, donde los aspirantes compiten y son evaluados. Los demás se llenarían de forma provisional, es decir, mediante nombramiento directo y sin ese filtro, según el comunicado.
Las otras peticiones
Otro de los contratos que el equipo de empalme quiere que la Procuraduría vigile es el de compra de botes para la UNP: 188 embarcaciones y 264 motores fuera de borda que llegarían a 29 municipios de nueve departamentos. Se pide revisar cómo se planeó, en cuánto tiempo se va a ejecutar, qué especificaciones técnicas tienen los botes, si cumplen las normas de seguridad y si distintas empresas podrán competir por el contrato.
A esto se le adicionan seis procesos de contratación distintos que la UNP abrió en julio de 2026 para comprar bienes destinados a proteger a resguardos indígenas que cuentan con medidas colectivas de seguridad. “Frente a estos procesos, el Gobierno electo considera necesario verificar si las necesidades que dieron origen a cada contratación se encuentran debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento contractual que permitiera una mayor eficiencia de recursos públicos”, explica el comunicado.
Por último, la solicitud también pide revisar los estudios previos, el análisis del sector y las condiciones para participar, con el fin de garantizar transparencia y que varias empresas puedan competir.
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