Juan Manuel Santos llama al gobierno de Abelardo a que "retome el camino de la implementación"

En un contexto agitado por los anuncios del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que cuestionan la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, al tildarla como un tribunal con disfraz que “pretende lavar los crímenes” del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, el expresidente de la República Juan Manuel Santos defendió este martes lo logrado con el acuerdo de paz que él impulsó.

"El acuerdo no es perfecto, ningún proceso lo es. Pero es la oportunidad más clara para  y más estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto después de la Constitución de 1991. Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso al gobierno entrante para que retome el camino de la implementación. No como un legado de gobierno, sino como una política de estado que beneficia a todos los colombianos", advirtió Santos, en referencia a los recientes anuncios del presidente electo.

"El acuerdo está vivo y está más vigente que nunca. Este país cambió y ya sabemos lo que significa la paz. No podemos permitir que el esfuerzo se desvanezca. Pero para que los beneficios se materialicen, hay que implementarlo con rigor, sin cálculos políticos de corto plazo", añadió Santos.

En una alocución el lunes festivo, Abelardo De La Espriella prometió que eliminará la Oficina del Consejero Presidencial de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las funciones de estas dependencias pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

Santos, además, aseguró que es "irresponsable" repetir que el acuerdo de paz sea el culpable de la situación de inseguridad que hoy vive Colombia. Lo hizo en una intervención en video que remitió a la Contraloría General de la República, que por estos días celebra un congreso sobre los diez años que cumplirá el acuerdo.

 "Eso es absolutamente falso. El Acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, al reclutamiento de menores y a las economías ilícitas".

"Hay que reconocer los importantes avances de la Justicia Especial para la Paz, que emitió ya sus primeras sanciones, que para muchos puede parecer insuficientes, pero que demuestran que el sistema está funcionando, que está avanzando, que está produciendo decisiones basadas en la verdad y en la responsabilidad. Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo", añadió el expresidente, en referencia a los máximos responsables reconociendo crímenes atroces que por décadas habían quedado impunes.

“El gobierno tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo”

 La defensora del pueblo, Iris Marín, le hizo un llamado al nuevo gobierno para que continúe con la implementación del acuerdo de paz de 2016.

No obstante, Marín reconoció que el gobierno de De la Espriella tiene las facultades para reorganizar las instituciones que se encargan del acuerdo de paz, tal y como lo anunció el presidente electo.

“Recomendamos al nuevo gobierno atender su obligación constitucional de cumplir con el acuerdo de paz. Frente a los anuncios de reorganización de las instancias y agencias de gobierno encargadas, reconocemos la facultad que tiene el gobierno de reorganizar el equipo de acuerdo con su criterio, pero ojo, no hay tiempo que perder. Los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto, a no retroceder en dudas de si por aquí o por allá”, indicó Marín.

“La implementación debe continuar sin traumatismos. Y un buen gobierno debe disponer de todo lo necesario para impulsar lo avanzado y corregir lo necesario”, añadió Marín.

La defensora del pueblo indicó que, por mandato legal, tres gobiernos están obligados constitucionalmente a implementar el acuerdo de paz de 2016, resaltando que el de De la Espriella será el último de ellos.

“El próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, inicia el tercer periodo de gobierno que, en cabeza del nuevo presidente, tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz y seguir avanzando hacia nuestra constitución de la paz”, puntualizó.

Marín también recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017, avalado por la Corte Constitucional, sostuvo que el acuerdo de paz se constituyó en una política de Estado, que resulta “vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas”.

Los riesgos de la desfinanciación

A pocos meses de cumplirse diez años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, la Contraloría General de la República advierte que la implementación del acuerdo que propició el desarme de más de 13 mil hombres enfrenta “riesgos de desfinanciación estructurales”.

El ente de control advierte que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 subestimó los recursos necesarios para la implementación del acuerdo, pues proyectaron desde esa época que su implementación costaría 211.8 billones de pesos; pero otras instituciones como la Misión para la Transformación del Campo estimaron que, sólo la implementación integral de la reforma rural demandaría cerca de 331 billones de pesos.

El contralor general encargado Carlos Silgado informó que, entre 2017 y 2025, se ejecutaron 127.8 billones de pesos para la implementación del acuerdo. Con los recursos de la presente vigencia fiscal, 2026, dicho costo aumentaría a 138.1 billones, equivalentes al 65% de lo que se proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 para los 15 años de ejecución del acuerdo.

“Para la Contraloría General, la implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural, que es a la vez un problema de origen y de gestión. A la subestimación que se originó desde la firma, se suma la alta y creciente dependencia del Presupuesto General de la Nación (PGN), la limitada participación de las fuentes territoriales, la concentración de recursos en determinados puntos del Acuerdo y territorios, y las debilidades de trazabilidad que afectan, tanto al Trazador de Paz del PGN (contemplado a partir del Acuerdo), como los recursos de otras fuentes”, señaló la Contraloría en un comunicado.

El pronunciamiento de la ONU

Claudia Mojica, jefa adjunta para la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, advirtió que la implementación del acuerdo requiere del compromiso de las autoridades públicas. 

“Honrar lo acordado, mediante su implementación, continúa siendo una prioridad fundamental”, expresó Mojica, quien añadió que más de 11.000 hombres que se desarmaron mantienen hoy los compromisos que asumieron con el Estado.

"La experiencia de esta década nos demuestra que la implementación del acuerdo se ha traducido en avances tangibles, en una agenda de desarrollo, de fortalecimiento institucional y de ampliación de oportunidades para la población colombiana", añadió.

Mojica advirtió que la Misión de Verificación de la ONU está dispuesta a seguir acompañando a Colombia en el camino de la implementación del acuerdo de paz, ahora que asumirá un nuevo gobierno con otra visión de país. 

ana.cuesta@cambiocolombia.com