Las mesas entre el gobierno electo y la Contraloría arrancan con un diagnóstico demoledor del sistema de salud
Este miércoles, tras la suspensión del empalme entre los gobiernos saliente y entrante, en la Contraloría iniciarán unas mesas técnicas en las que participará el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. CAMBIO accedió al diagnóstico del sector salud que advierte del fracaso de las intervenciones a las EPS dictadas por el gobierno de Petro.
Por: Ana María Cuesta
Este martes la institucionalidad colombiana vivió una crisis inédita. Los gobiernos entrante y saliente, inmersos en una rencilla relacionada con el desconocimiento del presidente Gustavo Petro a la autoridad de Abelardo De La Espriella, quien será su sucesor, y con los señalamientos de corrupción que el presidente electo ha hecho contra Petro, el ejecutivo saliente y entrante dejaron claro que no están dispuestos a sentarse en la misma mesa para realizar un empalme.
El empalme, en una transición de gobierno tras la celebración de unas elecciones presidenciales, no resulta un accesorio al que se pueda renunciar por diferencias políticas, como los equipos de Petro y De La Espriella han hecho ver en las últimas horas. Se trata de una disposición legal, que aparece en la Ley 951 de 2005, en la que se reglamenta la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos, obligatoria para todas las ramas del poder en contextos de cambios de mandato.
Tras el anuncio de la suspensión del empalme, por ahora la Contraloría General de la República liderará mesas técnicas con el gobierno entrante, el de los Defensores de la Patria, que contarán con la presencia del vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Este proceso no sustituye el empalme, pero en él, el ente de control fiscal le entregará al nuevo gobierno una serie de informes, basados en evidencia técnica, sobre el estado actual de los asuntos que demandan una atención prioritaria.
CAMBIO accedió al diagnóstico sobre el sector salud en el que se arrojan conclusiones nada alentadoras: “las medidas de intervención implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han logrado estabilizar financiera, jurídica ni operativamente a las EPS intervenidas”.
Los cuestionamientos a la Supersalud
Con corte a mayo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud, entidad a cargo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, mantenía su intervención sobre siete entidades promotoras de salud. Ellas son Emssanar, Asmet Salud, Famisanar, Nueva EPS, S.O.S., Capresoca y Coosalud.
La Contraloría Delegada para el Sector Salud, responsable del informe que se entregará al equipo de los Defensores de la Patria, aseguró que dichas intervenciones sobrecargan la red pública y ocasionan incertidumbre en los afiliados.
“La persistencia de indicadores críticos, el deterioro de la situación financiera, el aumento de las PQR y la insuficiente efectividad de las acciones de inspección, vigilancia y control configuran un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y de afectación a la sostenibilidad del sistema de salud”, señala el reporte.
Precisamente, el 8 de mayo de 2026 emitieron una advertencia al superintendente Daniel Quintero por “el riesgo de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) derivado de la persistencia de resultados críticos en los indicadores Fénix (financieros, jurídicos y técnico-científicos) de las EPS intervenidas, situación corroborada por el aumento de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los usuarios”.
El año pasado, las EPS en intervención registraron 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos, un aumento del 27.41 por ciento con respecto de 2024, principalmente relacionadas con la negación de tecnologías en salud, dificultades en la asignación de citas e inoportunidad en la atención. Eso sí, los reclamos asociados a los medicamentos aumentaron el ciento por ciento en el señalado periodo.
- Supersalud da plazo final a Nueva EPS para entregar los estados financieros de los últimos tres años
El seguimiento permanente del organismo de control fiscal “evidenció que las medidas de intervención administrativa adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han generado mejoras sustanciales en las EPS intervenidas. Por el contrario, persisten problemas de solvencia financiera, incumplimiento de indicadores jurídicos y técnico científicos, aumento de PQR y deterioro en la prestación de servicios de salud”.
El fracaso de las intervenciones
El informe que entregarán al vicepresidente electo José Manuel Restrepo señala que persisten los altos niveles de endeudamiento y patrimonios negativos en las EPS intervenidas, que aglutinan a 14 millones de usuarios.
Señala que crecieron significativamente las deudas y el deterioro de la solvencia financiera. Que no hay estados financieros certificados en la Nueva EPS, la EPS con el mayor número de afiliados en el país, para las vigencias 2024 y 2025. Que hay un “riesgo creciente de insolvencia y eventual imposibilidad de pago a la red prestadora”.
Además, que el 69,75 por ciento de los indicadores técnico-científicos en las EPS intervenidas permanecen en estado crítico. Que continúan las fallas en la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios y que “todas las EPS evaluadas presentan resultados críticos en indicadores relacionados con suministro de medicamentos”.
Ninguna de las siete EPS en intervención tampoco ha logrado superar el umbral esperado en el cumplimiento de los fallos de tutela. Todas, por el contrario, siguen incumpliendo órdenes judiciales y de desacato, por lo que se presentan riesgos de sanciones y afectaciones del derecho fundamental a la salud.
De los múltiples riesgos que detecta la entidad dirigida por Carlos Hernán Rodríguez, resaltan la posible “liquidación de EPS sin respaldo suficiente para responder por sus obligaciones”, el “incremento de cartera incobrable para hospitales e IPS” y la “vulneración del derecho fundamental a la salud de millones de afiliados”.
“La materialización de estos riesgos podría generar una crisis financiera en hospitales y clínicas, afectar la continuidad de los servicios de salud, incrementar la cartera impagable del sector y comprometer la atención de más de 14 millones de usuarios afiliados a EPS bajo intervención”, puntualiza la Contraloría.
La Contraloría Delegada para el Sector Salud advirtió, además, que hay “limitaciones técnicas y administrativas” en la Supersalud, que tiene “más de 2.400 investigaciones no resueltas”, con corte a mayo de 2026.
El déficit estructural y las cifras
La Contraloría, además, informó que, aunque el aseguramiento en salud presenta una amplia cobertura, con 52.26 millones de afiliados, es decir, el 98,44 por ciento de la población nacional, el mismo permanece sometido a “presiones fiscales, administrativas y operativas derivadas de la complejidad del modelo de aseguramiento, la situación financiera de las EPS y las brechas territoriales en acceso y calidad”.
Entre los usuarios se cuentan 1.5 millones de migrantes venezolanos que ya están asegurados y para los que el Estado ha destinado billones de pesos para su atención.
El diagnóstico señala que hay unas “tensiones estructurales” en el sistema de por cuenta de la falta de articulación entre sus actores y por las dificultades en la implementación y actualización del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). También indica que existe un “déficit estructural” que compromete su sostenibilidad a largo plazo.
Y qué decir de la red pública hospitalaria en la que hoy encuentran una sobrecarga asociada a la liquidación o a la salida del mercado de 17 entidades, desde el año 2015, por intervenciones forzosas. Ellas son Saludcoop, Manexka, Comfacor, Cafesalud, Cruz Blanca, Emdisalud, Saludvida, Comfacundi, Comfamiliar Cartagena, Ambuq, Comparta, Coomeva, Medimás, Comfamiliar Huila, Convida, Comfaguajira y Ecoopsos.
El informe también destaca que hay “demoras en la atención, inequidad territorial, uso indebido y baja transparencia en la gestión de los recursos”, resaltando que el Ministerio de Salud ha alertado sobre tramitadores fraudulentos que intentan gestionar recursos, “lo que evidencia riesgos de corrupción y malversación”.
En cuanto a las cifras del sistema, el organismo señala que las deudas entre EPS, IPS y proveedores ascienden a más de $32,98 billones pesos, con corte a diciembre de 2024. Con corte a mayo de 2026, reportan deudas por $2,85 billones de pesos de 29 EPS con diversos operadores farmacéuticos, que “afectan la cadena de suministro de medicamentos y pone en riesgo la entrega oportuna de tratamientos esenciales”.
La crisis en el sistema también se traduce en la disminución en la disponibilidad de médicos calificados y una alta rotación laboral, rotación de un 13 por ciento en médicos y de 15 por ciento en enfermeras. “A esto se suman salarios poco competitivos, migración profesional y altos niveles de estrés”, señalan.
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Una de las grandes conclusiones del reporte que recibirá el equipo de los Defensores de la Patria señala que hay “un riesgo inminente de afectación al patrimonio público” por la acumulación de deudas entre los prestadores, por la persistencia de incumplimientos en el flujo de los recursos y por el “desfinanciamiento” de las IPS públicas y privadas.
Todo ello evidencia, dice la institución de la que en pocos meses tendrá un nuevo contralor general, que “las acciones de inspección, vigilancia, control y sanción implementadas por la Supersalud no han sido efectivas para corregir la problemática”.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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