Defensoría del pueblo alerta por riesgos de violencia, reclutamiento y control territorial en Popayán
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el escenario de riesgo que enfrentan los habitantes de Popayán, Cauca, ante la presencia y expansión de grupos armados ilegales y estructuras criminales. La entidad advirtió sobre homicidios, extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y uso de drones con explosivos.
Por: Nataly Ríos
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 018 de 2026, en la que advierte sobre un escenario de riesgo para la vida, integridad, libertad y seguridad de los habitantes de las nueve comunas y 23 corregimientos de Popayán, Cauca. La entidad señala que la presencia y actuación de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado han generado dinámicas de control territorial, violencia y afectaciones diferenciadas para distintas comunidades.
La alerta identifica dos dinámicas principales. En la zona rural, el riesgo está relacionado con la disputa por corredores estratégicos de movilidad y logística que conectan a Popayán con Valle del Cauca, Nariño y Huila. Allí tienen presencia e intereses estructuras del Estado Mayor Central, entre ellas el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja), además del ELN.
En el área urbana, la Defensoría advierte una coexistencia entre diferentes grupos armados y organizaciones criminales que utilizan Popayán como refugio, plataforma de financiación y escenario para proyectar sus actividades. Entre las estructuras mencionadas están ‘Los Comapán’, bandas locales y emisarios de organizaciones transnacionales como los Choneros, Lobos y Tiguerones, vinculados a delitos como hurto, microtráfico, extorsión y secuestro.
Homicidios, amenzas, extorsiones y uso de drones
Según la Defensoría, este escenario ya se ha traducido en homicidios selectivos, masacres, extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y violencia basada en género: "Las manifestaciones de violencia incluyen homicidios selectivos y masacres, uso de artefactos explosivos (incluyendo drones), extorsión bajo modalidad depredadora, secuestro (especialmente "exprés" y mediante engaños, digitales), reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, además de violencia basada en género", señaló la entidad.
Entre los hechos registrados por la entidad está la masacre ocurrida en abril de 2026 en el corregimiento de La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas, así como la incineración de tres personas dentro de un vehículo en marzo. Estos hechos, de acuerdo con la Defensoría, hacen parte de acciones utilizadas por las estructuras armadas para demostrar su capacidad de control y generar temor entre la población.
La alerta también advierte sobre formas de “gobernanza armada”, expresadas en la circulación de panfletos amenazantes, acciones de proselitismo armado, extorsiones y secuestros. Estas dinámicas han afectado incluso a lideresas y líderes sociales, quienes han tenido que limitar sus actividades al casco urbano por razones de seguridad.
Otro de los riesgos identificados es el uso de drones con explosivos, una modalidad que representa una amenaza para la población civil debido a que puede afectar zonas urbanas y lugares donde hay concentración de personas. El documento señala además que las estructuras ilegales han recurrido a nuevas tecnologías de guerra.
Niños, mujeres, indígenas y líderes sociales, entre los más afectados
La Defensoría advierte que la violencia no afecta de la misma manera a toda la población. Entre los grupos en especial condición de riesgo están los pueblos indígenas Yanakona, Misak, Nasa y Kokonuko, así como comunidades afrocolombianas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, población migrante y personas LGBTIQ+.
Uno de los principales motivos de preocupación es el reclutamiento y utilización de menores, una práctica que, según la alerta, estaría siendo facilitada por los entornos digitales como Tik Tok y WhastApp. La Defensoría también identifica riesgos de violencia de género, trata de personas y explotación sexual contra mujeres.
En el caso de las comunidades indígenas, la alerta señala afectaciones relacionadas con sus prácticas tradicionales y restricciones a la movilidad en sus territorios, mientras que los liderazgos sociales enfrentan amenazas y presiones derivadas de las dinámicas de control territorial.
¿Qué puede pasar si no se toman medidas?
La Defensoría planteó que, si no se implementan acciones preventivas, podría aumentar el control de los corredores rurales por parte del ELN y el Bocja, así como el proselitismo armado. En Popayán también podría consolidarse la coexistencia entre estructuras criminales, acompañada de un mayor uso de drones y del reclutamiento de menores.
Además, la entidad advierte que las organizaciones criminales podrían avanzar hacia estructuras más sofisticadas y aumentar su articulación con grupos armados. También existe el riesgo de que Popayán sea utilizada con mayor intensidad para el lavado de activos relacionado con economías ilegales, lo que podría derivar en nuevas disputas por las rentas criminales y, con ello, un aumento de homicidios y extorsiones.
27 recomendaciones para las autoridades
Ante este panorama, la Defensoría formuló 27 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales para prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población civil. Las medidas incluyen acciones de coordinación de la respuesta estatal, fortalecimiento de la seguridad, investigación y acceso a la justicia, prevención y protección, asistencia humanitaria, reducción de vulnerabilidades sociales y fortalecimiento comunitario.
Entre las entidades llamadas a actuar están los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ICBF, Migración Colombia, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, entre otras.
La Defensoría enfatizó que las Alertas Tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Su objetivo es advertir sobre los factores de riesgo para que las autoridades adopten medidas que permitan proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.
En el caso de Popayán, la entidad considera que la respuesta debe abordarse desde una perspectiva de seguridad humana, reduciendo las vulnerabilidades de las comunidades y fortaleciendo las capacidades institucionales y sociales para prevenir violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
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