El Centro Político se pronuncia

Un grupo de 58 ciudadanos, académicos y exfuncionarios presenta un manifiesto en defensa de los principios de la Constitución de 1991 y del modelo político y social que esta consagra. Entre los firmantes están  Alejandro Gaviria, Eduardo Pizarro, Juan Camilo Restrepo, Carolina Barco, Julio Londoño Paredes, Cecilia López Montaño, Mauricio Rodríguez Munera y Moises Wasserman, entre otros.  

El grupo se define como “Centro Político” y fija su posición frente al nuevo gobierno en asuntos como la gestión de la tragedia, la defensa de las instituciones, las relaciones entre gobierno y oposición, la política exterior y la llamada “batalla cultural”. 

Este es el texto completo del mencionado manifiesto:

Los ciudadanos que adherimos a este documento, nos identificamos en la defensa del modelo político y social previsto en la Constitución de 1991. Sabemos que la categoría “Centro Político” es imprecisa; por ahora no queremos precisar su alcance. Este es nuestro tercer pronunciamiento.

1. Solidaridad y eficacia en la gestión de la tragedia

A pesar de que el terrible terremoto que estamos padeciendo sucedió cuando apenas comenzaba el nuevo gobierno, el presidente y varios de sus ministros actuaron con celeridad para dar consuelo a las familias afectadas, supervisar el rescate de sobrevivientes, proveer ayuda de emergencia y establecer mecanismos de coordinación adecuados para atender la catástrofe. Sin duda alguna, el gobierno nacional está realizando un trabajo complejo con buen juicio y eficiencia.

Igualmente destacamos que la gestión de las autoridades territoriales ha sido adecuada, admirable la solidaridad de la sociedad civil y la ayuda de muchos empresarios. Más allá de las controversias políticas, que son inevitables, el tejido social de nuestro país es vigoroso y resistente.

2. Preservación del pacto social

La preservación de la paz es el objetivo primordial de las constituciones políticas democráticas. Ellas proveen valores compartidos, instituciones de gobierno, mecanismos de protección de los derechos y reglas para construir consensos y tramitar desacuerdos. La nuestra de 1991 cumple a plenitud esos objetivos. Durante el pasado gobierno las amenazas contra su estabilidad fueron recurrentes. Algunos anuncios del presidente De La Espriella generan preocupaciones que, ojalá, pronto se disipen. La Constitución es nuestro patrimonio común. Preservarla es un deber indeclinable.

3. Relaciones respetuosas entre gobierno y oposición

Todos los requisitos para que el nuevo gobierno pudiera posesionarse fueron cumplidos. El Pacto Histórico ha comenzado a actuar en el Congreso bajo las reglas vigentes. Lo que hasta ahora hemos observado es fuente de esperanza. Para que la democracia funcione es indispensable que se respete un consenso fundamental: el pleno acatamiento a las reglas de juego.

Conviene recordar que el Estatuto de Oposición contiene un conjunto de herramientas que fueron utilizadas ampliamente por los adversarios de la Administración Petro. Sería lamentable que El Pacto Histórico, hoy con el mayor número de curules en ambas cámaras, y respaldado por una porción elevada del electorado, pusiera en riesgo su valioso patrimonio político. La propuesta de desobediencia civil debería superarse. No contribuye a la estabilidad de las instituciones, tampoco al ejercicio de la oposición.

A su vez, es necesario que el gobierno actúe con respeto y prudencia frente a sus antagonistas. Esta actitud es compatible con la denuncia de los gravísimos actos de corrupción cometidos hasta días antes de la transmisión del mando. El gobierno puede y debe denunciar los delitos, pero los procesos penales y disciplinarios corresponden a los jueces, la Fiscalía y la Procuraduría. La impunidad, que es producto de la lentitud de las instituciones responsables y de juegos dilatorios de los acusados, sería intolerable.

4. Una política internacional soberana y abierta al mundo

La política exterior de Colombia debe basarse en el interés nacional, no en consideraciones ideológicas. Recuperar una postura pluralista, anclada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, son objetivos que debemos adoptar, especialmente en las circunstancias actuales de aguda confrontación entre las grandes potencias. Colombia debe participar en una gran alianza para proteger y recuperar el sistema de Naciones Unidas. La unión es la fuerza de los débiles.

Así enmarcada, la relación con los Estados Unidos debe recobrar la importancia que ha sido habitual. Compartimos muchos valores e intereses. Sin embargo, tenemos varias preocupaciones:

• Según el secretario de Guerra de los Estados Unidos, el ingreso de Colombia al “Escudo de las Américas” faculta a su país para realizar operaciones militares conjuntas en nuestro territorio. Por tratarse de un asunto que puede incidir en el ejercicio de nuestra soberanía, solicitamos al gobierno publicar el texto del acuerdo firmado.
• El narcotráfico ha sido redefinido como “narcoterrorismo”, lo cual quiere decir que los participantes en ese negocio ilegal pueden ser dados de baja. Para ellos no rigen el derecho a la vida ni los demás derechos humanos: son considerados “combatientes” en una guerra. Esa categoría no excluye a los campesinos cultivadores de coca. En nuestro caso, un millón de personas, aproximadamente.
• Los vínculos económicos de China con países de la región son definidos en Washington como inconvenientes y, según su visión, deberían reducirse o cancelarse. ¿Comparte nuestro gobierno ese punto de vista?

5. “Guerra cultural”

En su discurso de posesión el presidente anunció una “batalla cultural” para recuperar “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto a la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.

Esas son creencias respetables. Sin embargo, ellas no pueden ser materia de una “batalla cultural”, y menos todavía promovida por el gobierno, por una razón poderosa: la Constitución define a Colombia como una sociedad plural que alberga y acoge todas las manifestaciones culturales. Es correcto que el Estado promueva la creencia en Dios, cuya protección invoca el Preámbulo de la Constitución, pero no puede desarrollar una pedagogía religiosa por ser la nuestra una sociedad laica.

Está a su alcance -y es encomiable que lo haga -promover el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto de la ley, el amor por la patria y la responsabilidad individual. Lo que le está vedado es expulsar a Marx ( o a cualquier otro pensador) de las aulas, por ser contrario a las libertades de enseñanza y expresión que la Constitución consagra.

Seguiremos observando, con independencia crítica y ánimo constructivo, las acciones del presidente De La Espriella, a quien deseamos éxitos en el desarrollo de sus tareas.

Invitamos a otras personas e instituciones a expresar su respaldo a este manifiesto, que suscriben los siguientes ciudadanos:

Hugo Acero 

Alejandro Gaviria 

Eduardo Pizarro 

Leon Gómez 

Martha Ardila 

Arnold Gómez M 

Santiago Pombo 

Rafael Aubad 

Daniel Gómez Gaviria 

Juan Camilo Restrepo 

Hernán Avendaño 

Jorge Iván González 

Alejandro Reyes Posada 

Raúl Barake 

Alfredo Lewin 

Camilo Reyes 

Carolina Barco 

Julio Londoño Paredes 

Manuel Rodríguez Becerra 

Germán Botero Arango 

Cecilia López Montaño 

Mauricio Rodríguez Munera 

Jesús Botero 

Eduardo Lora 

Marcela Romero de Silva 

Jorge H. Botero 

Pedro Medellín Torres 

Paula Ruiz 

Claudia Candela 

Juan Luis Mejía Arango 

Luis Jaime Salgar V 

Andrés Caro 

Soraya Montoya 

Arturo Sarabia Better 

Clara Inés Chávez 

Alfredo Motta 

Guillermo Trujillo 

Gustavo Duncan 

Eduardo Muñoz 

Enrique Uribe Botero 

Sonia Durán de Infante 

José Antonio Ocampo 

Felipe Valencia 

Juan Jose Echavarría 

Juan Daniel Oviedo 

Ana Cristina Vélez 

Juan Carlos Esguerra P 

Jaime Paredes 

Cecilia María Vélez 

Pilar Gaitán 

Gonzalo Pérez 

Moises Wasserman 

María Teresa Garcés 

Hernán Pérez de Brigard 

Andelfo García 

Jesús Pérez González R 

Mauricio García Villegas 

Carlos Pineda Durán