Extinción de dominio a un local de Koaj y otros de Lili Pink en Bogotá y Cundinamarca
Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles, entre establecimientos comerciales, fincas, apartamentos y bodegas, cuyo valor asciende a 379.000 millones de pesos.
Por: Javier Patiño C
Desde las primeras horas del domingo 20 de septiembre, un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación, en compañía de uniformados de la Brigada 13 del Ejército Nacional, adelantó un operativo en Bogotá en cuatro municipios de Cundinamarca para imponer medidas cautelares sobre 38 inmuebles que estarían relacionados con una organización transnacional investigada por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
La operación contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Los bienes intervenidos tienen un valor aproximado de 379.000 millones de pesos, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.
El general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 13, confirmó que 21 de las 38 propiedades están ubicadas en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín.
“21 de las 38 propiedades están ubicadas en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. Allí, un local comercial de Koaj cuya franquicia habían adquirido y otros de Lili Pink fueron objeto de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de las propiedades, por parte de los investigadores”, explicó el oficial.
Las medidas cautelares también cobijaron 17 predios rurales ubicados en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en Cundinamarca. Según la investigación, estos inmuebles habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas y posteriormente serían vendidos o transferidos para dificultar la acción de las autoridades.
Los bienes quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que se encargará de su gestión mientras avanza el proceso judicial, en el que se determinará si son devueltos a sus titulares o pasan definitivamente a manos del Estado.
Segunda etapa del proceso contra la estructura vinculada a Lili Pink
Desde abril, un grupo especial de la Fiscalía adelanta una investigación para identificar a los integrantes de una organización internacional con presuntos vínculos en Estados Unidos, Europa y Asia, señalada de desarrollar operaciones relacionadas con el lavado de activos.
En el marco de estas pesquisas, los investigadores pusieron la lupa sobre la cadena de ropa femenina Lili Pink, por su presunta relación con actividades de contrabando y lavado de activos.
El pasado 16 de septiembre, la Fiscalía había impuesto medidas cautelares sobre otros 45 inmuebles que estarían relacionados con la estructura investigada. Las propiedades estaban ubicadas en Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
En total, fueron identificados 17 inmuebles rurales y 28 urbanos en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali, con un valor aproximado de 185.000 millones de pesos.
Esta actuación corresponde a una fase previa de la investigación, en la que también fueron intervenidas 410 tiendas ubicadas en varias capitales del país y dedicadas a la comercialización de ropa femenina.
Durante esa etapa, las autoridades capturaron a varias personas que presuntamente trabajarían para la organización internacional, entre ellas el abogado Walter Martínez Martínez, señalado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.
Empresas de papel y presunto lavado de activos
Las nuevas pesquisas permitieron identificar, según los investigadores, otros elementos del entramado financiero de la organización. Entre ellos estaría el uso de empresas dedicadas a la importación y comercialización, así como de presuntas sociedades de papel utilizadas para ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos.
Estos productos serían posteriormente comercializados en establecimientos vinculados con la estructura, con el propósito de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, la organización habría lavado más de 700.000 millones de pesos, mientras que el presunto enriquecimiento ilícito superaría los 400.000 millones de pesos. Asimismo, las autoridades calculan que las operaciones de contrabando estarían relacionadas con recursos superiores a los 70.000 millones de pesos.
La investigación continúa en curso y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de los involucrados, así como el destino definitivo de los bienes afectados con las medidas cautelares.
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