Canal del Dique: los enredos y el riesgo de una demanda billonaria por el proyecto que está estancado

Después de que se rompió el dique carreteable en un punto del municipio de Santa Lucía, Atlántico, a finales de 2010, el agua del Canal del Dique arrasó con casi 35.000 hectáreas y se acomodó en las tierras bajas del sur del departamento. No hubo cómo sacarla. Miles de personas tuvieron que dejar sus casas. Las postales sobre ese momento son impresionantes. Entre los afectados estuvo Emilio Paredes, quien quedó en la ruina y pasó hambre por la inundación. Perdió todo lo que tenía en su finca, incluidas las piscinas de cultivos de peces. Tardó casi dos años en poder volver a entrar en su tierra. Hoy dice que todavía debe plata de esa tragedia.

El riesgo de inundación por el Canal del Dique todavía es algo latente. Paredes y los cerca de 1,5 millones de personas que viven en su área de influencia lo saben. Las filtraciones de agua a lo largo del canal artificial de 115 kilómetros son frecuentes. Esto se da, entre otras cosas, por la falta de mantenimiento, por los problemas de navegabilidad y las consecuencias ambientales que se han agravado durante años. Con el objetivo de solucionar de manera radical estos problemas, el Gobierno nacional firmó en diciembre de 2022 el contrato de concesión para la Asociación Público Privada (APP) Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

El proyecto que fue vendido como una solución definitiva. Sin embargo, hoy está parado y en un limbo de ejecución. Es tan grave la situación que la Nación enfrenta el riesgo de una millonaria demanda por parte de Ecosistemas del Dique, la empresa concesionaria. Y lo peor es que se dejarían de hacer 36 grandes obras de infraestructura proyectadas para la recuperación ambiental del canal y una millonaria inversión social en los 19 municipios aledaños.

A esto se suma que, a finales de enero, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, anunció que dentro del recorte de 12 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, como parte de la estrategia para enfrentar la crisis fiscal que vive el país, estaban 710.000 millones de pesos que habían sido anunciados en la actual vigencia para el contrato de la APP del Canal del Dique. 

Las cuentas son muy graves porque el estancamiento de la ejecución puede terminar en un proceso de detrimento patrimonial para la Nación; y ya se proyectan retrasos de dos años y medio en el proyecto.  

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Lo más delicado, según conoció CAMBIO por una fuente cercana al proyecto, es que los directivos de Sacyr ya establecieron junio como la hora cero para tomar acciones legales y reclamar el cumplimiento del contrato de 3,2 billones de pesos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Un nudo apretado

La historia del contrato empezó el 7 de diciembre de 2022, cuando la ANI adjudicó a Ecosistemas del Dique, una empresa de Sacyr Concesiones, la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. El acta de inicio fue firmada el 1 de junio de 2023.

En medio de declaraciones cruzadas y uno que otro tira y afloje, los primeros meses del contrato surtieron los trámites habituales. Pero, el desarrollo de la concesión tuvo un punto de quiebre en mayo de 2024, cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución 914, donde confirmó que el proyecto del Canal del Dique requería una licencia ambiental especial. Eso cambió las condiciones iniciales del acuerdo.

A pesar de las nuevas condiciones, Ecosistemas del Dique manifestó su disposición para seguir con el proyecto y acceder al trámite de la licencia añadida por la ANLA. Sin embargo, exigiendo lo establecido en el contrato, el concesionario le ha insistido al Gobierno en que debe responder por los recursos necesarios para los estudios y debe trazar los lineamientos. 

Después de meses de discusión pública, en agosto de 2024, finalmente, la ANLA entregó a Ecosistemas del Dique los términos de referencia para realizar el estudio de impacto ambiental. Estos fueron analizados, conjuntamente, con la ANI. Desde ese momento empezaron las mesas de trabajo con la finalidad de definir los términos contractuales para habilitar a Ecosistemas del Dique a dar inicio al nuevo estudio de impacto ambiental.

Pero, hasta la fecha, el Gobierno Nacional, en cabeza de la ANI, no ha autorizado el inicio del estudio, sin el cual no se puede tener la licencia ambiental requerida por la ANLA para continuar con la ejecución del contrato. Ni tampoco ha sido emitido el otrosí que garantiza los fondos económicos para dichos estudios. 

El tiempo en este caso también es oro, porque después de que la ANI dé la autorización de iniciar, Ecosistemas del Dique tiene 14 meses para elaborar dicho estudio. Lo que significa que a más demora en el inicio, más tiempo de ejecución del contrato y, posiblemente, incremento de los costos.

En estos momentos, los únicos trabajos que se realizan en el Canal del Dique son las actividades de dragado de mantenimiento, con el fin de mantener la navegabilidad del canal. Además, las obras de mantenimiento vial, programas de formación con el Sena y la atención a la comunidad en las oficinas satélites del concesionario. Pero, por ejemplo, la planta de trabajadores del proyecto, que ya estaba en más de 200 personas, tuvo que ser reducida a la mitad.

Los detalles y el riesgo

La APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique proyecta una inversión total de 3,2 billones de pesos. Y, según la información divulgada por el concesionario, este megaproyecto social y ambiental busca beneficiar a más de 1,5 millones de personas en 19 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Las intervenciones están divididas en 14 Unidades Funcionales, más la Unidad Funcional cero, destinada para las actividades de mantenimiento, operación y dragado. El proyecto contempla la construcción de dos esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, y otras 34 obras menores.

La APP ha sido descrita como una apuesta de infraestructura multimodal con escenarios para la adaptación al cambio climático, con la generación de más de 60.000 empleos entre directos e indirectos y una inversión social de 340.000 millones de pesos para toda la región. 

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Uno de los objetivos principales de las obras de infraestructura es mitigar los riesgos de inundaciones, como las ocurridas en el 2010. Sacyr Concesiones ha insistido en que ha cumplido hasta la fecha con todas sus obligaciones contractuales contempladas en la concesión y está a la espera de las autorizaciones que se requieren, por parte del Gobierno nacional, para seguir con la ejecución de este megaproyecto. 

La empresa ha señalado que la reciente decisión del Gobierno de aplazar o congelar los recursos destinados al proyecto genera incertidumbre y puede traer graves consecuencias. Y, además, que más allá de los aplazamientos, “lo que se requiere con urgencia es un acuerdo formal que garantice una fecha clara y definitiva para la reactivación de los recursos”. 

El verdadero riesgo es que este aplazamiento y el estancamiento puede derivar en la liquidación anticipada del contrato, lo que significaría que la Nación podría terminar pagando una millonaria indemnización mientras la región se queda sin las obras necesarias y con el pasivo ambiental de la degradación de los ecosistemas.

Eso sí, Sacyr insiste en que no es viable que el 100 por ciento del presupuesto previsto para este año sea aplazado, porque el concesionario tiene compromisos inmediatos, como los dragados para la navegabilidad del canal, las obras de protección de orillas y adecuaciones de vías. Trabajo que, si no se hacen, pueden poner en riesgo la navegación y el control de sedimentación en cuerpos de agua estratégicos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de La Virgen, que es donde desembocan las aguas del dique.

Sin bocachico no hay paraíso

Emilio Paredes, quien vive hace 30 años en Santa Lucía, es biólogo marino y tiene una empresa productora de peces. Además, es líder de la Red de Pobladores del Canal del Dique, que nació después de la inundación de 2010, y que agrupa a más de 3.200 personas, entre piscicultores, pescadores, artesanales, agricultores, ganaderos y líderes culturales y sociales.

Como sabe lo que es vivir una inundación, cree que hay que hacer todo lo posible para que algo así no se repita. Reconoce que el proyecto de la APP es muy importante, pero, dice que tiene claro que “el proyecto no nació para evitar las inundaciones de las poblaciones aledañas, sino para lograr una navegación más rápida y de mayor capacidad de carga por el canal hasta la Bahía de Cartagena, para lo que se necesita trabajar contra la sedimentación”. 

Para Paredes, la licencia ambiental que tiene parado el proyecto es totalmente necesaria para medir los impactos. De ahí que insista en que la comunidad pide que se programen reuniones para discutir los verdaderos temas técnicos de las obras y cómo estos afectarían a los habitantes de la zona. 

Uno de los temas que más les preocupa al biólogo es la afectación que pueden tener sobre algunas especies de peces nativos, como el bocachico, el bagre y la arenca, los que, dice, verían afectados sus ciclos de reproducción por algunas de las obras, lo que impactaría de manera negativa en la seguridad alimentaria de las comunidades.  

“El pobre que vive en nuestra área no come pollo, no come carne, come pescado. Entonces, al hacer esas compuertas, cómo van a reproducir nuestros peces que son migratorios”, señaló Paredes.

CAMBIO contactó a la ANI, a través de su oficina de comunicaciones, para conocer sus respuestas y posiciones frente a la parálisis del proyecto, conocer el motivo por el cual no se ha dado la autorización para que el concesionario arranque el estudio ambientan, la posibilidad de una demanda billonaria y hasta de una posible liquidación anticipada del contrato. Pero, hasta el cierre de esta edición, esas preguntas no habían sido respondidas.

CAMBIO también supo que los representantes de Ecosistemas del Dique y de la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, se reunieron esta semana que pasó de manera cordial para tratar de destrabar el proceso. Pero, no se logró avanzar nada, porque los nuevos responsables de la cartera pidieron un tiempo prudente para revisar y estudiar el tema. Lo cierto es que, de lado del concesionario y del Gobierno, las cartas parecen estar sobre la mesa y el tiempo corre como un enemigo peligroso que amenaza con detonar todo y crear un billonario lío de plata.