Cristo invita a hablar de Jurisdicción Agraria sin revivir fantasmas

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dio la bienvenida a la discusión del proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria, pero exigió “dar este debate con argumentos, reconociendo el contexto y, sobre todo, sin revivir fantasmas para desviar la atención de la opinión pública”.

En las últimas horas se generó una controversia tras las declaraciones de la exministra de Agricultura de este gobierno, Cecilia López, y la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quienes afirmaron que con el proyecto se abre la puerta a la “expropiación exprés”.

Respecto a la afirmación de que el Gobierno busca facultar a la Agencia Nacional de Tierras para expropiar, el ministro Cristo fue categórico: “Falso”, afirmó. “Los procesos de expropiación quedan en manos de los jueces, como bien lo dice el artículo 9 del proyecto”, sostuvo.

En cuanto al interrogante de si el proyecto busca que la Agencia Nacional de Tierras defina arbitrariamente cuándo un predio es de utilidad pública, la respuesta del ministro fue tajante: “No”. “Toda la reforma agraria es de utilidad pública e interés general desde hace 63 años, fecha en la que, por cierto, se facultó al Incora (luego Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras) para hacer expropiaciones administrativas”, explicó Cristo.

“Esto fue reiterado en 1994 por la Ley 160. El proyecto de Jurisdicción Agraria solo reitera ese concepto de que la reforma agraria nos interesa a todos los colombianos”, agregó el funcionario en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Cristo añadió que es “falso” que al otorgar competencia a la Agencia Nacional de Tierras en procesos agrarios especiales, se le esté facultando para expropiar: “Reitero, queda claro en el artículo 9 que es competencia de los jueces. La fase administrativa, que implica negociar el predio, hacer una oferta y realizar los estudios necesarios para comprarlo, sigue en cabeza de la Agencia. Ahí tampoco se cambia nada".

El interés del Gobierno es saldar una deuda histórica con el campo

"El debate hasta ahora comienza. El interés del Gobierno es saldar una deuda histórica que el país tiene con las comunidades rurales de Colombia. Hacemos un llamado a dar este debate con argumentos, reconociendo el contexto y, sobre todo, sin revivir fantasmas para desviar la atención de la opinión pública”, dijo Cristo.

La Jurisdicción Agraria es una de las metas que más busca alcanzar el Gobierno nacional, porque se trata de un hecho de enorme trascendencia: es un proyecto clave para implementar el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc.

En 2022 se aprobó su existencia y en la legislatura pasada se aprobó y concilió. El proyecto radicado busca reglamentar cómo funcionarán los jueces y juzgados de tierras.

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, aclaró que no se habilita una “expropiación exprés”, que es el fantasma que sectores de oposición han puesto sobre la mesa.

Para ella, "la expropiación es un mecanismo ya permitido en la Constitución por motivos de utilidad pública o interés social" y, en el caso de este proyecto, simplemente se refuerza la intervención de jueces en conflictos agrarios, algo que no es una novedad en la legislación colombiana, según dijo a varios medios.

En efecto, el artículo 5, numeral 4, que se refiere a la función social y ecológica de la propiedad agraria, es el que ha causado inquietud en algunos sectores.

Para la exministra López, el proyecto de ley podría sustituir el mecanismo legal actual, que es un proceso judicial, por un proceso administrativo. “En el artículo 5, en el párrafo donde entregan la responsabilidad a la Agencia Nacional de Tierras, entonces ya la función de los jueces es posterior. Eso lo tienen que aclarar, porque así lo que están haciendo es sustituir el mecanismo legal", dijo López.

Según su lectura, el proyecto de ley utiliza términos que ya están en la Constitución y en otras leyes, pero con algunas modificaciones. “Por ejemplo, para la extinción de dominio, lo que dice la norma inicialmente es que es para quien no esté dándole la utilidad social a la tierra, pero le agregan la palabra concentración, que no estaba en la versión original”.

“La expropiación existe en la Constitución, pero para beneficio y uso de todos. Me preocupa que se haga sin debido proceso, por decisión de un funcionario público y para un privado”, dijo López.

“El artículo 5, numeral 4, del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural. ¿Cuál es el criterio que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, escribió en su cuenta de X la congresista Miranda.

“Van a radicar toda una ley para la Jurisdicción Agraria y Rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la república. En el proyecto, el juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años. ¡Inaudito! (...) Señores del Gobierno nacional, no más micos, no más violación a la propiedad privada. ¡Respeten a los colombianos!”, añadió Miranda.

Este es el escenario tras la radicación por parte del Gobierno del proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria. Para varios sectores, el tema más sensible es que esta propuesta les otorgará a los jueces y magistrados del país la potestad de resolver de manera exclusiva y especializada los conflictos agrarios y rurales en el país.

A propósito de esta propuesta del Gobierno, CAMBIO extiende la invitación a participar en el foro ‘Hacia la construcción del acuerdo nacional’, que se llevará a cabo el 4 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, Auditorio Rogelio Salmona, en Bogotá. La entrada es gratuita con previo registro.

Inscríbase en el siguiente enlace: https://cambiocolombia.com/evento/hacia-la-construccion-del-acuerdo-nacional