
En diálogo con CAMBIO, Juan Carlos Galindo Vacha, exregistrador nacional del Estado Civil, dijo que los gastos de la Registraduría en una consulta popular se suman a los de otras entidades del Estado.
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¿Cuánto costaría la consulta popular que propone Gustavo Petro?
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El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno convocará una consulta popular para decidir el futuro de las reformas laboral y de salud. Sin embargo, este proceso tiene un costo, pues para su organización se requieren recursos de diversas entidades y de la Registraduría.
Por: Gabriela Casanova

En la noche del 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno convocará una consulta popular para decidir el futuro de las reformas laboral y de salud. La decisión del mandatario se da tras conocer el hundimiento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se trata de un mecanismo de participación ciudadana “mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún tema de vital importancia para la ciudadanía, que puede ser nacional, departamental, municipal, distrital o local”. En este caso, es de carácter nacional.
Si la mayoría de los ciudadanos vota a favor de las reformas, el Congreso estaría obligado a aprobarlas, pero si la participación es menor o el resultado no es favorable, la iniciativa no tendría efectos vinculantes.
Sin embargo, la consulta popular, al igual que otros procesos democráticos, tiene un costo, pues la organización de las votaciones requiere el apoyo de recursos de diferentes entidades del Estado y de la misma Registraduría.
¿Cuánto costaría la consulta popular de Petro?
En diálogo con CAMBIO, Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional del estado civil, recordó que la consulta anticorrupción de 2018 tuvo un costo de alrededor de 310.000 millones de pesos. Basándose en ese dato y en el crecimiento del censo electoral, estima que la consulta popular de Petro tendría un costo entre 500.000 millones de pesos y 600.000 millones de pesos para la Registraduría. Sin embargo, para otras entidades del Estado también habría gastos relacionados con seguridad y supervisión del proceso.
“La Registraduría Nacional del Estado Civil debe adelantar todas las gestiones logísticas para organizar el proceso, pero muchas otras autoridades participan en el proceso electoral, como, por ejemplo, las Fuerzas Militares y de Policía, la Procuraduría General, la Fiscalía, la Contraloría, lo cual también tiene unos costos”, dijo.
También, en diálogo con la W Radio, el exregistrador Alfonso Portela dio una cifra similar a la de Galindo. Portela estima que el costo de la consulta popular estaría por encima de los 500.000 millones de pesos.
Por su parte, Fredy Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), le dijo a CAMBIO que cree que los costos pueden estar rondando por encima de los 300.000 millones de pesos.

¿Qué gastos tendría que hacer la Registraduría y las campañas por el 'sí' y el 'no'?
Por su parte, Galindo comentó que los gastos se concentrarían en la consolidación del censo electoral, la disposición de mesas de votación, la organización del kit electoral, las capacitaciones de jurados de votación, la divulgación de resultados, el preconteo, los escrutinios, la digitalización de los formularios C14, entre otros.
Así mismo, afirmó que podrían presentarse campañas por el 'sí' o por el 'no', y que, de hecho, el Gobierno podría solicitarlas. Este proceso, según Galindo, no bajaría de un costo aproximado de un billón de pesos.
Según la resolución No. 00207 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, la suma máxima de dinero que se podrá destinar por parte de cada comité promotor en la recolección de apoyos a las propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional es de un poco más de 2.000 millones de pesos. En cambio, la suma máxima de dinero que se podrá destinar por parte del Gobierno y de cada uno de los partidos y movimientos políticos, y de las organizaciones sociales para el desarrollo de las campañas a favor; en contra o por la abstención es de aproximadamente 6.495 millones de pesos.

En cuanto a su opinión como experto, Galindo dijo que le parecía inconveniente la consulta popular de Gustavo Petro, pues “el Gobierno ya tiene un desfase en el presupuesto nacional para este año”.
También la considera inoportuna porque ya estamos en el año de preparación de los comicios de 2026, tanto de Presidencia como de Congreso de la República. “Entonces, esto prácticamente podría considerarse como el inicio de las campañas electorales de 2026”, dijo.
