
Crédito: Fiscalía General de la Nación
Desmantelan red criminal que habría vendido carnes de animales enfermos a plazas de mercado, cárceles y al PAE
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Las autoridades desarticularon una banda que operaba un matadero clandestino en Boyacá. Ocho personas fueron detenidas y acusadas de delitos ambientales y de salud pública.
Por: Juan David Cano

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, desmanteló una red criminal dedicada a la comercialización ilegal de carne de animales enfermos. La investigación llevó a la captura de ocho personas, quienes fueron acusadas de violar varias normativas de salud pública y ambientales.
La carne llegaba a plazas de mercado, cárceles y a proveedores del Plan de Alimentación Escolar
El operativo, que se desarrolló en la vereda Sasa, de Chiquinquirá (Boyacá), descubrió un matadero clandestino que sacrificaba reses, caballos y asnos en condiciones insalubres y sin los permisos correspondientes. Según la Fiscalía, los animales sacrificados no sólo estaban enfermos, sino que además sus restos contaminaban el suelo y las fuentes hídricas cercanas.
La carne obtenida en estas condiciones era transportada y distribuida en municipios de Boyacá y Cundinamarca, así como en Bogotá. A través de intermediarios, esta carne llegaba a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros penitenciarios, plazas de mercado y otros establecimientos comerciales.
Durante las diligencias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) corroboró que la carne no era apta para el consumo humano, lo que refuerza las sospechas de que la red criminal ponía en riesgo la salud de miles de personas.

¿Qué pasará con los criminales capturados?
Los ocho detenidos fueron identificados como parte de la estructura que operaba en cuatro bodegas clandestinas.
Tres de ellos, Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, fueron acusados de administrar las instalaciones y recibieron medida de aseguramiento en prisión. Otros cinco, entre los que se encuentran trabajadores, intermediarios y compradores, enfrentan medidas de detención domiciliaria.
La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
