Detención de Araña: ¿jaque mate a la paz total del presidente Petro?

La sorpresiva detención de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, miembro de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —una disidencia de las disidencias—, al término del tercer ciclo de diálogos con el Gobierno nacional en un hotel de Bogotá, muestra la extrema fragilidad de la política de paz total, una de las banderas del presidente Gustavo Petro.

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Segunda Marquetalia, es categórico: “Esta medida, aplicada de esta manera, genera la caída de la mesa de negociación, deja en suspenso los acuerdos alcanzados y afecta gravemente a las comunidades en los territorios”.

Se trata de un golpe de alto impacto para una de las diez mesas que el Gobierno tiene abiertas y que seguía mostrando avances en comparación con otras, como la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en la práctica está terminada.

Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois y experto en seguridad, crimen y conflicto, señala que el caso de Araña evidencia las enormes brechas entre las intenciones del Gobierno y las limitaciones legales e institucionales que enfrenta la paz total. A esto se suman, dice, la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre los acuerdos parciales, incluidos los humanitarios, y la declaración del Clan del Golfo como organización terrorista por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, un actor que con la llegada de Donald Trump va a cambiar radicalmente el libreto.

La salida no es fácil. “Si se hace efectiva la extradición de Araña, esa mesa de conversaciones no podrá avanzar. Sin embargo, también podría representar una oportunidad para que el Gobierno acelere la negociación con ese grupo”, dice Mantilla. Este jueves, en las oficinas del Gobierno se buscaban de prisa todas las salidas posibles.

¿Entrampamiento o nuevos delitos?

Este caso, que tendrá enormes efectos en todos los procesos de reconciliación impulsados por el presidente Petro, revela la complejidad de negociar con grupos armados ilegales. Los funcionarios del CTI que realizaron la captura en un momento tan decisivo sostienen que esta se produjo porque hay serios indicios de que Araña seguía delinquiendo.

De hecho, la Fiscalía explicó que, aunque tuviera las órdenes de captura suspendidas en Colombia, esto no cobijaba las circulares rojas de Interpol. Rojas tiene una orden de extradición de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“En atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), equipo de apoyo transnacional SIU, retuvieron en Bogotá a Giovanny Andrés Rojas, requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado Comandos de la Frontera, estaría involucrada en un posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”, señaló la Fiscalía.

Para Otty Patiño, consejero de paz, hay razones para pensar que se trata de una trampa. En ese caso, sería similar al entrampamiento que, según sostuvieron en su momento tanto el presidente Petro como la vicepresidenta Francia Márquez, se hizo contra Iván Márquez y Jesús Santrich y quienes usaron esa excusa para dejar tirado el Acuerdo de Paz. Ambos volvieron a empuñar las armas y dieron origen a una nueva organización.

“Una de las razones por las cuales ellos se retiraron del proceso de paz fue que habían sido entrampados. Esto podría ser una nueva trampa. Si ustedes proceden con esta operación, están reiterando que afectan el proceso de paz que estamos desarrollando”, les dijo Patiño a los miembros del CTI.

En el pasado, Araña respondía órdenes de Márquez, el exnúmero dos de las Farc que negoció en La Habana y firmó el Acuerdo de Paz de 2016. Su destino era exclusivamente la violencia porque se pactó que no habría vías legales para una segunda oportunidad.

Sin embargo, Petro inició negociaciones con sus delegados a mediados de 2023 en Caracas. Se presume que Márquez no las continuó, pero algunos de sus lugartenientes, como Araña, se mantuvieron en los diálogos bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Un hombre temido en los territorios

Las acciones armadas de hombres como Araña agravan la violencia en los territorios. Si bien en sus declaraciones hablan de sus compromisos de paz, hay zonas donde son temidos por su peligrosidad.

Por ejemplo, ¿ordenó él el asesinato de Phanor Guazaquillo Peña, autoridad indígena del pueblo Nasa? Phanor tenía 45 años y era una figura reconocida a nivel nacional: gobernador del cabildo Nasa Kwésx Kiwe, en Puerto Asís, vocero nacional de la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos (IEANPE), directivo de la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol) y miembro del consejo municipal de Puerto Asís por el partido indígena MAIS. Además, participó en la elaboración del capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las Farc.

Según una investigación de CAMBIO, Phanor fue asesinado por oponerse a la deforestación para la siembra de cultivos de coca en Putumayo. ¿Quién está detrás de su crimen? Un informe de inteligencia del Ministerio de Defensa señala a Araña como el responsable de la estructura armada que lo mató.

Su prontuario es extenso. Según información de la Fiscalía, Araña ha tenido una doble militancia: formó parte de Los Rastrojos y también fue miliciano de las Farc. Sin embargo, recuperó la libertad con las nuevas negociaciones de paz.

Atrás quedaron los días en que este hombre estaba recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, condenado por homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego, entre otros delitos, porque al convertirse en negociador obtuvo la libertad.

Cuando llegaba al aeropuerto 3 de Mayo, de Puerto Asís, lo esperaban varias camionetas del Estado que lo protegen. “A mí me ofende esta situación”, le dijo allí a CAMBIO un poblador de la localidad, quien asegura que lo ha visto en las caravanas. “Pero es mejor no decir nada porque él es muy peligroso, da miedo verlo”, agrega.

Sus acciones han cruzado fronteras. Ecuador lo tiene en una lista de 70 personas consideradas enemigos públicos del país y lo declaró objetivo militar por pertenecer a un grupo terrorista.

¿Él dio la orden a Eduardo Andrés Melo y Kevin Alejandro Salazar Portillo, los dos autores materiales del asesinato de Phanor? Se ha comprobado que el primero manejaba la moto y el otro fue quien disparó. Melo ya está detenido. De esta magnitud es el historial de Araña.

Un golpe a todas las fichas del ajedrez

Su detención cambia el ajedrez de las negociaciones. Para Néstor Rosanía, periodista y profesor de conflictos armados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el proyecto de paz total es positivo, pero muy difícil de llevar a la práctica por múltiples razones.

“Estos grupos armados ya no tienen un pensamiento político, sino económico. No buscan la toma del poder por la vía armada, como las Farc y el ELN en los años setenta, sino que ahora se disputan negocios ilícitos”, dice él.

Pero, ¿qué irá a pasar ahora? Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista de paz, advierte: “Es un hecho grave en la medida en que envía un mensaje de desconfianza a los delegados de los grupos armados en mesas de diálogo, pues el Gobierno no puede ofrecer garantías jurídicas a sus contrapartes”.

Un miembro de la Oficina de Paz le dijo a CAMBIO que hay que solucionar esta situación en el menor tiempo posible por los efectos que puede tener para todo el país: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, dice el funcionario.

Para él, el daño está hecho, y “ahora el Gobierno y la Fiscalía deberán encontrar una solución adecuada para esta delicada situación”.

En este complejo escenario, Sebastián Guerra, asesor experto del Instituto de Paz, de los Estados Unidos, dice: “Enfatizaría un antecedente que podría estar repercutiendo en este nuevo hecho: la suspensión de la orden de captura y de extradición de integrantes de Comuneros del Sur, en particular de Gabriel Yepes, alias HH, en noviembre del año pasado”.

Guerra recuerda que “esa decisión, y el posible mal manejo que se le dio en términos de articulación y comunicación, lo que tomó por sorpresa a las autoridades judiciales de Estados Unidos, podría estar empezando a tener repercusiones. En los procesos de extradición es clave que haya un manejo coordinado, transparente y una fluidez comunicativa entre los órganos judiciales”.

En efecto, la situación de Araña debe verse en el contexto internacional y en el nuevo rumbo marcado por la administración de Trump. De hecho, en las últimas horas se informó que Terrance Terry Cole es el elegido como próximo director de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense.

“Juntos salvaremos vidas y haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, anunció el republicano esta semana en Truth Social, su propia red social.

Cole cuenta con más de dos décadas de experiencia, misiones en terreno en Afganistán, Colombia y México y un enfoque inflexible contra las redes del narcotráfico al sur de la frontera. Estas son las credenciales del nuevo zar en esta fase de la guerra contra el narcotráfico, de la cual Araña, según las versiones de las autoridades, seguía lucrándose.