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"El contrabando entra con sello oficial": Gustavo Petro por captura de un policía y un coronel en retiro pertenecientes a una red criminal
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Las autoridades capturaron a alias El Bendecido y a otras personas que estarían involucradas en una red criminal responsable de más del 80 por ciento del contrabando que ingresa al país. Dentro de los procesados hay dos oficiales. ¿Qué dijo el presidente?
Por: Redacción Cambio
El presidente Gustavo Petro se refirió al impacto de las autoridades en una red criminal responsable de más del 80 por ciento del contrabando que ingresa al país, en lo que el jefe de Estado describe como "la operación más grande contra el contrabando en la historia de Colombia".
A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro aseguró que "la cocaína se vuelve pesos colombianos a través del contrabando. El contrabando entra con sello oficial".
En su mensaje, el primer mandatario hizo referencia a que las autoridades capturaron a Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, conocido como el Zar del contrabando en Buenaventura (Valle del Cauca), y a dos oficiales que serían los presuntos articuladores de una red criminal que estaría involucrada en el ingreso a gran escala de contrabando proveniente de Estados Unidos, y países de Asia y Europa.
Es decir, los oficiales y otros funcionarios aduaneros permitían el ingreso del contrabando a cambio de dinero.
¿Cómo operaba la red criminal?
En el operativo se capturó al coronel en retiro Alexander Galeano Ardila, quien sería el encargado de contactar a oficiales activos para que garantizaran el éxito de la operación criminal de entrada y transporte de los cargamentos de contrabando. También al mayor Mario Andrés Sarmiento, señalado como uno de los enlaces de la red ilegal con integrantes de la Policía, para que permitieran el tránsito de los tractocamiones a los destinos. Otro de los capturados fue José Helí Álzate, alias Alejo o Pupilo, quien sería el responsable de la logística para el transporte de la mercancía desde los puertos de la Costa Atlántica a distintas ciudades del país.
Según la Fiscalía, la red gestionaba semanalmente el acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzado, cigarrillos y otros productos. Estos negocios habrían representado una renta ilícita que en un año llegó a 8 billones de pesos.
El ente investigador describe que esta red pagaba dádivas a funcionarios para garantizar la entrada del contrabando a los puertos del país, el transporte y el almacenamiento de los productos.
La Fiscalía acreditó que en tres meses, la red pagó 902 millones de pesos a funcionarios de vigilancia y control aduanero, para que permitieran el paso de los productos.
