“El paro armado del ELN impide la atención humanitaria para las víctimas del invierno”: gobernadora del Chocó

El alcalde de Bojayá, Hailton Perea Chaverra, busca en su memoria unas inundaciones tan graves como las que hoy afectan a su municipio, ubicado en el departamento del Chocó: “No recuerdo haber visto un desastre de esta magnitud”, le dijo a CAMBIO.

Cuenta que las lluvias arreciaron durante la última semana, provocando el desbordamiento de los ríos Napipí, Bojayá y Opogadó. De los 14.000 pobladores, 2.400 vieron cómo las aguas se llevaban sus pocos enseres, se metían entre sus casas, obligándolos a subirse a los techos e incluso a los árboles para salvar sus vidas.

“Necesitamos la ayuda urgente del Gobierno nacional”, dijo. Una ayuda que se tarda en llegar en parte porque aquí, como en otros municipios del Chocó, hay que pedir autorización a los actores armados ilegales para poder desplazarse.

Bojayá, que está en la memoria del país por la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando las Farc atacaron la iglesia con cilindros bomba y causaron la muerte de 74 civiles y 53 heridos, está hoy bajo control del Clan del Golfo.

Más al sur del departamento, está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que “decretó” un paro armado en plena tragedia invernal.

“El paro armado del ELN impide la atención humanitaria”, sentenció la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, quien exigió a la guerrilla cesar las acciones militares contra la población civil.

“Es crítico cómo el paro armado interfiere con la atención humanitaria. La gente intenta salir para conseguir alimentos y combustibles, pero los devuelven sin permitirles abastecerse”, narró en la mañana de este martes la mandataria seccional en Blu Radio.

La gobernadora también subrayó que ni el ELN ni el Clan del Golfo respetan los acuerdos humanitarios que protegen a la población civil, lo que ha complicado aún más la respuesta a la emergencia.

Sin opciones de desplazamiento y en condiciones cada vez más precarias, los habitantes de las zonas afectadas quedan expuestos a la inseguridad y a la falta de provisiones básicas.

“Es inadmisible, no encuentro explicación y me parece absurdo que, en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia que está viviendo el Chocó, ellos planteen un paro armado. Que ayuden o, por lo menos, no estorben”, dijo el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, a El Tiempo.

El funcionario resumió en una frase el descontento del Gobierno nacional con el grupo armado: “Que ayuden o, por lo menos, no estorben”.

Según cifras aproximadas, más de 46.000 familias han sido damnificadas en el departamento, y la situación se complica debido a las restricciones impuestas por el grupo armado, que dificultan la entrega de ayuda humanitaria.

El paro armado ha sido rechazado por diferentes estamentos del país. Así, por ejemplo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que esta guerrilla “pretende someter a la población e impedir la acción del Estado” en medio de una de las más graves tragedias por lo que el alcalde de Bojayá llama “el cambio climático”.

“Deben respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en general. Con la situación de inundaciones en la mayoría de los municipios, las personas están perdiendo sus cultivos y no tendrán con qué subsistir”, exigió la defensora Marín.

“La Corte Suprema de Justicia manifiesta su solidaridad con los habitantes del país que afrontan una situación dolorosa y alarmante debido a las intensas lluvias de los últimos días. Especialmente a los colombianos y colombianas que viven en las regiones establecidas por el Gobierno nacional como zonas de calamidad pública: Chocó, La Guajira y Bogotá”, expresó, por su parte, el alto tribunal en un comunicado.

Las últimas horas han sido de intensa actividad para la mandataria. Así lo ha venido informando ella en sus redes sociales. "Desde el municipio de Alto Baudó, con la presencia del comité municipal de Gestión del Riesgo en cabeza de su alcalde, recibimos para el Puesto de Mando Unificado (PMU), la actualización de datos sobre la afectación, necesidades más apremiantes y comenzamos la atención en fase de respuesta con los primeros paquetes alimentarios proporcionados por la Gobernación del Chocó y transportados por nuestro Ejército Nacional", contó ella.

Articulamos transporte terrestre y fluvial para más atenciones y hemos insistido en lo apremiante de las horas de vuelo para poder llegar más rápido a más municipios, agregó la mandataria.

La gobernadora expresó su preocupación por las comunidades del Litoral del San Juan, uno de los municipios más afectados, donde solo es posible acceder por el río San Juan, actualmente bloqueado por las acciones del grupo armado.

El presidente Gustavo Petro declaró el domingo la situación de desastre en todo el país por las fuertes lluvias de los últimos días, que han provocado inundaciones, desbordamientos y deslizamientos que afectan a 27 de los 32 departamentos.

“Por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática, generadora de impactos imprevisibles e inusuales que aumentan la vulnerabilidad en los territorios”, indicó el mandatario.

Esta declaratoria será para todo el país, pero los esfuerzos se centrarán en tres zonas “con una escala muchísimo mayor”, en palabras de Petro: La Guajira, Chocó y Bogotá “por escasez de agua potable”.

“Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy asignados a otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones, hacia las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual”, dijo Petro.

Se estima que la temporada de lluvias intensas se extenderá todo el mes de diciembre. “En el balance general, se habla de 186 municipios en 27 departamentos, con 467 eventos registrados, y podrían estar afectadas cerca de 46.000 familias”, explicó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Las lluvias ininterrumpidas de las últimas 72 horas han agravado los niveles de los ríos, que ya venían afectados. El Chocó está bajo el agua. Nos han reportado afectaciones en el 85 por ciento del territorio, dijo en su mensaje de alarma la gobernadora.

"Veinticinco de nuestros municipios están lidiando con desbordamientos, inundaciones y deslizamientos. El agua está en las casas y se ha llevado enseres y cultivos. Reportamos mayor riesgo en la costa Pacífica, la cuenca del Atrato y la cuenca del San Juan, donde además fue decretado el paro armado", agregó Córdoba.

“Señor presidente Gustavo Petro y señora vicepresidenta Francia Márquez, no esperemos una tragedia para reaccionar en tiempo y articuladamente. Este panorama rebasa absolutamente la capacidad local”, dijo la gobernadora.

La grave situación invernal se enfrenta en medio de una enorme paradoja: se trata de ayudar a los damnificados frente a los obstáculos que pone una guerrilla que dice hablar de paz.

Sin embargo, más allá de sus palabras, sus acciones de dura violencia muestran otra cosa. Y también en sus exigencias. La semana pasada el ELN endureció su postura en el encuentro extraordinario con la delegación del Gobierno nacional en Caracas para reanudar las conversaciones de paz. No hubo un mea culpa por los ataques contra una base militar en Arauca, el asesinato de miembros de la fuerza pública mediante francotiradores ni las voladuras del oleoducto. Por el contrario, la guerrilla llegó con un discurso más confrontativo.

El ELN entregó a su contraparte un documento llamado “declaración de principios”, que compartió con los países garantes, la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.

En primer lugar, el ELN planteó que su objetivo para el proceso de paz es una “sociedad poscapitalista”. Con este primer punto dejó gravitando en el ambiente político nuevos interrogantes: ¿Qué significa esto? ¿Se va a negociar el modelo económico con esta guerrilla?

A renglón seguido, la guerrilla afirmó que “la democratización” debe ser uno de los objetivos fundamentales de la mesa de negociación, entendida como un propósito nacional que debe incluir transiciones hacia una nueva forma de gobernanza.

Así las cosas, el grupo armado planteó avanzar hacia un Acuerdo Nacional que impulse la democratización en Colombia, en el que resaltan la importancia de una visión común de paz que guíe la solución política del conflicto armado.

Aunque el ELN expresó su propósito de lograr transformaciones en la sociedad colombiana y poner fin al conflicto armado, dejó en suspenso la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que termine el mandato del presidente  Petro.

De hecho, propusieron un “nuevo modelo de negociación” y señalaron que “la meta para  2026 es avanzar lo máximo posible”. Con esta tesis, la guerrilla dejó en suspenso una de las prioridades del presidente Petro, que es lograr la paz total.

Luego lanzaron su orden de paro armado en el Chocó sin importar que el departamento vive una tragedia causada por el invierno.