El racismo en la Policía Nacional: ¿un problema estructural?

Primero fue asesinado Milton Andrés Perlaza, en el Valle del Cauca, el 28 de junio. Tenía 16 años. Después fue Johan Esteban Infante, en las islas de Barú, el 15 de julio. Tenía 27 años. Los dos eran hombres negros. Los dos fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional. Los testigos de uno y otro caso aseguran que fueron asesinados por ser negros. 

En el caso de Infante, en un video quedó registrado cómo un uniformado decidió dispararle, pese a que ya lo tenía sometido en el suelo. Quienes lo rodean le gritan que por favor lo suelte, que guarde el arma, que no tiene por qué ponerse así porque ya lo tiene inmóvil. Sin embargo, el uniformado no los escucha. 

En el caso de Perlaza, los testigos aseguran que el policía sometió por varios minutos al adolescente y que, luego de intentar ahogarlo en un charco cerca del río, le disparó en el pecho. La muerte fue inmediata. El uniformado gritó: “¡Qué rico suena mi arma, qué rico suena!”, para luego insultar a los familiares del menor con palabras racistas. 

Estos no son los primeros casos en los que las comunidades afro denuncian perfilamientos raciales. De hecho, un informe realizado entre ILEX -Acción Jurídica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y la ONG Temblores mostró que, dentro de la Policía colombiana, la violencia raciales es un problema estructural al que poca, o ninguna atención, se le ha puesto. 

Ataques de todas las especies

En el informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, las organizaciones anteriormente nombradas enumeran las diversas causales de violencia racista dentro de la Policía Nacional. 

Son violencias que van desde la desmedida violencia física, pasando por la violencia verbal, hasta los perfilamientos, las torturas, los ataques sexuales y los asesinatos. En ciudades con barrios predominantemente afros, los ataques perpetrados por la Policía son mucho más violentos, y la presencia de la Policía genera miedo. 

El cruce entre violencias basadas en género y las violencias raciales son comunes. ILEX -Acción Jurídica señala que, de hecho, las mujeres afro y la comunidad LGTBIQ+, principalmente las mujeres trans afro, son sometidas a violencia física y sexual, además de violencia psicológica y torturas. Todas estas discriminaciones suelen estar basadas en imaginarios sexuales que rodean a las mujeres afro. 

Señalan, también, que no existe espacio seguro para ellos. Las estaciones de TransMilenio, por ejemplo, son uno de los escenarios principales de violencia. En el informe hay testimonios de personas afro que trabajan como vendedores ambulantes en estaciones de Usme y Kennedy en Bogotá: “Es vivir en un constante miedo y la tensión de correr cuando existe la presencia de un policía. Hay situaciones donde les patean la mercancía o inducen el temor de no poder trabajar por un tiempo hasta que las cosas tengan otro ambiente”, dice uno de ellos. 

“Este es un sistema en el que las personas afro somos perfiladas y entendidas como enemigos que deben perseguir”, señala Alí Bantú Ashanti, director del colectivo de abogados Justicia Racial. Ashanti asegura que la relación entre la Policía Nacional y las personas negras está marcada por el prejuicio, la persecución y, por supuesto, la violencia: “Pero poco o nada se hace por combatir un sistema que, estructuralmente, nos está dañando”. 

Para Dayana Blanco, directora general de Ilex, la Policía simplemente es el reflejo de una sociedad que, también, es profundamente racista: “Los agentes del orden no son sujetos que estén aislados de reproducir las condiciones de desigualdad fundados en criterios como la pertenencia étnico-racial. Esto hace que los altos niveles de discrecionalidad que promueve el marco jurídico de la actividad policial sea un ambiente perfecto para, a partir de la criminalización, perseguir especialmente a jóvenes afrodescendientes, generar condiciones de hostigamiento excesivo e incluso el uso excesivo de la fuerza”. 

¿Qué hacer para enfrentar el racismo? 

Tanto para Ashanti, como para Blanco, esta es una discusión urgente que debe darse de inmediato, empezando por plantear de frente: “Todas las instituciones del Estado, especialmente la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, deben asumir esta responsabilidad para empezar a analizar el relacionamiento de los agentes del orden con poblaciones específicas, en este caso, con la población afrodescendiente”, asegura Blanco.

La clave, según Blanco es una capacitación que desmonte los imaginarios raciales y priorice los derechos humanos. 

También, el acceso a la justicia: “Lo que ha caracterizado a los procesos por violencia policial racista es su alto nivel de impunidad y la dificultad de las víctimas para que les sean respetadas las garantías, de manera que el proceso no se convierta en otro escenario de victimización en el que se pone en duda su palabra y se les somete a una carga excesiva de prueba, que no le corresponde. Es la institución la que debe asumir la labor de demostrar que el hecho de violencia policial racista precisamente no se fundó en el criterio sospechoso de la pertenencia étnico-racial".