El tropiezo de Petro al nombrar gestores de paz a los paramilitares

Durante el pasado puente festivo, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, el Gobierno Nacional rechazó el contenido de la canción de reguetón +57, de Karol G, Maluma y J Balvin, entre otros artistas urbanos, por considerar que sexualiza a los menores de edad.

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), declaró que la canción no contribuye a la lucha del país contra la explotación sexual infantil, e invitó a los músicos “a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín”. 

Al iniciar la semana laboral, el martes, el presidente Petro designó como gestor de paz al paramilitar Hernán Giraldo Serna, violador sexual de menores de edad, tanto durante sus años al frente de escuadrones de la muerte de extrema derecha, como cuando ya estaba en prisión.

Giraldo era el mandamás en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ordenaba a sus hombres secuestrar a niñas campesinas de entre 11 y 14 años para llevárselas a su casa, edificada en el corazón de esta región. Testimonios indican que habría unas 800 víctimas de sus abusos. Los padres que se oponían eran fusilados, y diversos estudios en la zona estiman en 160 los hijos que Giraldo Serna tuvo producto de estas violaciones.

Ya en prisión, en la Cárcel Modelo de Barranquilla, el exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) creó un sistema de trata de personas para ingresar niñas a la cárcel y continuar con sus actos de pedofilia. 

En el marco del sistema de Justicia y Paz, fue hallado responsable de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal abusivo, prostitución forzada, desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, trata de personas, reclutamiento ilícito, entre otros delitos. Como incumplió sus obligaciones con la verdad fue expulsado de este sistema.

La desazón entre las víctimas 

La designación de Giraldo Serna como uno de los 18 excomandantes paramilitares nombrados gestores de paz por el presidente Petro causó indignación. Hubo en general desazón entre las víctimas: “No entendemos lo que está pasando; cada día percibimos más gestos hacia intereses que parecen alejados de los del pueblo, el cual ha sufrido la cruda violencia”, declaró Ruth Cotamo, afectada por la barbarie paramilitar en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

También hubo rechazos institucionales. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad de Salvatore Mancuso -exjefe de las AUC y otro de los beneficiados con este rol-, y argumentó que si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima, “es desproporcionada”.

Según el tribunal, “el propósito de lograr la paz no es ilimitado” y debe “salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, lo que impide otorgar “beneficios excesivos” a los máximos responsables de estos delitos.

No obstante, el Gobierno defiende la resolución. Otty Patiño, alto consejero para la paz, afirmó que aunque los exparamilitares formaron parte de un acuerdo anterior con el Estado colombiano, “ese proceso quedó con puntos oscuros”.

Para él, se espera que estas personas contribuyan a esclarecer lo sucedido y a cerrar de forma definitiva ese capítulo ocurrido hace dos décadas. “Toca escucharlos, valorar lo que están haciendo. No es ninguna negociación; simplemente, ellos quieren aclarar cosas que, según ellos, no fueron bien oídas o fueron malinterpretadas en el anterior proceso”, explicó.

¿Es una estrategia para las elecciones de 2026?

Es posible interpretar que, “de manera genuina”, dice el analista Gabriel Cifuentes, el gobierno busca acercar a los antiguos líderes de los paras con las bandas criminales recicladas de ese fenómeno de violencia, con el fin de dar impulso a su proyecto de paz total y, además, lograr que contribuyan a esclarecer la verdad de lo sucedido.

Pero otra interpretación, desde lo político, dice Cifuentes, es que se esté buscando capitalizar de cara a unas elecciones próximas, altamente polarizadas, en las que la derecha está ganando fuerza, las versiones de los paras.

“Esperamos que el derecho a la verdad de las víctimas, que sin duda debe ser defendido, no se convierta en un medio para el debate electoral”, dice Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En este escenario, la pregunta es qué efecto puede tener esta estrategia no solo en la clase política, sino también a nivel regional, en los sectores sociales y económicos que en su momento apoyaron el movimiento paramilitar, y hasta qué punto esa “caja de Pandora” podría convertirse en una herramienta política en la que muchos de los que hasta ahora no han respondido por su apoyo al paramilitarismo se puedan sentir en riesgo.

En la práctica, es muy difícil que estas personas contribuyan a la verdad y es incierto saber qué tanto puedan servir para tender puentes que faciliten negociaciones con otros grupos armados como sería con el Clan del Golfo que vendrían siendo sus herederos.

En este contexto, hay un problema legal. En términos de esclarecimiento de los hechos, si llegaran a decir más de lo que ya han confesado en Justicia y Paz, arriesgarían su expulsión de dicha jurisdicción y perderían los beneficios de las penas alternativas que les han sido reconocidas en muchos casos.

Por eso, entre sectores políticos creen que aquí hay gato encerrado. Consideran que con las limitaciones prácticas para la construcción de paz o de verdad, queda como explicación principal de la decisión presidencial el cálculo político y el impacto que esta medida pueda tener frente al avance de la derecha.

Una cuenta de cobro con la narrativa

Así como con un relato absolutamente cuestionable varios opositores lograron posicionar en amplios sectores que Petro es un guerrillero -cuando en realidad es un firmante de paz que ha cumplido al pie de la letra su compromiso- ahora desde el Gobierno se buscaría ponerle la chapa de paramilitar a líderes de la derecha.

El comisionado Patiño aseguró que esto no es así y que, al fin y al cabo, para contrarrestar esta posibilidad todos los gestores estarán sujetos a un plan de trabajo supervisado por organizaciones de víctimas y la ciudadanía: “No creo que, en periodo electoral, el nombramiento de tantos gestores de paz con poder en las regiones influya en el desarrollo de las votaciones”.

Pero, el interrogante es: ¿se le va a entregar a las víctimas esa responsabilidad? ¿No es una obligación de las capacidades del gobierno, y en particular de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz? Es de entrada problemático que se delegue esta tarea a las víctimas. Ellas tienen derecho a exigir seguimiento y verificación, pero su función no es hacer ese trabajo. Estas labores corresponden a los responsables en el gobierno, mientras que las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Lo cierto hasta ahora es que la decisión del presidente Petro generó rechazo; incluso entre muchos ciudadanos de a pie. Luis Trejos, profesor y analista de paz de la Universidad del Norte, opina que esto constituye un revés político y jurídico para el gobierno, que profundiza la percepción de improvisación en torno a las decisiones relacionadas con la paz total. 

Para él, “esta decisión desconoció los derechos de las víctimas y careció de claridad en su propósito”. Un hecho que queda en evidencia ante las preguntas sin respuestas precisas de lo que irán a hacer los paramilitares en su condición de gestores de paz.

Es un elemento que se suma a la ya confusa paz total. Es complejo entender cuántas mesas de negociación existen, quiénes son los disidentes en ellas, con quiénes hay altos al fuego, cómo se mueven por el país y si es factible firmar al menos un acuerdo en los 21 meses restantes del gobierno de Petro.

En este contexto, qué necesidad había de abrir una mesa adicional ahora con los paramilitares, quienes en algunos casos no dijeron la verdad en Justicia y Paz, como en el caso de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien se inició en el crimen como jefe del grupo de sicarios La Terraza —responsable, entre otros crímenes, del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón—, fue sicario de Pablo Escobar y llegó a ser el más temido líder de las AUC.

¿Qué argumento presentará el gobierno colombiano al nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, para pedir su colaboración en las mejoras de condiciones de las comunicaciones con este narcotraficante, bajo el pretexto de contribuir a la reconciliación?

La arriesgada apuesta del presidente Petro

Por eso, esta esta decisión del presidente Petro es una de “las apuestas más arriesgadas de su gobierno”, dice Francisco Javier Daza, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La designación, agrega, puede ser vista como un esfuerzo por revivir un proceso del pasado en el marco de la paz total, pero su alcance y rol no están claramente definidos.

Gerson Arias, de la FIP, valora la determinación del presidente Petro. “Es una decisión legítima, en términos de construcción de paz y de no repetición, como dice la resolución, este paso que ha dado el presidente es consecuente con la valoración que él hace sobre el proceso con las antiguas AUC y los grupos paramilitares”.

A pesar de que la cataloga como una medida coherente, también enumera puntos que son inquietantes. Lo primero es que se toma casi 20 años después de que se cerrara un proceso de paz, y esto representa un espejo complejo para las diferentes negociaciones actuales.

Es decir, para los nueve procesos que tiene el gobierno —cuatro políticos y cinco jurídicos— es un mensaje que genera mucho escepticismo, ya que, 20 años después, el Estado parece decir que el proceso con las autodefensas no se ha cerrado.

Lo segundo es que el listado de personas incluidas en esa resolución mezcla a individuos que estuvieron en Justicia y Paz, que hicieron aportes a la verdad y cumplieron sus compromisos con las víctimas, con otros que se rearmaron y unos más que nunca han mostrado un rasgo de voluntad para reconciliarse.

Se trata de un grupo tan cuestionable como difuso en sus intereses individuales. Allí están Hebert Veloza García, HH, quien participó en Justicia y Paz y luego volvió a las armas, Martín Llanos, que nunca se comprometió con la paz y fue capturado en Venezuela; y Jorge 40, quien, en Justicia y Paz, no aportó información. ¿Quién garantiza que ahora sí van a mostrarse unidos como un grupo de ciudadanos que quieren pasar la página de la violencia?

Por eso, hubo sorpresa y, en cierta medida, indignación en las víctimas, ya que se mezcla a dos tipos de comandantes en el mismo nombramiento. Como en otras de las mesas de negociación del Gobierno se vislumbra alta dosis de improvisación.

Más preguntas que respuestas precisas

La resolución presentada por el Gobierno es tan genérica que realmente genera muchas inquietudes. Aunque no otorga beneficios jurídicos ni modifica la situación jurídica de estos comandantes paramilitares, no queda claro el objetivo de la medida. 

En definitiva, deja la inquietud sobre su propósito, más allá de hablar de construcción de paz y de no repetición, que, aunque es un objetivo legítimo, no tiene una aplicación concreta aquí.

En el camino también hay otro escollo. Resulta conflictivo cómo este tipo de medidas entra en choque con el régimen de Justicia y Paz, que sigue vigente, con los compromisos que tienen los excomandantes ante Justicia y Paz y ante las víctimas.

Por tanto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cuestionar esta medida y catalogarla como desproporcionada es una respuesta esperada ante la falta de claridad sobre los motivos de la medida y su impacto o beneficio concreto para las víctimas.

Ahora bien, partiendo de la tesis de que estos hombres se van a mostrar colaboradores y que en realidad en el ocaso de sus vidas quieren dejar un mejor país para las nuevas generaciones, ¿cuál es su influencia en las actuales dinámicas de violencia que ha cambiado tanto en los últimos años? Los analistas coinciden en afirmar que hoy su capacidad es bastante limitada. Muchos de ellos están en prisión, otros fuera de ella, y varios no tienen ninguna capacidad de incidencia sobre las actuales organizaciones o manifestaciones de violencia.

Una reflexión final. Tras la oleada de críticas a Karol G y los demás músicos, estos decidieron cambiar la letra de la cuestionada canción. Ella también pidió perdón y dijo que no quería ofender a nadie. La pregunta es: ¿dará marcha atrás el presidente Petro en la designación de Hernán Giraldo Serna, uno de los mayores abusadores de menores en la historia de Colombia, como gestor de paz, y que las víctimas califican de doloroso insulto?