‘La elección de los jueces por voto popular es una catástrofe’: Catalina Botero
Catalina Botero es especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional.
Crédito: Colprensa
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La abogada es una estudiosa de los sistemas jurídicos y ha seguido en detalle los drásticos cambios hechos en México, que ahora Petro ha puesto sobre la mesa en Colombia. “El presidente debería dejar de hablar de 'golpes de corbata' o 'golpes blandos'”, exige ella.
Por: Armando Neira
CAMBIO: El presidente Petro puso sobre la mesa el tema de elegir a los jueces por vía popular, como lo hizo antes de salir de su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted que ha estudiado este tema, cuéntenos, ¿cómo empezó esto en México?
Catalina Botero: Desde el principio del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, hubo una tensión muy fuerte entre el presidente y el poder judicial. Esto se agudizó cuando la Suprema Corte de Justicia adoptó decisiones contrarias a los intereses del presidente.
CAMBIO: ¿Por ejemplo?
C.B.: Por ejemplo, el presidente hizo campaña diciendo que desmilitarizaría la seguridad y mantendría la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Sin embargo, ya como presidente, intentó, en contra de disposiciones constitucionales, integrarla al Ejército. También intentó hacer una reforma muy profunda a los órganos electorales para que su partido, Morena, pudiera controlarlos. La Corte, en cumplimiento de su mandato de proteger la Constitución, frenó esa reforma.
CAMBIO: ¿Parece que a López Obrador no le gusta que lo controlen?
C.B.: Los frenos y contrapesos típicos de una democracia no le agradan, y su respuesta a esos controles ha sido la estigmatización, como lo hizo con el poder judicial y, particularmente, con la Corte Suprema.
CAMBIO: ¿De qué manera?
C.B.: Por ejemplo, exhibiendo beneficios que, según él, tienen los miembros del poder judicial, aunque en algunos casos los datos no se correspondían con la realidad, o usando calificativos como “corruptos” para referirse a cualquier juez que hiciera su trabajo de controlar al poder ejecutivo. Planteó una confrontación con la Corte, creando el imaginario de que esta se oponía a la promoción de los derechos de las personas menos favorecidas y solo defendía privilegios.
CAMBIO: ¿En este contexto, al final del sexenio aprobó la reforma constitucional para que los jueces fueran electos por voto popular? ¿No hubo oposición?
C.B.: Las reformas constitucionales en México se aprueban de manera distinta a como ocurre en Colombia; es un trámite mucho más sencillo, ya que solo requieren mayorías calificadas en el congreso federal y aprobación en una mayoría de las entidades federativas. Los órganos electorales, hoy controlados por el Ejecutivo, interpretaron una disposición hecha para que ningún movimiento tuviera esas mayorías calificadas, de manera tal que la coalición de gobierno actual las obtuviera. Con esa sobrerrepresentación, lograron pasar rápidamente la reforma constitucional prácticamente sin discusión.
CAMBIO: La reforma pasó. ¿Y qué establece esta reforma?
C.B.: Que todos los jueces serán elegidos popularmente para “democratizar” la justicia. Justifican esta medida argumentando que la justicia no funciona, que es ineficaz y corrupta.
CAMBIO: ¿Cómo ve usted esto?
C.B.: Todo indica que esta reforma constitucional tiene el verdadero propósito de desmantelar la Suprema Corte de Justicia, para acabar con el único control efectivo sobre el gobierno y el partido mayoritario. Es una forma de castigar al único órgano que realmente cumplió su labor de supervisar si las decisiones aprobadas por el Congreso, propuestas por el presidente, eran constitucionales. En algunos casos, la Corte consideró que las reformas no ofendían la Constitución. En otros, las declaró inconstitucionales. Esto es lo que el entonces presidente no perdona, y el mensaje es claro: si esto le puede pasar al poder judicial de la Federación, que hasta hace pocos meses parecía intocable, le puede pasar a cualquiera que se oponga a los deseos del gobierno.
CAMBIO: López Obrador, en particular, y Morena, en general, ¿tienen entonces la posibilidad de tener el poder absoluto?
C.B.: El partido gobernante, Morena, que ya domina el Ejecutivo y el Legislativo, ahora podría dominar también el poder judicial, no solo a la Corte, sino a todos los jueces. Esto es muy conveniente para un partido que enfrenta serias acusaciones de infiltración del narcotráfico en la política y de corrupción, particularmente en las últimas grandes obras de infraestructura.
CAMBIO: En las zonas dominadas por los narcotraficantes, surge la pregunta: ¿cómo se llevarán a cabo las elecciones de jueces?
C.B.: En Colombia sabemos bien lo que pasa en situaciones similares. Según diversos estudios, aproximadamente el 30 por ciento del territorio mexicano está significativamente influenciado por el narcotráfico. ¿De dónde saldrán las listas para elegir a los jueces? Parte de esas listas las enviará el poder judicial, otra parte el Ejecutivo, y la última parte el Congreso. Dada la infiltración del narcotráfico en la política, existen serias dudas sobre quiénes integrarán esas listas, quiénes estarán detrás de las campañas y quiénes serán los jueces elegidos.
CAMBIO: ¿Habrá la figura de los jueces sin rostro?
C.B.: Sí. La reforma incluye la figura de los jueces sin rostro, una práctica que nosotros en Colombia ya conocemos y que fue declarada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la propia CIDH. Basta imaginar el poder que tendría un narcotraficante mexicano al poner a su propio juez, y que ese juez sea, además, sin rostro. Es el escenario perfecto para el crimen organizado.
CAMBIO: Con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum, ¿hay alguna esperanza de que ella eche para atrás esto?
C.B.: La nueva presidenta continuó con 'Las mañaneras', ruedas de prensa diarias, de López Obrador, pero ha bajado mucho el tono respecto a las constantes agresiones que el presidente profería cotidianamente contra cualquiera que lo criticara. Eso es muy importante. Sin embargo, señaló que todos los proyectos anteriores, incluida la reforma judicial, siguen adelante y aseguró que la Corte Suprema no puede declarar inconstitucional algo que el Congreso ya “declaró constitucional”. Con esto muestra una preocupante ignorancia constitucional, pues los congresos no declaran la constitucionalidad de sus reformas, las adoptan, y quien revisa si las mismas se ajustan a la Constitución son las cortes constitucionales. Pero esta frase, además, manda el mensaje de que seguirán adelante con independencia de lo que los jueces digan.
CAMBIO: En América Latina, ¿hay algún sistema parecido?
C.B.: En Bolivia. Evo Morales hizo adoptar una reforma similar cuando era presidente y, desde entonces, los jueces de altas cortes son elegidos popularmente. Ha sido un desastre. Por un lado, hay una muy baja participación, y quienes participan no tienen, en la mayoría de los casos, criterios para elegir a quien realmente puede desempeñar de manera adecuada la función judicial. Es como si tuviéramos que elegir popularmente a los médicos. Suponga que para el cargo de neurólogo hubiera una elección popular, y entonces a usted lo operaría no el mejor, sino el que sacó más votos.
CAMBIO: ¿Hoy esos jueces podrían servir a un sector político y mañana a otro?
C.B.: Exacto. Y es todo lo contrario a lo que debe ser un juez: los jueces son árbitros en una disputa, y esto es lo que se pierde en estos procesos. En Bolivia, la clase política los capturó; dejaron de ser árbitros que resuelven los conflictos según el derecho y se convirtieron en actores políticos al servicio, primero, de Evo Morales y ahora, del actual presidente, Luis Arce. Los jueces capturados por las dinámicas políticas sirven al presidente de turno.
CAMBIO: ¿No son buenos tiempos para la justicia en América Latina?
C.B.: En América Latina estamos viendo una tendencia peligrosa: en México, el control del poder judicial se intenta mediante esta reforma constitucional. En Nicaragua y Venezuela, los jueces son apéndices del Ejecutivo. Ya hablamos del caso de Bolivia. En El Salvador, Bukele tomó control de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. La pérdida de autonomía e independencia del poder judicial es una tragedia para las sociedades democráticas. Es una catástoffe.
CAMBIO: ¿Por qué cree usted que el presidente Petro hizo mención a que deberíamos ir hacia ese modelo?
C. B.: Bueno, empecemos por decir que, al inicio de su alocución, tuvo un pequeño lapsus que hay que resaltar. Cuando mencionó el modelo de México, la siguiente frase inconclusa fue “pero eso no es…”. Creo que quería decir que no cree que sea el modelo adecuado. Pensaría que hay una esperanza de que entienda lo catastrófico que sería para un Estado de derecho quedarse sin jueces independientes e imparciales, sin árbitros especializados y técnicos que no se deban a las mayorías políticas. Sin jueces que protejan, por sobre todo, los derechos fundamentales de las minorías. Él ha sido minoría y sabe lo importante que es esta garantía para quienes no están en el Gobierno.
CAMBIO: Supongamos que no fue un lapsus, y que el presidente realmente tiene en mente impulsar ese modelo. ¿Por qué sería?
C.B.: Creo que el presidente llegó emocionado con la retórica mexicana de la Cuarta Transformación, y eso es un error. Por ejemplo, la llamada Cuarta Transformación ha militarizado al país, que fue todo lo contrario a lo que López Obrador prometió en su campaña. Le entregó no solo la Guardia Nacional, originalmente un cuerpo civil, sino también el manejo de parte de la infraestructura, como el nuevo aeropuerto o el Tren Maya. Hoy los militares tienen muchísimo más poder y muchos menos controles. No hay ningún esfuerzo en la búsqueda de personas desaparecidas ni en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos.
CAMBIO: ¿México no es hoy un modelo por seguir?
C.B.: No creo que sea un ejemplo de buena gobernanza democrática. Sin embargo, ellos lo cuentan de una manera épica que hace que a ciertos sectores les genere emociones positivas. Pero creo que es errado. Desde una perspectiva democrática, es un mal modelo. Por ejemplo, si no se frena la implementación de la reforma constitucional de la que estamos hablando, me parece que será el principio del fin de la democracia en México.
CAMBIO: El presidente Petro ha dicho que en Colombia hay un golpe de Estado que él llama “golpe de las corbatas”. Este pulso, ¿cómo impacta a las personas que administran la justicia en Colombia?
C.B.: No puedo decir lo que sucede en las salas donde deliberan los jueces, pero creo que hay varios fenómenos en juego. El presidente debería dejar de hablar de "golpes de corbata" o "golpes blandos". No se puede jugar con esos conceptos.
CAMBIO: El presidente Petro se queja porque las cortes le han frenado varias de sus iniciativas.
C.B.: Es cierto que el poder judicial ha frenado importantes iniciativas gubernamentales. Eso no constituye un golpe.
CAMBIO: ¿Entonces?
C.B.: Algunas de esas iniciativas gubernamentales pueden ajustarse a la Constitución y otras no, y la tarea de las cortes es justamente la de hacer esa revisión. Las cortes no deciden si una propuesta es buena o mala, sino si es constitucional o no, y a veces pueden adoptar decisiones equivocadas. Sin embargo, hay que evaluarlas por los razonamientos que usan para soportar sus decisiones, y no por la alineación de la decisión con un determinado partido. El presidente y los otros actores políticos deberían ser mucho más cuidadosos con este tipo de expresiones. En particular sobre el “golpe de Estado” a raíz de la decisión del CNE, me remito al juicioso análisis de Rodrigo Uprimny. A mi juicio, es una decisión muy cuestionable. Pero el CNE no puede destituir al presidente. Si encuentra irregularidades, remitirá el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.