La Procuraduría alista pliego de cargos contra Álvaro Leyva por licitación de pasaportes

Según el Reporte Coronell de este miércoles, una fuente cercana confirmó que la Procuraduría General tiene suficientes razones para formular un pliego de acusaciones en contra del canciller Álvaro Leyva y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez por la licitación para la fabricación de los pasaportes. 

Luego de que ya se había evaluado al contratista Thomas Greg and Sons y se le había dado una puntuación máxima de 1.000 sobre 1.000, el canciller Leyva decidió cancelar el proceso de licitación de fabricación de pasaportes porque no habría sido transparente.

Por su parte, la empresa llamó a una conciliación con el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de presentar una demanda por 120.000 millones de pesos. Fue así cuando la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado de ese entonces, Martha Lucía Zamora, le recomendó a la Cancillería conciliar. 

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Posterior a eso, se conoció que el canciller gritó a Zamora y que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de la exdirectora de la ANDJE. 

Posterior a la renuncia de Zamora, se descubrió que Juan Carlos Losada Perdomo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, había fallado a favor de Álvaro Leyva en un caso de calumnia cuando era fiscal, y que mantenía una amistad con el hijo de Leyva, Jorge Leyva.

De igual forma, Martha Lucía Zamora reveló en una entrevista en W Radio que tenía información sobre una reunión en París en la que participaron Juan Carlos Losada Perdomo, el hijo del canciller Jorge Leyva y personas interesadas en la licitación de pasaportes. Aunque Losada Perdomo emitió un comunicado explicando esas reuniones, la metadata del documento sugiere que el verdadero autor es Jorge Leyva.

Ante esto, el periodista Daniel Coronell, publicó en una de sus columnas para Los Danieles, 30 preguntas que le haría al canciller para esclarecer los hechos, sin esperanza alguna de que respondiera. Pero dos lectores enviaron las preguntas a modo de derecho de petición a Leyva: Luis Alberto Arango, columnista de CAMBIO y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. 

El 10 de enero, Andrés Mauricio Hernández, asesor legislativo de la Cancillería encargado de las relaciones con el Congreso, respondió al doctor Arango indicando que no podía proporcionar una respuesta en ese momento y que extendería el plazo del derecho de petición. Sin embargo, el 9 de enero, un día antes, el canciller Leyva respondió a una solicitud idéntica de la representante Jennifer Pedraza. Es decir, las respuestas que se dieron en un caso fueron negadas en el otro, alegando que aún no estaban listas.

Finalmente ni la representante Pedraza, ni la Procuraduría, quedaron satisfechas con las respuestas proporcionadas por el ministro Leyva y por eso se abrirá el pliego de acusaciones. 

Coronell llamó a la representante Pedraza para abordar el tema de las respuestas obtenidas en el derecho de petición, a lo que ella comentó inicialmente que varias respuestas al derecho de petición indican que el canciller no está dispuesto a proporcionar la información solicitada. Además, señaló que queda clara la responsabilidad del canciller Leyva en el proceso de licitación de pasaportes, ya que él afirma que la apertura de la licitación ocurrió durante su mandato como ministro de Relaciones Exteriores y bajo su responsabilidad.

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