“Las palabras de Gustavo Petro y Francia Márquez son oportunistas”, miembro de la primera línea

“Que viva la primera línea”, gritó la vicepresidenta Francia Márquez desde una tarima instalada en la ciudad de Cali. Márquez, que salió a marchar para conmemorar el día del trabajador, terminó un breve discurso con esta frase que reivindicó a esta organización social que surgió a raíz del paro nacional de 2019. 

Además de recibir fuertes críticas por parte de la oposición, que la han señalado a ella y al presidente Gustavo Petro de alentar el terrorismo urbano, hay otros críticos que han asegurado que su discurso no pasa del oportunismo: se trata de los mismos integrantes de la primera línea. 

“Si no se cumplen las promesas que nos fueron hechas, como la liberación de los presos políticos, o el desmonte del Esmad, todo lo que digan tanto el presidente como la vice será vacío”, asegura Simona, una de las integrantes de los Escudos Azules de Bogotá y, a la vez, una de las integrantes más visibles del movimiento. No es la única inconforme. 

Las promesas sin cumplir

El 22 de diciembre del año anterior, fue liberado el primer miembro de la primera línea que, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, pasaría a convertirse en gestos de diálogos de paz en su propia comunidad. Se trató de Santiago Márquez, que estuvo preso en Girón, Santander, y fue miembro activo de la primera línea de la calle 80 de Bogotá. 

Junto con él fue liberada Adriana Bermeo, de la misma primera línea, y otros siete voceros que, para entonces, tenían la ilusión de salir de la cárcel antes del 24 de diciembre. Sin embargo, el plan de liberar a todos los presos políticos no ha terminado de cumplirse. “Si no estoy mal, liberaron apenas a 18 integrantes, de los cientos que están capturados”, asegura Simona. 

Ella insiste en que no está bien que se utilice el nombre de la primera línea para crear simpatía con el movimiento social cuando todas las promesas han sido incumplidas: “Porque no estamos hablando solo de los presos políticos, también estamos hablando de una reforma policial que no se ha tramitado, y de un Esmad que no ha sido desmontado”, asegura. 

Por su parte, otros miembros de la primera línea consideran que estos pronunciamientos pueden ser leídos de dos maneras: por un lado, efectivamente, son oportunistas. Pero, por el otro, tener la validación de los mandatarios con cargos más altos en la política nacional hacia la primera línea, es también un alivio: “Estábamos ante un panorama que nos implicaba elegir a otras personas que simplemente condenaban todo el movimiento social y estigmatizaron ampliamente nuestras causas. Que los dos mandatarios políticos con cargos más altos en el país estén de nuestro lado, es una victoria que también podemos tener”, asegura Amok, otro de los miembros más visibles de la primera línea de Bogotá. 

A esto se suma Gareth Sella, integrante del colectivo Mocao–dedicado a la búsqueda de derechos para las víctimas de mutilaciones oculares por parte de la Policía–. Sella asegura que, aunque las reivindicaciones hechas por Petro y Márquez son muy importantes, es necesario que midan sus afirmaciones pues la mayoría de personas no entenderán todos los procesos internos que deben adelantar para lograr cumplirlas. 

“Como aún no somos mayoría ni en Congreso, ni en Senado, es lógico que los procesos tomen más tiempo en ser tramitados y que también seguro no salgan plenamente como quisiéramos. Sin embargo, es muy necesario que no se hagan promesas que pueden ser fácilmente malinterpretadas, solo por ganar simpatizantes”, señala Sella. 

¿Qué ha pasado con la reforma policial? 

Actualmente, la reforma policial avanza de dos maneras: por un lado, las organizaciones sociales han venido adelantando tanto informes, como consultas populares, que buscan reunir las voces de quienes han sido víctimas de la violencia policial. Además, buscarán entregar un pliego al Gobierno nacional, con peticiones concretas que ayuden a alimentar la reforma. 

Por otro lado, el Gobierno ya incluyó artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que buscan: “Una ‘transformación de la Policía Nacional para la garantía de los derechos, libertades públicas, convivencia y la seguridad humana´, también se plantea la eliminación del Esmad y el surgimiento de una unidad orientada a la solución pacífica de conflictos; se menciona también la profesionalización del cuerpo, el fortalecimiento de la veeduría ciudadana y un proyecto de ley para proteger la libertad de reunión, de manifestación y la protesta social”, asegura el concejal Diego Cancino, quien ha acompañado de cerca este proceso. 

Cancino además señala que el Gobierno tiene presente el traslado de la Policía hacia el Ministerio del Interior, para así cumplir también con las recomendaciones otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El concejal sí considera que, pese a que ha tenido avances, es hora de hacer más concretos los avances para que el malestar que existe, se pueda aliviar: “Es hora de sentar a la institucionalidad y a la juventud en mesas de construcción de una reforma, con fechas, responsables y una agenda claramente definida, que especifique cuáles son los mecanismos institucionales adecuados para las peticiones y propuestas que la sociedad civil ha construido”.