Los efectos en la paz total de la caravana del Estado con miembros del EMC

Uno de los éxitos de la negociación de paz entre el Estado colombiano y el Movimiento Revolucionario 19 de Abril (M-19) fue el entusiasmo y la confianza que generó en la mayoría de las instituciones y en la sociedad civil. Fue tan ejemplar lo que se hizo que, tras la firma y desmovilización, Colombia transitó hacia una nueva Constitución, promulgada el 4 de julio de 1991, con el sueño de consolidar la paz y la participación democrática. De hecho, uno de quienes le dijeron adiós a las armas para buscar el poder a través de los votos hoy es el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego. Confianza, sin duda, fue el elemento clave.

Ahora, en su condición de jefe de Estado, él es el responsable de la paz total, una apuesta con la que espera poner fin a todos los conflictos armados en el territorio nacional. Se trata de un objetivo tan ambicioso como fragmentado y que, ahora con el caso de la caravana de siete camionetas en las que iban 34 personas, algunas de ellas señaladas de recientes masacres, lo pone en una situación crítica.

En palabras coloquiales, todo salió mal. “Es indiscutible que lo ocurrido en Antioquia con miembros del Estado Mayor Central resta aún más credibilidad de los colombianos en la mal llamada paz total, dice el analista Luis Ernesto Gómez. “Sin embargo, es también una oportunidad para recordar que los procesos de paz están llenos de sapos incómodos por tragar. Ningún proceso de paz puede prosperar si la expectativa de los desmovilizados es entregar las armas para que los maten al día siguiente. Si se llegara a firmar un acuerdo de paz con el EMC, sobre lo cual soy muy escéptico, el Estado debe proteger a quienes se desmovilicen”, añade.

“Los hechos de la caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la presencia de personas con órdenes de captura y otras irregularidades habla mal del Gobierno; debe tener juicio y rigor en cada uno de los procedimientos de este proceso de paz”, reconoce de manera autocrítica un funcionario gubernamental. “Hay que tener control de cada uno de estos procedimientos, es responsabilidad del gobierno llevar el proceso de paz en el marco del estricto cumplimiento de la ley”, agrega en diálogo con CAMBIO, una afirmación que revela el impacto de lo ocurrido hasta en los despachos oficiales.

Todo lo que podía salir mal, salió mal

¿Cómo explicarle a la ciudadanía que la caravana de siete camionetas del Estado, con miembros de las disidencias de las Farc a bordo, recorriera más de 600 kilómetros por las carreteras del país? ¿Si iban para los llanos del Yarí y salieron del Catatumbo, por qué resultaron dando la vuelta por Antioquia?

Solo hasta este martes, a las 5:00 a.m., en el sector de Puente Gabino, en el corregimiento Porce (Santo Domingo), cesaron su marcha ante los requerimientos de un puesto de control del Ejército Nacional. Lo ocurrido desde ese punto también refleja la ausencia de reglas claras para resolver una situación de esta índole. Los ocupantes, en un comportamiento por lo demás soberbio con la fuerza pública, se negaron a bajar. Así permanecieron rodeados por la tropa durante nueve horas. Dentro de los vehículos estaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien es el segundo al mando de esta estructura y quien actualmente está en negociaciones con el Gobierno; y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, líder del frente 18, y Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, comandante del frente 36, señalado de ser el responsable del ataque en donde fueron asesinados seis soldados en Valdivia.

De esa acción, ocurrida en la tarde del 4 de julio, el presidente Petro afirmó: “Lamentable la muerte de seis soldados en campo minado de Valdivia, Antioquia. Más jóvenes muertos en la guerra de la codicia... mi sentido pésame a sus familias de colombianos y colombianas decentes”.

Dentro de los vehículos hasta ahora se han encontrado armas de fuego y cortopunzantes, municiones, 100 millones de pesos, celulares, teléfonos satelitales, USB, agendas, computadores y radios de comunicación, entre otros elementos. Además del material, una romería de personas con antecedentes, órdenes de captura y hasta la novia de Calarcá, Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika Castro. “La persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos”, se excusa Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Las insuficientes explicaciones de un Gobierno confundido

“Esta caravana estaba autorizada por el Gobierno nacional para transformaciones territoriales. Se ha detenido a uno de los comandantes, cuya suspensión de orden de captura está en trámite. Es una situación irregular y no se ha procedido de acuerdo con la ley. Esperamos que esa situación se aclare”, aseguró, por su parte, Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos con el EMC.

Se trata de un hecho difícil de digerir. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ilustra con un ejemplo su sensación: “Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo dos alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la Gobernación al de San Rafael, también amenazado, y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país con armamento, con dinero en efectivo, con oro”.

Las explicaciones hasta ahora son, además de insuficientes, una completa burla. Carlos García, alias Andrey, jefe de las disidencias de las Farc EMC, habló en La W y dijo que se habían sentido “humillados” cuando los militares les pidieron bajar para una requisa. A la pregunta de por qué llevaba tanto dinero en efectivo dijo que era para pagar peajes y sus viáticos. El tono, el lenguaje, los términos usados, lo que llevaban -dólares y oro-, muestran más a un integrante de una organización narcotraficante que a un grupo de revolucionarios que luchan por los pobres del mundo.

“Mientras son asesinados líderes sociales e indígenas en muchas regiones, los cabecillas de bandas armadas van como reyes en las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los ciudadanos, pero de protección para quienes los amenazan. Paz sí, pero no así”, dice el analista político Juan Carlos Flórez.

Por la lluvia de reacciones en contra, es natural concluir que este hecho tendrá consecuencias imprevisibles en la ya frágil paz total, una política que ha ido de sobresalto en sobresalto. “Han transcurrido ya dos años desde el inicio de la paz total, la política más importante del programa del presidente Petro. En estos dos años, el Gobierno ha cedido de manera incondicional arriesgando en no pocas ocasiones el capital político y la legitimidad de la búsqueda de la paz”, reflexionaba hace unos días Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado, en un artículo publicado en Razón Pública.

“A pesar de que la opinión pública está de acuerdo con una búsqueda negociada de la paz, también desconfía de la voluntad de paz de los diferentes grupos armados y considera que se ha cedido terreno en materia de seguridad”, manifestaba el autor en un texto previo a este escándalo.

“El contexto político en el que inicia la tercera legislatura, que será clave para aprobar temas de sometimiento a la justicia para grupos del crimen organizado y bandas delincuenciales, es adverso. Hay suficiente ilustración en el país sobre la manera en que los escándalos de corrupción afectan enormemente la credibilidad del gobierno y su relación con el legislativo”, advertía Mantilla.

Mientras que, en diálogo con CAMBIO, el senador David Luna (Cambio Radical) le exigía al presidente Petro absoluta transparencia en el tema, empezando por aclarar si en efecto su hermano, Juan Fernando, gestionó y acordó el Pacto de la Picota para favorecer con la paz total a organizaciones criminales.

Es de suponer que el caso de la caravana acentuará aún más la posición de quienes se niegan a entregar herramientas jurídicas en el Congreso para avanzar en negociaciones con grupos como el Clan del Golfo.

El analista Gabriel Cifuentes enumera cinco puntos a tener en cuenta de este caso que, seguro, se va a convertir en un punto de inflexión en la negociación:

1.    Es lamentable que se utilicen vehículos oficiales destinados para la seguridad de los colombianos, incluyendo líderes sociales que denuncian falta de protección, para conducir a miembros de las disidencias que no cuentan con salvoconducto y que, por ende, no deberían ser escoltados por parte de los funcionarios del Estado, sino capturados tal y como lo ha hecho el Ejército.

2.    En el operativo encontraron armas, dinero en efectivo y demás elementos como dólares y oro que habría que preguntar qué finalidad servían y de qué manera se relaciona el transporte de esos objetos con las negociaciones en curso.

3.    Representa una clara violación a los protocolos del cese al fuego no sólo que se movilicen miembros del grupo armado sin salvoconducto, sino también sin la compañía y presencia de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP, tal y como se estableció en el acuerdo.

4.    Son muchas preguntas y pocas respuestas así como la indignación ciudadana que, con todo derecho, reclama que de manera definitiva se suspenda el cese al fuego con este grupo, enumera Cifuentes.

5. “Con lo anterior se deja en claro que la agenda de seguridad del Presidente Petro está siendo secuestrada por las decisiones erráticas de funcionarios incapaces de blindar el proceso de paz”, advierte este analista.

¿Qué hacer ahora para evitar una crisis mayor en la paz total?

Pero, ¿entonces? ¿Hay posibilidades de recomponer este suceso que deja herida la confianza en el proceso? “A las puertas de retomar los ciclos de negociación, es importante para el país que los jefes de delegación aclaren lo sucedido, para que la confianza en el proceso no quede minada. Además, es necesario solicitar un mayor seguimiento a la forma en que se están utilizando estos sistemas de la UNP para movilizar miembros de grupos armados que se encuentran negociando en el marco de la ‘paz total’”, dice Francisco Javier Daza, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

“Se debe garantizar y prevenir que estos sistemas no sean instrumentalizados para el desarrollo de actividades ilícitas y legales por parte de integrantes de grupos que pueden encontrar en estos sistemas una forma de adelantar acciones asociadas al transporte de dinero y armas. Por ello, desde la propia dirección de la UNP deben hacer un monitoreo mucho más juicioso a este caso y a la forma en que están usando sus sistemas”, agrega en conversación con CAMBIO Javier Daza.

Colombia tiene muchas experiencias en los procesos de paz, varios de los cuales han llegado a buen puerto. "El éxito de la negociación de La Habana fue el método. Revisar muchas negociaciones anteriores y construir un proceso con protocolos claros. La llamada paz total es puro discurso, carece de reconocimiento entre la sociedad y organismos internacionales", dice el politólogo Arturo Charria Hernández, quien califica lo sucedido en la actualidad como “lamentable”.

Se vienen días difíciles para el presidente Petro en su propósito de alcanzar la paz total. Encuestas recientes muestran que su desaprobación ronda el 60 por ciento mientras apenas el 34 por ciento dice aprobar sus políticas. Es natural que este episodio le juegue en contra. Mala cosa para un proceso que necesita de altas dosis de confianza de parte de las instituciones y de la sociedad civil, como ocurrió precisamente cuando el M-19 se abrazó con el Estado.