
El debate será el próximo lunes en la Cámara de Representantes.
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Los gobernadores piden voz en el último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones en la Cámara
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En una carta pública, respaldada por todos los mandatarios departamentales, estos “animaron al Congreso de la República a dar ese paso fundamental” y pidieron poder asistir y participar de la discusión del próximo 2 de diciembre.
Por: Rainiero Patiño M.

En medio de la más reciente Cumbre de Gobernadores, denominada La Amazonia nos une, la sostenibilidad nos impulsa', desarrollada en Inírida, en el departamento del Guainía, los mandatarios presentes enviaron un mensaje directo al Gobierno nacional y al Congreso de la República, para que les permitan participar en el último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que está programado en la Cámara de Representantes para el próximo lunes 2 de diciembre.
“En los próximos días, el Congreso de la República dará el último debate a una reforma constitucional que marcará un hito en el cumplimiento de la autonomía territorial de departamentos, distritos y municipios que proclamó la Constitución. Nosotros, gobernadores de diversos departamentos de Colombia, queremos clamar por el apoyo del Congreso a la reforma del SGP”, señalaron los mandatarios, en una carta abierta.
Los gobernantes señalaron en la comunicación que coinciden en que consideran una transformación necesaria y urgente para el país la reorganización de la estructura del Estado y el fortalecimiento de las capacidades territoriales.
“Los gobernadores somos elegidos por el pueblo colombiano para ejercer el poder ejecutivo en los departamentos. El gobierno subnacional es fundamental para el normal funcionamiento de la gobernanza, y preocupantemente la actual estructura organizativa nos ha debilitado a niveles alarmantes, en los que hoy las gobernaciones no contamos con una capacidad para gestionar eficientemente el desarrollo de nuestros territorios”, añadieron.
En el concepto de los mandatarios, la reforma en discusión, que establece el crecimiento progresivo del SGP, hasta alcanzar el 39,5 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en 12 años, aunque da un paso positivo para redistribuir las cargas entre los niveles de gobierno, representa solo 7,5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento esperado según las actuales proyecciones del Banco de la República.
“Le rogamos al Congreso que dé ese paso trascendental. Entendemos que ha habido críticas al proyecto por un posible impacto fiscal si no se modifica la estructura del Estado, y desde ya, los gobernadores enfatizamos nuestro compromiso para que esa transformación se dé a través de la formulación de la Ley de Competencias”, reseñaron.
Y, además, los gobernadores dijeron estar dispuestos a participar activamente en la discusión que se desatará en el país en los próximos dos años para rediseñar las cargas del Estado. “Convencidos de que un Estado con unas cargas mejor distribuidas entre los distintos niveles de gobierno será más eficiente y eficaz al atender las necesidades de la población”, agregaron.
La carta pública, que tiene las firmas representativas de Carlos Amaya, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, y del director ejecutivo de la organización, Didier Tavera, también señala que, desde la visión de los gobernadores, en el articulado aún hay ajustes necesarios para garantizar que la reforma alcance su verdadero potencial y beneficie de manera justa a todos los territorios del país.
Primero, señalaron que la reforma no prioriza los recursos para atender adecuadamente las competencias transferidas a los territorios durante estos 33 años y cubrir los déficits estructurales existentes en sectores como educación, salud y agua potable. Y que las nuevas obligaciones asociadas con la descentralización de competencias en educación superior sustentan la necesidad de retomar el espíritu de la Constitución del 91 y retornar a la redacción inicial del proyecto en este asunto. Además, que se debe proteger la autonomía y garantizar que no sean utilizadas a futuro la sostenibilidad fiscal, el Marco Fiscal, el PGN y el aval de MHCP, para justificar retrasos o limitaciones en las transferencias.
