Los líos judiciales de los generales que aspiran a la rectoría de la Universidad Militar

Las próximas dos semanas serán de mucha actividad para los tres candidatos a la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada.

Los aspirantes han sostenido varias reuniones con representantes de los estudiantes, profesores y sindicatos, para exponerles sus propuestas.

La elección ha generado no sólo el interés de la comunidad académica, sino de la opinión en el país. El manejo que se le ha dado a la institución en los últimos cuatro años, por la actual administración, ha provocado diferencias.

El consejo académico, conformado por personas muy cercanas al actual rector, general Luis Fernando Puentes, votaron para buscar su reelección, una decisión que generó cuestionamientos por la serie de investigaciones que tiene en su contra.

Su gestión ha estado marcada por la controversia: una profesora lo denunció ante el Ministerio de Educación por acoso laboral, ha sido acusado por los dos sindicatos de violar sus derechos de carrera, de tener una actitud autoritaria hacia los docentes y de no permitir el reconocimiento de derechos de carrera docente, que corresponden al reconocimiento de puntos por productividad académica, ascensos, bonificaciones, entre otros, lo que ha derivado en el congelamiento de salarios desde 2020.

Los otros candidatos

El Comando General de las Fuerzas Militares escogió como su candidato a la terna de la rectoría al general retirado Jaime Agustín Carvajal,  exinspector del Ejército y cuya experiencia académica fue manejar en 2019 la Escuela Superior de Guerra.

Su nombre está siendo investigado luego de una denuncia presentada en Noticias Uno en 2020, en la que el coronel Alexander Lara Silva, denunció una mala contratación para el mantenimiento de los llamados vehículos oruga para transporte de personal militar.

Lara Silva asegura que el valor de un vehículo nuevo es de 310.000 dólares, pero afirma que el Ejército buscaba hacer un mantenimiento a vehículos de más de 40 años de uso por 307.000 dólares. Para el uniformado, la beneficiada del contrato sería la empresa española Star Defense, decisión que pondría en riesgo a las tropas. El coronel denunció que el general Jaime Carvajal, a pesar de ser el inspector del Ejército en esa época, estuvo involucrado en el proceso de contratación.

"El día 11 de mayo de 2020, el general Carvajal citó a videoconferencia a las dos empresas oferentes, con el propósito de realizar una entrevista a través de un listado de preguntas, para ampliar los detalles de la oferta presentada por cada empresa. Desde la intervención del mayor general Carvajal en el proceso, fui un contradictor de realizar la compra de vehículos viejos, teniendo en cuenta que el proyecto de inversión estaba matriculado en DNP para la Versión M113 A3. Por ello, solicité formalmente retirarme del proyecto que yo había iniciado", aseguró el coronel a Noticias Uno.

En su defensa, el general Carvajal afirmó que, como inspector, nunca estuvo involucrado en este proceso contractual, sino que realizó un estudio para determinar o recomendar si se compraban estos vehículos o se les hacía mantenimiento.

El tercer candidato escogido por el Ministerio de Defensa para la terna es el general retirado Javier Alberto Ayala, uno de los exaltos oficiales con mayor conocimiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Él fue uno de los oficiales que sonaban para tener un alto cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero una denuncia por acoso sexual produjo su salida de la carrera militar.

La denuncia la presentó el mayor Mario Andrés Peñuela, en junio de 2022, subalterno de Ayala. Según Peñuela, Ayala habría empezado a acosar a su esposa, al mandarle mensajes con contenido sexual. Además, Peñuela afirma que Ayala truncó su ascenso a teniente coronel.

En los informes, el mayor presentó pruebas como llamadas y mensajes abusivos con alto contenido sexual desde los teléfonos personal e institucional de Ayala, además de una minuta de las veces en que el general Ayala fue a la casa de la familia en ausencia de Peñuela. También consta en los informes el envío de costosos regalos a la esposa de Peñuela por parte de Ayala. El caso terminó como una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Ayala recusó a su subalterno por injuria y calumnia. Ese proceso avanza en los estrados judiciales, a la espera de una decisión.