Policía Nacional se niega a pedir perdón a las víctimas de violencia del 9S, según informe
Crédito: Colprensa - Álvaro Tavera
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La relatoría independiente que, en su momento, solicitó la alcaldesa Claudia López tras las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, recomendó la realización de un “acto solemne de responsabilidad y petición genuina de perdón a las víctimas”. Informe muestra que la entidad no lo hará a menos de que tenga una orden judicial.
Por: Pía Wohlgemuth N.
Julieth Ramírez tenía 18 años y estudiaba psicología e inglés. En la tarde del 9 de septiembre de 2020, después de pasar un rato con una amiga, caminó hacia la tienda Oxxo del sector de La Gaitana, Suba, para comprarse una gaseosa. Se encontró con un caos absoluto —provocado por las protestas que se desataron tras el homicidio de Javier Ordóñez a manos de dos policías—, pero siguió caminando a paso rápido, hasta que una bala le atravesó el pecho. Se desmayó y la llevaron al centro de salud más cercano, en donde murió por el disparo que, todo indicaría, salió del arma de un miembro de la Policía Nacional. Solo 24 horas después de esto, el CTI de la Fiscalía llegó al lugar y no encontró el proyectil.
Tres años más tarde, su padre, Harold Ramírez, considera que la Policía Nacional debería pedir perdón de manera pública por su “actuar material directo del crimen”. Eso mismo sienten otras víctimas, que si bien reconocen el acto de reconocimiento de responsabilidad de Iván Velásquez, ministro de Defensa, en compañía de Claudia López el pasado 9 de septiembre de 2022, consideran que hace falta más.
La Policía no ha pedido perdón, pese a que la relatoría independiente (Relatoria 9S), solicitada por la alcaldesa Claudia López después de lo acaecido entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020, recomendó a la institución hacer un acto de responsabilidad y petición genuina de perdón a las víctimas “de violencia, abuso o brutalidad policial”.
El informe “Seguimiento a las recomendaciones de la Relatoría de la Masacre del 9S y de la CIDH sobre al Estallido 2021”, que se presenta este miércoles a la Alcaldía de Bogotá, revela que la institución no solo no ha pedido perdón sino que se niega a hacerlo, en general, para todas las víctimas de entonces. “Es algo que tienen que hacer los oficiales que estuvieron al mando ese día”, le dijo una víctima a los autores del informe.
Según el documento redactado por los autores de la relatoría y la ONG Temblores, la Policía Nacional manifestó, en respuesta a un derecho de petición "que, en su entendimiento, sólo habría lugar a realizar un acto semejante cuando se profiera un fallo judicial que así lo ordene y que, dado que a la fecha no se ha dado una sentencia en ese sentido, la Policía no está obligada a cumplir con esta solicitud”.
Harold Ramírez, padre de Julieth, también siente una frustración grande por la inoperancia del sistema judicial en el asesinato de su hija. Que el caso no avanza. Ve dilación de la justicia, lamenta la lentitud del sistema. El caso sigue en indagación y todavía no hay una persona clara bajo investigación por el homicidio.
De hecho, según el informe de seguimiento, de las catorce muertes en esas fechas, solo hay sentencias condenatorias en un caso: el de Javier Ordóñez. Aparte, hay dos procesos en etapa de juicio oral, tres más ya pasaron audiencias preparatorias de juicio oral y siete están en etapa de indagación en la Fiscalía General de la Nación. El dato que resume esto es que el 46 por ciento de los casos en curso todavía está en la fase inicial del proceso penal acusatorio.
Uno de dichos casos es particular, porque fue ignorado hasta que la Relatoría 9S se publicó en diciembre de 2021. Se trata del homicidio de Cristian Alberto Rodríguez Cano, cuyo caso fue archivado por la Fiscalía y ni siquiera formaba parte de las cifras oficiales de víctimas del 9 y 10 de septiembre.
Las otras fallas del Estado
Otro de los aspectos en los que ha fallado el Estado, es en brindar acompañamiento psicológico y de salud mental a las víctimas, que les sirva para sobrellevar el duelo y el trauma.
En general, muchas víctimas coinciden en que la Alcaldía de Bogotá hace muchas cosas “para la foto”, pero no materializa suficientes acciones de apoyo que sean útiles. Sienten que los esfuerzos son insuficientes. Por eso, sumado a la falta de avance en los procesos judiciales, se sienten desgastadas.
En contraste, las familias rescatan las iniciativas de casas de la memoria Suba y Usaquén, en donde hacen capacitaciones, actos y otras actividades de memoria. También destacan el trabajo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
El desempeño de la Alcaldía de Bogotá parece mucho mejor que el de la de Soacha, encabezada por Juan Carlos Saldarriaga. Para las víctimas, el mandatario ha sido “revictimizante e indolente” y no ha acompañado de ninguna manera a las familias de tres personas asesinadas en el municipio entre el 9 y el 10 de septiembre.
Los pedidos para los nuevos alcaldes
A propósito, las víctimas esperan que durante el mandato de Carlos Fernando Galán no las abandonen. Le piden que “mantenga la apertura hacia las víctimas y que redoble esfuerzos para brindarles apoyo psicológico, oportunidades laborales y de estudio y, en algunos casos, que les brinde las ayudas económicas para pagar el arriendo de las tumbas”, entre otras cosas. Esperan que facilite la reconciliación entre la Policía y la ciudadanía.
Al nuevo al alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, las víctimas le solicitan que asuma las responsabilidades que debe tener en el acompañamiento social, psicológico y en las iniciativas de memoria, que han estado totalmente ausentes.
Las conclusiones
En total, el Estado recibió 31 recomendaciones de la Relatoria 9S, de las cuales 16 fueron para la Policía, la entidad que más recibió. Este informe de seguimiento se enfocó en 24 de estas, porque de las restantes no fue posible obtener suficiente información. Aparte, porque la ONG Temblores tiene asignado el seguimiento específico de una de ellas: la que se enfoca en el seguimiento, a su vez, de las recomendaciones que hizo la CIDH.
De esas 24, 9 están pendientes de cumplimiento, 5 están parcialmente completas, 5 ya se implementaron por completo, 3 tienen un cumplimiento parcial sustancial y 2 se han incumplido totalmente.
Las recomendaciones analizadas acá están divididas en ejes: derecho al acceso a la justicia (5), derecho a la reparación (4) y derecho a las garantías de no repetición (22).
Al poner el foco sobre la Policía Nacional, el informe detalla que no hay información suficiente sobre seis de estas sugerencias. Las otras diez restantes tienen distintos estados de cumplimiento: cuatro de ellas fueron totalmente satisfechas, aunque una está totalmente incumplida.
Las otras están en el limbo: dos están pendientes, otras dos están en cumplimiento parcial y una última se cumplió de forma parcial sustancial. De cualquier forma, el documento reconoce mejoras en el “direccionamiento de la Policía Nacional y el inicio de un plan de transformación de esta institución”.
En general, el seguimiento a las recomendaciones de la Relatoria 9S muestra que aunque hay logros importantes, hay cosas que preocupan, como las antes mencionadas. Es necesario, anota el documento, que haya más transparencia y acceso a la información para fortalecer una evaluación integral de las acciones del Estado.
Así mismo, hace falta trabajar en las garantías del derecho a la protesta pública y darle prioridad en las discusiones legislativas en el Congreso.
