Avanza proyecto de ley sobre porte y tenencia de armas en Colombia: está a tres debates de ser ley

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca agilizar la renovación del porte de armas en Colombia. La iniciativa obtuvo 17 votos a favor y seis en contra, y aún debe superar tres debates más para convertirse en ley.

Aunque la tenencia de armas en el país está regulada, actualmente rige una suspensión del decreto que la autoriza. Esta restricción, renovada por el Ministerio de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2025, exige un permiso especial para portar armas. El proyecto plantea eliminar esta suspensión a nivel nacional, facilitando tanto la solicitud como la renovación del permiso de porte.

El representante por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills Ospina, quien ha impulsado proyectos similares desde 2020 y esta vez fue una vez más el autor de la iniciativa, aseguró que los delitos cometidos con armas de fuego legales son mínimos. 

“Gracias al acuerdo de paz, por un año se iba a prohibir el porte de armas en todo el país y quienes hoy las tienen con porte pues no pueden hacer uso de ellas, y les toca guardarlas. Esto ha incurrido en temas de corrupción. Quien quiera tener el porte de arma, le toca ir a un jefe de estado mayor para que le den un permiso regional, que vale entre 10 y 15 millones, buscamos quitar eso y fortalecer el departamento control de armas”, señaló Wills. 

El proyecto de ley también hace referencia a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en 2020, en la que se identificaron demoras significativas en la gestión de los permisos especiales de porte de armas.

Según el informe, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) tarda en promedio 924 días en completar este trámite. Este hallazgo revela deficiencias en los procesos internos del Ejército Nacional para otorgar dichos permisos.

El artículo 2 del proyecto de ley plantea que las personas podrán obtener el permiso para portar o tener armas dependiendo del uso solicitado y siempre que cumplan con los requisitos legales. 

Este trámite quedaría sujeto a la discrecionalidad de las autoridades y requeriría el pago de un cuarto de salario mínimo mensual vigente. El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria designada por el Comando General de las Fuerzas Militares, y la solicitud deberá presentarse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.

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A pesar del amplio respaldo en la votación, algunos sectores, especialmente el de la bancada del Pacto Histórico, expresaron su rechazo a la iniciativa. Heráclito Landinez señaló que armarse no es un derecho constitucional y es el Estado quien tiene el uso legítimo de estas. 

“Armarse no es un derecho fundamental, y los ciudadanos no tienen el derecho fundamental a portar armas. Portar armas es una potestad que le entrega el Estado a los particulares bajo unas condiciones particulares y eso lo ha dicho la Corte Constitucional”, dijo el representante en el debate.