Sancionan a Rodolfo Hernández por "expresiones injuriosas y calumniosas" contra el exalcalde de Floridablanca

Este viernes, la Procuraduría anunció que suspendió al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez por decir en público "expresiones injuriosas, peyorativas y denigrantes calumniosas" contra el exalcalde de Floridablanca Héctor Mantilla.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Hernández, en su programa Hable con el alcalde (difundido en Instagram y Facebook), emitido durante su administración en Bucaramanga (2016-2019), usó los siguientes términos para referirse al exmandatario Héctor Mantilla, primer mandatario de Floridablanca para la época de los hechos: "…que pague lo que debe allá, nos ha devuelto 20 veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería...".

Al ser una suspensión del ejercicio del cargo, la sanción se convierte en salarios básicos devengados para el momento de los hechos, suma que asciende a 41.207.226 pesos.

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Así mismo, la entidad halló que Hernández vulneró el principio de la moralidad contenido en la Constitución Política, puesto que en el ejercicio de sus funciones expuso públicamente al administrador municipal en 2019.

Por este motivo, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 catalogó la conducta de Hernández Suárez como grave, bajo el título de culpa gravísima. La resolución se produce después de que la entidad iniciara una investigación disciplinaria a principios de 2023 en respuesta a las quejas presentadas por Mantilla. Este último acusó a Hernández de realizar afirmaciones de manera reiterada que podrían haber afectado su buen nombre y el desempeño de su gestión.

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La sanción de la Procuraduría se impuso una semana después de que la Fiscalía imputara cargos contra Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros, quien también fungía como gerente de campaña. Al parecer, el entonces candidato había aportado 127 millones de pesos a su campaña presidencial, a pesar de enfrentar acusaciones por delitos relacionados con la administración pública, es decir, vinculados con la corrupción. Estas acusaciones le impedían legalmente financiar campañas electorales en ese momento. Los acusados se declararon inocentes.

"Los actos consistieron en que la gerente de la campaña, Socorro Oliveros, permitió la consecución y aporte de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar la campaña a la Presidencia, precisamente, de recursos propios de este aspirante, quien había sido acusado con anterioridad por la Fiscalía por delitos contra la administración pública", resumió la delegada del ente acusador.