Estas son las 18 pruebas que entregó Laura Sarabia a la Fiscalía de que no ordenó el polígrafo a Marelbys Meza

Tres horas y media duró el interrogatorio que rindió en la Fiscalía la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, en medio del proceso al que fue vinculada por el polígrafo que se le practicó a la que era su niñera, Marelbys Meza, después de sufrir hurto en su casa.

Laura Sarabia dijo a los fiscales que no ordenó, ni pidió, ni podía hacerlo, ninguna práctica de polígrafo o prueba de confiabilidad. Explicó que solo le informó a la jefe de su esquema de seguridad porque se encontraba fuera de Bogotá y que, cuando llegó a su residencia, ya la SIJIN estaba realizando los actos urgentes por el hurto. Sarabia enfatizó en que le informó a la jefatura de Protección presidencial, por su calidad de alta funcionaria y miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

La directora de Prosperidad Social aprovechó la diligencia judicial para entregar normas y decretos sobre las funciones que cumplía como jefa de despacho presidencial y que demuestran que no podía dar órdenes a los policías encargados de la protección presidencial, los cuales no eran subordinados suyos.

CAMBIO conoció en primicia el listado de las 18 pruebas que entregó Sarabia a la Fiscalía. Dentro del arsenal probatorio están el decreto 2649 de 2022, la resolución 0672 de 2021 y la resolución 2023, documentos que hablan de las atribuciones y funciones del cargo que desempeñaba en el momento de los hechos, cuando era de jefe de despacho presidencial.

Sarabia y su defensor, Jorge Mario Gómez, anexaron el manual de servicios y actividades de la Jefatura para la Seguridad Presidencial, el cual dice que la seguridad de los funcionarios de la Presidencia de la República que, por la naturaleza del cargo, funciones y nivel de riesgo así lo requieran, le corresponde a la Jefatura para la Protección Presidencial, liderada por el coronel Carlos Feria. Dice el documento que esa jefatura, puede, en consecuencia, “emprender acciones con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad libertad y seguridad personal de los protegidos”.

En la carpeta de Sarabia están anexados los resultados del Comité Evaluador de Riesgo y Recomendación de medidas, los cuales arrojaron que su nivel de riesgo y el de su familia era extraordinario. En consecuencia, el 10 de octubre de 2022, ese comité recomendó implementar un esquema de seguridad para ella, extensivo a su familia.

Sarabia también presentó las declaraciones ante Procuraduría de la teniente Sandy Yurenia Alvernia, responsable del esquema de seguridad de Sarabia; del teniente coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Jefatura para la Protección Presidencial, y del patrullero John Alexander Sacristán, poligrafista del grupo de estudios de seguridad de la JPP. Fuentes cercanas al proceso dijeron a CAMBIO que los uniformados demostraron que siguieron un protocolo legal vigente desde hace varios años y que ella no tuvo ninguna iniciativa.

Otra de las pruebas que presentó Sarabia es la declaración juramentada de Marelbys Meza Buelvas ante la Fiscalía el 6 de junio de 2023, en relación con los antecedentes de exámenes de polígrafo presentados con anterioridad, específicamente el que presentó por el hurto de un dinero en la casa de su antiguo jefe, Armando Benedetti. Asimismo, anexó otra declaración juramentada de Marelbys Meza ante la Procuraduría, de fecha 18 de agosto de 2023. Sobre este punto, uno de los documentos más reveladores que entregó Sarabia a la Fiscalía es uno en el que se mostraría un patrón de mendacidad de la exniñera, es decir, un análisis sobre todas sus contradicciones.

La funcionaria entregó a los fiscales la nota de prensa de CAMBIO en la que se reveló que también se les practicó el polígrafo a empleadas domésticas del padre de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, por hurtos en su casa.

Todas las 18 pruebas entregadas a los investigadores serán determinantes porque dejan claras las actuaciones personales y directas de Sarabia en los hechos materia de investigación. Sobre todo, en el sentido de si –por jerarquía– dependía de ella o no las decisiones que se tomaban de confiabilidad. 

Finalmente, Sarabia entregó a la justicia un oficio en el que el fiscal general, Francisco Barbosa, reconoce una comunicación que tuvo con ella sobre la intención la denuncia que ella había interpuesto por hurto, comunicación en la que Sarabia le dijo que no quería un trato preferencial. Durante la diligencia que fue solicitada inicialmente por su abogado, Sarabia le pidió a la Fiscalía que se aplicara en su favor la convención de Belém do Pará, para salvaguardar la confidencialidad como denunciante de actos de violencia política contra la mujer. 

El proceso contra Sarabia lo lleva la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez Sevilla, la misma que lleva la indagación por las pruebas de polígrafo practicadas en el caso de la vicepresidencia. La fiscal Gómez determinará, en los próximos días, si las explicaciones de Sarabia fueron suficientes para exonerarse de cualquier responsabilidad o si la llama a imputación de cargos.