La demanda contra el magistrado Gerardo Botero que podría costarle 1.300 millones de pesos

Una decisión de embargo de un predio que tomó en 1994, cuando era juez laboral en Manizales, podría costarle a Gerardo Botero Zuluaga 1.384 millones de pesos. La demanda fue presentada contra él por la propia Rama Judicial, para recuperar esa cifra.

Los 1.384 millones de pesos se le tuvieron que pagar a los herederos de Tulio Montoya Vélez, dueño de la finca La Cedalia, en Risaralda, quienes demandaron a la nación y ganaron, luego de que el bien embargado, una importante finca cafetera, les fuera devuelto en condiciones deplorables.

Para la Rama Judicial, los culpables del daño sufrido por la familia Montoya, que terminó en una condena contra la nación dictada en 2013, fueron Botero y el auxiliar judicial Marco Fidel Duque Quiceno. Botero, por ser el juez que inicialmente ordenó el embargo; Duque Quiceno, por ser el secuestre, es decir, la persona que debía administrar el bien embargado.

El recurso que puso la Rama Judicial se llama ‘demanda de repetición’ y lleva siete años pasando de agache. Se presentó en noviembre de 2016 ante el Tribunal Administrativo de Caldas, que apenas en octubre de 2023 dijo que no podía resolver el caso porque Botero es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que, entonces, el que debe resolverlo es el Consejo de Estado.

El caso llegó, efectivamente, hace unos días al Consejo de Estado, aunque todavía no está asignado a ningún magistrado.  La resolución podría tardar años.

¿Qué fue lo que supuestamente hizo mal Botero? ¿Por qué fue condenada la nación? ¿Qué responde el jurista? 

La finca, el embargo y los robos

El auxiliar Duque Quiceno debía administrar la finca ubicada en el municipio de Santa Bárbara, Risaralda, hasta la finalización del embargo, pero lo que la familia encontró cuando finalmente la recuperó fue un escenario completamente diferente al que entregaron. Los cultivos de café desaparecieron, las construcciones que se habían habilitado para albergar a 190 trabajadores estaban abandonadas y parte del inmueble había sido ocupado por terceros.

Ese inmueble tenía materiales de construcciones para empleados con cocinas y baños debidamente equipados, tanques, maquinaria, áreas para el trato de los granos de café. Pero muchas de estas cosas habían sido robadas. Así lo dijo el propio Duque Quiceno en un informe del 11 de julio de 1995.

“El 95 por ciento más o menos de la finca, respecto del café, es irrecuperable. Se trata de una tierra muy extensa, y sólo tiene unos pequeños lotes en contorno de la casa principal que podrían recuperarse en tal sentido, por lo tanto, se está estudiando la posibilidad de recuperarla respecto de otros productos que vienen en corto plazo”, indicó en ese momento, asegurando que se había puesto denuncia ante la Inspección local por los robos, entre otros.

El proceso ejecutivo que había dado lugar al embargo terminó el 4 de abril de 1997; pero Duque Quiceno no hizo la entrega material de los bienes, por lo que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, ya no a cargo de Botero –quien lo dejó para llegar como magistrado auxiliar a la Corte Suprema–, comisionó a otro juzgado para que la hiciera, lo cual se dio en agosto de 1997.

Este juzgado constató que el auxiliar Duque había, además, vendido algunos bienes de la finca, supuestamente para evitar su robo. En mayo de 1998, el Juzgado de Manizales, a cargo ahora de Gloria Cecilia Patiño, le canceló a Duque la licencia. La familia Montoya demandó a la nación por los daños producidos y recibió la indemnización, ordenada en marzo de 2016.

La demanda y lo que dice Botero

Para la Rama Judicial, el hecho de que la nación haya sido condenada implica que Botero y Duque Quiceno son los responsables de lo que pasó porque “incurrieron en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por su irregular actuación dentro del proceso ejecutivo laboral mencionado”.

“El primero (Botero), por no exigir al secuestre la caución de buen manejo y no haber seguido y vigilado las actuaciones de este y, el segundo (Duque) por las actuaciones irregulares, descuidadas y negligentes frente a los bienes que tenía bajo su custodia”, dice la demanda.

La defensa de Botero Zuluaga dice que la responsabilidad no recae sobre él. Primero, porque el embargo que él ordenó el 13 de octubre de 1994 fue levantado por otro juez, específicamente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, en agosto de 1995.

Segundo, porque él era el juez del caso, pero no el encargado de administrar el bien. “Cómo el doctor Botero Zuluaga no fue auxiliar de Justicia, ni fue el causante de ningún daño a ese bien inmueble; entre otras cosas porque los jueces, en este tipo de asuntos no son administradores de bienes ni actúan en tal sentido”.

Tercero, dice la defensa de Botero, porque cuando Duque Quiceno fue nombrado secuestre (en marzo de 1995), recibió instrucciones suyas. Y porque en junio de 1995 el juez Botero le ordenó que presentara una caución, lo cual en efecto sucedió, ante una compañía de seguros. Según la defensa, esto prueba que Botero sí le exigió al secuestre la caución del buen manejo que prevé la ley para estos casos.

“Esta prueba documental determina la imposibilidad de que se derive consecuencia alguna en el campo de responsabilidad civil al doctor Gerardo Botero Zuluaga (…) Si la caución milita en el expediente como de ello da cuenta el recibo de la póliza # 248814 expedido por la compañía de Seguros Atlas S.A., no puede ser cierta la aseveración de Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y así deberá ser reconocido.

La defensa también dice que la supuesta responsabilidad que se le endilga por la demora en la entrega del bien, una vez finalizó el proceso judicial, no es culpa suya porque él dejó el juzgado el 15 de julio de 1997: “Cuando se hizo la entrega efectiva del bien y se supo en qué condiciones estaba, el doctor Gerardo Botero Zuluaga, ya no era el titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, por lo tanto mal hubiera podido adoptar alguna decisión respecto de los acontecido con el bien inmueble y por lo tanto de esos resultados no puede responder”, dice la defensa.

Ante esos argumentos, la Rama Judicial dice que, de todas formas, Botero fue titular del despacho mientras se dieron las omisiones de cuidado al bien, que el daño sí se presentó y que no sólo se está reprochando las actuaciones del secuestre sino también el de Botero como juez “en lo que respecta a la vigilancia del proceso a través de los informes que se le hace al auxiliar de justicia”.

Ahora, será el Consejo de Estado el que defina si Botero tuvo responsabilidad o no en las supuestas omisiones que le cuestiona la Rama Judicial y si deberá pagar de su bolsillo, junto con Duque Quiceno, los 1.380 millones de pesos en debate.