La historia de un ‘error de cálculo’ que le puede costar una millonada al Estado

Miles de demandas de exfuncionarios judiciales –entre ellos jueces, agentes del Ministerio Público y magistrados de los tribunales– se pueden convertir en una de las reclamaciones más onerosas para el Estado, pero también en la evidencia de cómo un error de cálculo afectó durante años los ingresos mensuales de estos servidores judiciales, que ahora buscan subsanar lo que consideran una injusticia.

En palabras sencillas, a los magistrados de tribunales y a los jueces se les prometió en 1992 (y así se dispuso por ley) una prima del 30 por ciento adicional a su sueldo. Así, por ejemplo, si alguien ganaba un millón, debía recibir 1,3 millones al mes. Pero en realidad lo que pasó es que esa prima la metieron dentro del sueldo y la persona terminó recibiendo un millón, consistente en 700.000 del sueldo y 300.000 de la prima.

¿Por qué? Porque, aunque la Ley 4° de 1992 dijo que esa prima no tenía carácter salarial, el Gobierno de entonces, en 1993, reglamentó ese mandato como parte de la asignación básica de los beneficiarios, que incluye también a los delegados departamentales del registrador, al registrador de Bogotá, y a los jueces, magistrados, fiscales y auditores de la Justicia Penal Militar.

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Según las reclamaciones, la prima que debía ser adicional no fue un ingreso extra, sino una reducción de su sueldo en 30 por ciento que afectó, de paso, la base con la cual se calculaban las prestaciones sociales. ¿De cuánto se está hablando?

Hay varios casos. A la exjueza Martha Valencia Galvis, quien encabezó nueve despachos judiciales entre 1993 y 2007, le habrían dejado de pagar 176 millones de pesos en ese periodo. El exmagistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia Jorge Octavio Ramírez habría dejado de percibir una cifra cercana a 309 millones de pesos, que reclama en condición de magistrado de Tribunal y no por su tiempo como magistrado en el Consejo de Estado, al que llegó después.

Ese cálculo lo hizo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura Pablo Cáceres, exmagistrado que ha liderado el proceso desde hace años. En 2014, Cáceres logró que el Consejo de Estado anulara todos esos decretos con los que se hicieron pagos de la prima especial de servicios entre 1993 y 2007 y les diera la razón, indicando que sí hubo un error de interpretación.

Solo el exmagistrado Cáceres lleva casi 700 demandas que buscan que se reconozca, con efectos retroactivos, esa plata que dejaron de percibir y a la que tenían derecho. Para ser claros: no piden la prima porque esa sí la recibieron, sino el 30 por ciento del sueldo que les fue cortado, según ellos, ilegalmente. Por eso, el jurista, quien también fue consejero de Estado, dice que en este asunto el reclamo no debe centrarse en lo que puedan costar estos procesos o en la falta de plata para pagarlos, sino en resolver una injusticia.

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“No es lo que le cueste al Estado sino lo que le robaron a la gente. Durante todo ese tiempo le han quitado al trabajador. La incrustación de la prima especial dentro del salario básico desobedece la ley. El criterio del legislador fue la de incrementar los ingresos de los funcionarios para los cuales creó la prima y, con estas decisiones, ese aumento no se hizo realmente”, dijo Cáceres.

La situación es ampliamente conocida por la Rama Judicial y por el Gobierno, que en marzo de 2021 expidió un decreto que dejó en claro, de una buena vez, que esa prima sí es adicional al salario y que equivale al 30 por ciento de este. En ese sentido, también hay una sentencia de 2019 que unificó criterios, ratificando una vez más que el pago desde 1993 se hizo mal, y señalando que, en consecuencia, los beneficiarios de esa prima también tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el ciento por ciento de su salario básico, es decir, con la inclusión del 30 por ciento que había sido excluido a título de prima especial.

Más de 600.000 millones de pesos

Naslly Raquel Ramos Camacho, directora Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), le dijo a CAMBIO que, por los procesos judiciales con obligaciones anteriores a 2021, es “inviable presupuestalmente presentar (una) fórmula conciliatoria, debido a que no se cuenta con la apropiación presupuestal que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales”.

El Grupo de Sentencias de la DEAJ, en 2023, ha realizado pagos por 6.658 millones de pesos y tiene 13 sentencias por 730 millones de pesos en turno en el Fondo de Contingencias, que es el que atiende obligaciones contingentes de entidades estatales. Y faltan por pagar 148.805 millones de pesos.

Según el aplicativo eKOGUI, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por temas relacionados con la prima especial de servicios existen, a 31 de agosto de 2023, 3.701 procesos judiciales con una provisión contable de 624.725 millones de pesos. Solo 3.087 están relacionadas con jueces; y 400, con magistrados, por valor estimado de 589.200 millones de pesos. 214 demandas más tienen que ver con controversias sobre la prima especial y otra bonificación que se creó para servidores judiciales en 2013.

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Esos valores, cabe precisar, corresponden a los estimados que hacen los abogados en las demandas, pero pueden variar en el momento del fallo. CAMBIO revisó el estado de tres de las demandas que se presentaron ante el Consejo de Estado por parte del exmagistrado Cáceres y allí se consigna la magnitud de las pretensiones por la reliquidación del salario básico, más las prestaciones sociales, y de lo que puede costar este proceso para la Rama Judicial.

Algunos casos y la primera mesa para tratar el asunto

Por ejemplo, una demanda une los casos de Blanca Doris Garzón, Jeanneth Naranjo, María Leonor Villamizar, Rafael Antonio Vélez y Joe Jack Hartmann Perdomo, cuyo reclamo de esa parte del salario que no se les pagó fue negada en 2015 por la Seccional de Cundinamarca de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Todos fueron magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y sus reclamaciones suman 645 millones de pesos.

Otra demanda une los casos de los exjueces Bellanith Marulanda Barreto, Martha Lucelly Valencia Galvis, Germán Duque Naranjo, Jair Quintero García, Martha Dolly Tirado, Mercedes Osorio Sierra y Elsa Echeverry Muñoz. Sus pretensiones, en conjunto, suman 1.086 millones de pesos.

Otro recurso que reúne los casos de los exmagistrados Gabriel Moncada Quintero y Jorge Octavio Ramírez –este último de cuando fue magistrado de tribunal en Antioquia y no como magistrado del Consejo de Estado al que llegó después–. Sus reclamaciones, en conjunto, suman casi 463 millones de pesos.

Ante este panorama, Naslly Raquel Ramos Camacho, directora ejecutiva de Administración Judicial, le dijo a CAMBIO que en marzo pasado y ante numerosos requerimientos de su parte, se llevó a cabo una primera Mesa Interinstitucional con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Función Pública, un delegado de la Procuraduría y del Ministerio de Hacienda. No obstante, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable.

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“El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial continúan adelantando gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de contar con la apropiación presupuestal suficiente que permita reconocer y conciliar dichas acreencias laborales”, agregó Ramos Camacho.

Más líos con la prima especial de servicios

El no reconocimiento de la prima especial como un 30 por ciento adicional al salario sino como parte de este, no es el único problema que hay alrededor de esta bonificación que se creó para equiparar los “ingresos laborales” de los jueces y magistrados con los de los integrantes del Congreso ya que, antes de 1991, había una diferencia sustancial entre unos y otros.

En 2016 una sentencia del Consejo de Estado dijo que para liquidar esa prima especial debía ser tenido en cuenta también el auxilio de cesantías y, por eso, hay varios exmagistrados auxiliares y titulares de las cortes que ya lograron que se les reliquidara esa prima teniendo en cuenta los factores correctos.

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Uno de los que está esperando un fallo a su favor hace cinco años es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero, protagonista de la tutela que cuestiona que la terna de aspirantes para la Fiscalía General sea solo de mujeres, quien pide la reliquidación de la prima de manera retroactiva y con intereses desde el 11 de abril de 2016.

Ese pago se espera que salga a su favor, al menos hasta agosto de 2019, cuando la Rama Judicial dispuso la nueva forma de hacer el pago de la prima especial de servicios para los magistrados de las altas cortes, luego de que el Ministerio de Hacienda autorizara el traslado presupuestal para ello, por lo que, por nómina, desde entonces, esa bonificación se liquida de manera correcta.