Soldados disfrazados de guerrilleros no son novedad en Tierralta

Muy arriba en el Alto Sinú, allá en esas soledades rurales del Paramillo, ya cerca de Antioquia, pero siempre lejos de todo, los militares que esta semana amenazaron a la población de la vereda Bocas del Manso (Tierralta, Córdoba), seguro expertos en estrategia, entre todos sus errores cometieron uno de cálculo: olvidaron que la gente en estos parajes selváticos tiene amplia experiencia en perderlo todo: llevan más de 70 años perdiendo familiares, tierras, recursos naturales; más de 70 años en los que los han matado una y otra vez, por lo cual un camuflado más no significa nada distinto al terror ya conocido.

Quienes nacimos en Tierralta nos acostumbramos a escuchar disparos y, después, a enterarnos de a dónde habían ido a parar otros tantos: que mataron a los sacerdotes Bernardo Betancur, dormido en una hamaca, y a Sergio Restrepo, en la puerta de la parroquia San José; a los exalcaldes Edinson Salcedo y Héctor Acosta; al expersonero Carlos Londoño; al líder indígena Kimy Pernía Domicó; al coronel Luis Díaz; a don Nicolás Negrete Babilonia; a Neder Castellanos, sobrino del obispo Vidal; a la líder social María del Pilar Hurtado frente a su hijo, y a otras cientos de personas cuyos nombres no aparecieron en las noticias. Una cifra sobre el departamento permite dimensionar el conflicto: 3257 desaparecidos registrados en Córdoba, según el portal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

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Así como ha habido una tradición violenta, también acá se sembró una semilla de resistencia: por un lado, es territorio indígena zenú, con todo lo que eso implica en cuanto a avasallamiento, que viene de siglos, y, por el otro, en tiempos más recientes, sacerdotes jesuitas, en los años setenta y ochenta, trabajaron con los campesinos procesos organizativos sociales para la reivindicación de sus derechos. Uno de esos miembros de la Compañía de Jesús, Mario Calderón, ya retirado, fue asesinado junto a su pareja por las AUC en Bogotá. Además, en diversos territorios del Alto Sinú, la cooperación internacional capacita a algunas comunidades en derechos humanos, pues se trata de un municipio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). No significa que el miedo se haya ido, porque en el video que denuncia el ataque de militares disfrazados de guerrilleros se nota el susto de niños y adultos; significa que es otra la gente que habita la región, gente que quizás ya no está dispuesta a que la sigan matando en la misma guerra de otros donde los muertos los siguen poniendo los mismos, ellos, dueños de un suelo productivo bañado por decenas de ríos y quebradas que así como han sido fuente de vida también han sido cementerios.

Que unos militares se hayan disfrazado de guerrilleros genera una confusión que tampoco es nueva: cuentan residentes de Tierralta que décadas atrás, cuando el EPL hacía una incursión o un secuestro, dejaba en la zona brazaletes de las Farc, y las Farc, brazaletes o distintivos del EPL. Atropellar sin dar la cara, como los militares encapuchados del video, es normal en la zona.

Surgen preguntas: ¿cuál era el propósito al hacerse pasar por guerrilleros? ¿Qué iban a hacer “siendo guerrilleros” que no podían hacer siendo militares y que finalmente no pudieron hacer porque la situación se les salió de control? Esto generó que el presidente Gustavo Petro considerara que lo ocurrido en Tierralta no es un caso aislado, y que se preguntara qué buscaban quienes dieron la orden. “No era un mensaje a los habitantes de El Manso”, dijo el mandatario; “el mensaje era para la sociedad y decirle que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el caos. El mensaje iba a un grupo específico, a los hacendados en Córdoba. Los que dieron la orden de lo ocurrido (…) lo hicieron porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

Tierralta está ubicado a unos 80 kilómetros de Montería, capital del departamento de Córdoba, entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, y en las estribaciones del Parque Nacional Natural Paramillo. Fundada en 1909, esta población de más de 100.000 habitantes fue en sus inicios un caserío conformado por colonos que llegaron allí en busca de madera y huyendo de luchas políticas. En uno de sus corregimientos, Santa Fe de Ralito, se llevaron los diálogos de paz del Gobierno y las AUC, un poblado antes conocido como el Cielo. Así le decían políticos y “personas de bien” de todo el país que iban a visitar a cabecillas paramilitares, entre ellos a Salomón Feris Chadid, alias el Diablo o 08, en cuya casa se firmó el Pacto de Ralito: “Vamos para allá arriba”, o sea, para el Cielo, donde habitaban los dioses de entonces.

Aquí, en jurisdicción de esta tierra, donde nacieron la artista Delcy Morelos y el goleador Miguel Ángel Borja, también ha habido leyendas y mitos alrededor de la guerra: que al asesino el Paisa no le entraban las balas porque estaba rezado; que en la finca de un narcoparamilitar hay tulas de dólares enterradas. También se le ha hecho la venia a los señores de la guerra, unos por miedo y otros por conveniencia, a señores que ya eran reconocidos personajes de la sociedad y a otros que fueron escalando y que terminaron convertidos en lo mismo: en la autoridad que atendía desde la denuncia del robo de una gallina hasta la acusación de una infidelidad conyugal, que decidía el color con el que debían pintarse las casas en diciembre y hasta la hora en que la gente podía estar en las calles.

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Aquí, la influencia delictiva y política ha trascendido las décadas y ha pasado de unos nombres a otros: Mariano Sandón (guerrilla liberal), Francisco Caraballo (EPL), Jhoverman Sánchez, el Manteco (Farc), Fidel Castaño, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Don Berna (AUC); Dairo Úsuga (Clan del Golfo), y más. El crimen y el terror los han producido unos cuantos, originando allí mismo sus guerras, y exportándolas, o llevándolas hasta allí desde otras regiones, pero los muertos se han contado, en su gran mayoría, del lado de los campesinos.

A propósito de campesinos y de la agresión en Bocas del Manso, el escritor cordobés José Luis Garcés, conocedor de los vaivenes sociales de la región, afirma que no es admisible que, con cualquier artilugio, se ataque así a una comunidad campesina inerme. “Al campesino, como entidad de producción y de cultura, hay que protegerlo y estimularle y apoyarle su quehacer. En este país, aún no se ha entendido que nuestra alimentación y que nuestra vida están directamente relacionadas con la producción agrícola, con el trabajo del campesino, casi siempre refundido u olvidado”.

El autor invita a remozar la memoria y la práctica social, y a comprender a cabalidad que el país depende de lo que el campesino siembra y cultiva. “Y a ese campesino hay que apoyarlo a plenitud. Y las fuerzas del Estado están para protegerlo, no para atropellarlo”, expresa.

Lo paradójico de este ataque es que esas fuerzas del Estado a las que se refiere Garcés, por mandato constitucional, obligadas a defender a la población, la atacaron. Irónico también es el hecho de que esos uniformados hacía un mes y medio habían recibido capacitaciones en derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, y derecho operacional terrestre. Sería risible de no ser trágico.

El territorio de Tierralta ha padecido la misma violencia ocasionada por distintos violentos. Tras El Bogotazo, las guerrillas liberales se desplegaron en la zona; después, el EPL, las Farc, las AUC, el Clan del Golfo, pero siempre el narcotráfico, porque esta tierra tan productiva, para bien y para mal, ofrece beneficios para la siembra de coca y corredores a través de los cuales esa coca, ya procesada, se transporta, quizás en unas dos horas o menos, hasta el mar y desde ahí hasta el mundo. Su patrimonio geoestratégico es también su maldición.

Volviendo a las imágenes que muestran a los militares hostigando a la población, se notan dos actos de valentía de los campesinos: por un lado, una mujer con un bebé en brazos, impulsada por su dignidad, se enfrentó a unos supuestos integrantes de las disidencias de las FARC, hasta entonces potenciales asesinos porque se desconocía que eran miembros del Ejército, armados con fusiles y pistolas. Las palabras que ella usa para increparlos no son solo sus palabras, sino las de tantas víctimas de tantos territorios colombianos tantas veces maltratados, palabras que son una declaración de libertad y entereza campesina: “¡Usted a mí no me manda a callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando! ¡Son criminales! ¡A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos! ¡Dígame si esto les parece justo, compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos!”.

El segundo acto de valentía visto en las imágenes es el de la persona que graba el video, quien, a pesar de que un militar desenfunda una pistola, la monta y se le va encima amenazándole con dispararle, no suspende la grabación. Graban para que les crean, porque nunca les han creído, porque nunca su palabra ha sido suficiente.

Al respecto, Víctor Negrete Barrera, investigador social y director de la Fundación del Sinú, explica: “Cuando una persona tiene el convencimiento de que no ha hecho nada malo, censurable, reacciona de esa manera, es de humanos, aun exponiéndose a hechos violentos. La población estaba convencida de que no estaba haciendo nada malo, eso impulsó a las mujeres y a los hombres a reaccionar de manera valiente y digna, lo que debió sorprender también a quienes ejecutaron el hecho”.

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Negrete Barrera considera que es bueno dar a conocer estos hechos, refiriéndose a que hoy en las comunidades, por pobres que sean, hay al menos algunas tecnologías que permiten denunciar: “Divulgar es fundamental, pero no solo para este tipo de casos, sino para que cuenten cómo viven, sobre todo estas comunidades apartadas, maltratadas, olvidadas, para que nos digan, nos recuerden, las necesidades de la tierra, de los servicios básicos, la educación y la salud, que no tienen; qué pasa con la naturaleza y las aves, para que nos digan que hay una multitud de poblaciones que está en condiciones lamentables”.

Al conocer las imágenes viralizadas de los falsos guerrilleros, la Corporación Red de Mujeres por la Paz de Córdoba expresó a CAMBIO que lo que sucede en el Alto Sinú es una violación de los derechos humanos contra la “población campesina a manos de hombres armados pertenecientes a las Fuerzas Militares”.

“Que defender la paz no nos cueste la vida”, afirman las mujeres de la Corporación. “Solicitamos el apoyo y acompañamiento a la comunidad, la cual en estos momentos está bastante afectada. Clamamos para que estos hechos no se repitan, como ocurrió con las antiguas autodefensas, que masacraron al pueblo y violaron a muchas mujeres”, expresaron a este medio varias mujeres desde diferentes regiones de Córdoba y agremiadas en la Corporación.

En ese mismo sentido, el de las violaciones y los abusos, una fuente de Tierralta que pidió no publicar su nombre por miedo a represalias, le dijo a CAMBIO que en algunos colegios se conocen casos de niñas y adolescentes que están manifestando problemas de salud mental luego de ser reclutadas por compañeras que las llevan a fincas de la región en las que tienen relaciones sexuales con hombres armados. A algunas, afirma la fuente, las conquistan con regalos y celebraciones de sus 15 años. “Lo que está pasando aquí no tiene nombre, es un horror. Hay una red de jovencitas al servicio de esa gente”, expresa.

En todo caso, a pesar de la valentía y la resiliencia, los campesinos de Bocas del Manso y alrededores, quedarán solos de nuevo, aunque rodeados por los ríos Manso, Madre de Dios, Esmeralda, Verde, Sinú; rodeados por las quebradas Mutatá, Saiza, Pechindé, El Viejo, Caimán. Tanto dolor, el dolor de siempre, contrasta con tanta riqueza natural y con esa otra forma de la belleza: el Alto Sinú.