¿Qué implica declarar la emergencia carcelaria?

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el Gobierno decretará la emergencia carcelaria después de una oleada de violencia contra los funcionarios del Inpec. El objetivo de esa medida es proteger la vida, la libertad y el trabajo de los funcionarios y también, luchar contra de la extorsión que se realiza desde las cárceles y la corrupción. 

Fuentes de CAMBIO confirmaron que la emergencia permitirá firmar convenios con la Policía Nacional y el Ejército para aumentar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Desde este fin de semana se reforzaron con anillos de seguridad las cárceles Picaleña de Ibagué y La Picota de Bogotá. Al decretar el estado de emergencia se agilizan -automáticamente- todos los procesos todos enfocados en materia de seguridad. 

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“Ya se ha dispuesto el acompañamiento de la Policía y del Ejército en el perímetro de las principales cárceles del país de modo permanente, y aleatorio también se hará en otras para llegar a todas las cárceles, pero esto se habilitaría cuando las circunstancias lo requieran a solicitud del director del Inpec, que la fuerza pública pueda apoyar el control del orden de los establecimientos penitenciarios”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Fuentes advirtieron a CAMBIO que el Inpec contempla la adquisición de más cámaras de seguridad.

Esta decisión también permite tomar diferentes medidas presupuestales y de seguridad. Por ejemplo, uno de los aspectos que tiene contemplado fortalecer el Inpec es la instalación de más inhibidores de señal que bloqueen las comunicaciones por celular en las zonas de las cárceles. La idea que tiene el director del instituto, coronel Daniel Gutiérrez, es seguir golpeando la extorsión.

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“En eso requerimos el acompañamiento de las compañías de telefonía, pero también es una cosa de recursos, la implementación de un sistema costoso y gracias a la emergencia podemos lograrlo”, señaló Osuna

Visitas y comunicaciones limitadas 

Otra de las medidas es que el Inpec limitará las visitas y derechos a las comunicaciones de algunos reclusos. Incluso, en algunos casos se contemplarán traslados continuos y aleatorios de presos sospechosos de tener vínculos con la extorsión, para acabar con cualquier vínculo que tengan con la guardia penitenciaria o con los mismos compañeros privados de la libertad.

“En algunos casos en los que consideremos que hay personas que están utilizando las visitas para impartir órdenes o instrucciones relacionadas con la criminalidad, tomaremos esa drástica medida de limitar las visitas o restringirlas al máximo posible, no como una medida general nunca sino específica para personas que están incurriendo en esas actividades”, enfatizó el ministro.

La resolución es un documento del Inpec que fue firmado por su director general y en las próximas horas será firmado por otros directores del instituto. Las fuentes aseguran que la entidad solicitará a la Fiscalía que ponga un fiscal que tenga exclusividad para la investigación de todos los crímenes perpetrados contra funcionarios de la entidad y los delitos que cometan durante la emergencia carcelaria.

La decisión del gobierno se conoce un par de días después de que un sicario asesinara al guardia Jesús Cárdenas Barrera al momento de salir de la cárcel de Cartagena de Indias. En lo que va del año, también fue asesinado el guardia Carlos Sandoval en Cúcuta, y sufrieron atentados Nancy Canencio en Medellín, Juan Rosero y Diego Espinosa en La Plata (Huila) y Andrés Agredo en Jamundí (Valle del Cauca). Es la primera emergencia carcelaria por seguridad y la cuarta emitida en dos décadas, la más reciente fue por la pandemia del covid19.