"El presidente Petro ha tenido actitudes irrespetuosas y mentirosas con la Corte": exmagistrado Antonio Lizarazo

Tras finalizar su periodo en la Corte Constitucional, el ahora exmagistrado Antonio José Lizarazo se sentó con CAMBIO para hablar largo y tendido sobre la realidad nacional. Habló del presidente Petro e hizo un llamado a que las decisiones judiciales se controviertan con argumentos de fondo, con conocimiento de las razones que llevaron a tomarlas. Dijo sin tapujos que se ha incumplido y de forma grave el acuerdo de paz y lanzó advertencias específicas sobre la creación de la jurisdicción agraria. 

CAMBIO:  El año pasado vimos cómo la justicia y el presidente Gustavo Petro chocaban por la forma como él reacciona a decisiones que no le gustan. ¿Cómo analiza hoy lo que se vivió?

Antonio José Lizarazo: Es un lugar común decir: la justicia es autónoma, independiente, pero colabora armónicamente en función de conseguir los fines esenciales del Estado. Pero yo sí creo, y ahora puedo decirlo, ya no soy magistrado, que el problema está en cómo el Gobierno reacciona a las decisiones judiciales. Es legítimo que los actores públicos reaccionen e incluso las controviertan, el ordenamiento jurídico tiene unos procedimientos para eso. El problema es cuando se controvierte a través de los medios de comunicación, con argumentos que no son jurídicos sino políticos, o argumentos que tienen un propósito deliberado de tergiversar la decisión para desprestigiarla.

Por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad porque se incumplieron las reglas del procedimiento legislativo –no tenía el estudio de impacto fiscal– y se difirieron (los efectos) para que el Congreso pudiera crearlo de nuevo, si es que esa era la voluntad política. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Decir: "Es que odian la igualdad". Ese no es un argumento serio. Es una actitud irrespetuosa con la Corte y mentirosa. La Corte ha demostrado que defiende la igualdad porque es un principio constitucional, es un derecho constitucional. Así ocurre con muchas decisiones. Cuando se decide sobre las regalías (la no deducibilidad de las regalías), cuya inconstitucionalidad está sustentada en la sentencia, el presidente sale a decir que la Corte favorece a los ricos o que toma decisiones motivadas por razones que no son ciertas. Entonces, sí ha habido problemas, pero no únicamente con este Gobierno.

CAMBIO: Con el presidente Iván Duque también…

A.J.L.: Con el presidente Duque también hubo, pero no era sistemático. Recuerdo cuando la decisión del aborto, él dijo: "No es posible que cinco personas le impongan al país una visión". Pues no son cinco personas, es la Corte Constitucional. Entonces, a veces hay maneras de decir las cosas se tergiversan y son servidores que tienen una responsabilidad y una obligación de actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Ese tipo de reacciones generan la idea de que son Cortes que actúan de forma corrupta o con intereses ajenos a la defensa de la Constitución y eso es problemático e indebido de un presidente.

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Ese tipo de reacciones generan la idea de que son Cortes que actúan de forma corrupta o con intereses ajenos a la defensa de la Constitución y eso es problemático y es indebido de un presidente de la república.

CAMBIO: Como ya no está en la Corte, ¿cuál sería su llamado al presidente? En general hay una sensación de premura y de que los colombianos no leemos las decisiones antes de salir a criticarlas…

A.J.L.: Hay que diferenciar entre la forma como las personas usan las redes o los medios de comunicación en general, de las obligaciones que tienen los servidores públicos. Hay una diferencia sustancial. Las actuaciones de los servidores públicos deben estar en el marco del respeto de los derechos fundamentales. Ese cuento de que 'es que ejerzo mi libertad de expresión' es inadmisible en un servidor público. Por supuesto que tiene libertad de expresión, pero no puede hacer uso de ella para maltratar, afectar, amenazar o vulnerar los derechos de las personas. Ya hay sentencias muy importantes del Consejo de Estado que le han ordenado al presidente corregir ciertas manifestaciones hechas a través de redes sociales respecto de personas y periodistas y eso es importante. 

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Ya hay sentencias muy importantes del Consejo de Estado que le han ordenado al presidente corregir ciertas manifestaciones hechas a través de redes sociales respecto de personas y periodistas y eso es importante.

CAMBIO: En su reemplazo fue elegido Miguel Polo Rosero quien, a pesar de ser magistrado auxiliar por años, ha sido calificado como cercano al presidente. Eso no es cierto, pero ¿cómo afecta a la Corte esa percepción?

A.J.L.: Claro que afecta y mucho. Lo ha hecho el presidente generando la idea de que las actuaciones del alto tribunal tienen motivaciones distintas a la defensa de la Constitución y lo mismo cuando se acusa a los magistrados de representar determinados intereses o vocerías. Eso hace daño porque genera en la opinión pública la sensación de que el tribunal no es imparcial, de que sus actuaciones no están inspiradas única y exclusivamente en la garantía de los derechos o en la protección de la Constitución. Es importante proteger la percepción que se tiene del tribunal porque al fin y al cabo las decisiones que se van a tomar deben estar revestidas de legitimidad y se pierde legitimidad cuando se infunde la idea de que los magistrados o la corporación actúan en representación de intereses políticos. Eso no es cierto.

Miguel Polo, como usted dice, lleva más de 20 años en la Corte. Fue magistrado auxiliar de Luis Guillermo Guerrero, de Alejandro Linares y lo encontró Vladimir Fernández en el despacho. Luego, pretender establecer esas conexiones por el hecho de que estaba en un despacho, eso le hace mucho daño a la corporación. Además, es injusto. No es cierto. Le hace daño también a las personas. Por supuesto que la Corte debe ser criticada, que deben existir mecanismos de control, y hay procedimientos para eso. Todos deberíamos ser cuidadosos y garantizar el respeto por la institucionalidad, la autonomía y la independencia.

CAMBIO: Nómbreme dos sentencias que lo enorgullezcan

A.J.L.: Me correspondió ser el magistrado sustanciador del control sobre el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (C-080 de 2018) y es muy importante porque definió el diseño organizacional y funcional de la JEP. En materia de tutela, está la sentencia estructural sobre los baldíos (SU-288 de 2022) que enfrentó una problemática de toda la historia de la República sobre el acceso a la tierra. Y está la sentencia de aborto (que amplió la despenalización hasta la semana 22 de embarazo). Desafortunadamente los colombianos creen que es una sentencia sobre aborto sí o no y aprovecho para decir que ese no fue el debate. Es más, una vez le pregunté a mis colegas en un ambiente ya informal que qué pensaban del aborto y, para mi sorpresa, ninguno de los que votamos la sentencia somos partidarios del aborto. Ninguna mujer dice: "Voy a embarazarme para abortar". Nadie desea el aborto. Pero el debate era sobre si era constitucional que el legislador tipificara como delito el aborto voluntario y esa es otra discusión totalmente diferente que plantea el debate en otros términos y es una sentencia muy ponderada.

“El Gobierno ha incumplido el acuerdo de la peor manera”

CAMBIO: Quiero centrarme en la preocupación sobre el incumplimiento del Acuerdo de Paz. La Corte ha evidenciado ese problema y hace unas semanas hizo dos sesiones sobre la situación de los firmantes de paz que dejó muchas preocupaciones. ¿Cuál es su análisis?

A.J.L.: Yo no puedo hablar de algunas cuestiones de las que tuve conocimiento. Participé en esa audiencia todavía como magistrado. Pero sí puedo decir que el Acuerdo de Paz con las Farc se adelantó en un ambiente de desconfianza mutua. El tema de seguridad estaba en el corazón porque ellos manifestaban el temor de que volviera a ocurrir lo que pasó con la Unión Patriótica. Algo que era tan central en el acuerdo, ¿cómo es posible que se incumpla en la forma como se ha incumplido? Es inadmisible que hayan sido asesinados más de 450 firmantes del Acuerdo de Paz. Ese era el temor, eso fue lo que reclamaron como condición para entregar las armas y el Estado no ha cumplido. Está demostrado en las sentencias cómo se ha incumplido de manera sistemática. Incluso, la última sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucional sobre la seguridad de los firmantes de paz es de hace tres años y todavía hoy se sigue incumpliendo. Es algo intolerable. La sociedad colombiana no puede aceptar que eso siga ocurriendo, que esté ocurriendo lo del Catatumbo, a pesar de todas las advertencias. Es algo que merecería una reflexión más profunda y una acción más decidida de los partidos políticos, de los órganos de control, de los responsables del orden público.

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Es inadmisible que hayan sido asesinados más de 450 firmantes del acuerdo de paz. Ese era el temor, eso fue lo que reclamaron como condición para entregar las armas y el Estado no ha cumplido

CAMBIO: Los incumplimientos pasan por muchos temas. Mencionó la sentencia de baldíos que dio órdenes estructurales para resolver el lío, pero hoy seguimos sin saber cuántos son, en dónde están, quiénes los han ocupado. Se incumple el fallo y el mandato del punto 1 del Acuerdo de Paz…

A.J.L.: Es muy preocupante y sobre todo cuando se adelantan acciones con la pretensión de cumplir, pero en la práctica se hace todo lo contrario. De hecho, nadie ha estudiado las sentencias en las que la Corte ha declarado inconstitucionales ciertas reformas de normas de implementación del acuerdo, porque incumplían las finalidades del acuerdo. Desafortunadamente en materia baldíos, el Gobierno sale a decir que sí se está cumpliendo, pero toma decisiones que van a prolongar el incumplimiento. Hoy lo puedo decir, antes no, que la creación de la jurisdicción agraria no está cumpliendo ni los compromisos del acuerdo en esa materia ni con la sentencia.

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Hoy lo puedo decir, antes no, que la creación de la jurisdicción agraria no está cumpliendo ni los compromisos del acuerdo en esa materia ni la sentencia.

CAMBIO: ¿Por qué?

A.J.L.: Fíjese usted que, en lugar de crear una jurisdicción para resolver el problema del acceso a la tierra y los conflictos agrarios, es decir, los que giran alrededor de la tenencia y la propiedad de la tierra, están creando una jurisdicción rural. Eso es muy distinto. Es una jurisdicción para tramitar procesos que involucran bienes rurales. Entonces, nadie estaba pensando que había una problemática en Colombia por disolver una sociedad conyugal ante un juez especializado porque hay una finca en el patrimonio de la sociedad o una sucesión porque hay un predio rural. Van a crear una jurisdicción que nace congestionada de divorcios, ejecutivos, sucesiones, en fin... Todo proceso que involucre bienes rurales llegarán a jueces que deberían ser creados, especializados, para resolver el conflicto de acceso a la tierra que involucra muchos componentes importantes que Colombia no ha podido resolver en toda la historia republicana y que no lo va a resolver con ese tipo de soluciones.

CAMBIO: ¿Qué otro asunto que se haya implementado con la intención de cumplir el Acuerdo de Paz, realmente no lo cumple?

A.J.L.: Por ejemplo, la pretensión de eliminar la fase judicial de los procedimientos agrarios con el argumento de que se necesita celeridad para resolver el problema de la tierra. Si bien hay que resolver el problema de acceso a la tierra con procedimientos ágiles, también hay que proteger la propiedad privada y los derechos adquiridos en el campo. Este Gobierno pretende eliminar la fase judicial. Y eso es gravísimo porque lo están reviviendo ahora, incluso, en los decretos de emergencia (para la situación del Catatumbo).

CAMBIO: ¿Hay otro asunto que genere alarma?

A.J.L.:  Yo soy nortesantandereano, incluso podría decir que soy nacido en el Catatumbo, y me duele mucho lo que está ocurriendo allí, sobre todo porque el Acuerdo de Paz generó la esperanza de que ahí estaba la solución. Sin embargo, hay incumplimiento del punto sobre desarrollo rural integral o incumplimiento de los compromisos de transformación territorial con los PDET. El Catatumbo es una zona PDET y lo que uno encuentra es un total incumplimiento, una indolencia total del Estado, incluso de un Gobierno que se comprometió con la implementación, con cumplir el acuerdo como algo sagrado. Y lo ha incumplido de la peor manera. Yo no sé si lo vi en forma descontextualizada, pero vi en los medios que el señor Timochenko había dicho que añoraban al presidente Duque. Y eso es mucho decir.

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El Catatumbo y me duele mucho lo que está ocurriendo allí, sobre todo porque el acuerdo de paz generó la esperanza de que ahí estaba la solución

CAMBIO: La Constitución dice que la paz es un derecho y un deber. En el gobierno Duque se hizo poco, ahora hay fallas y no sabemos si el país va a dar un giro a la derecha. Cómo analiza el hecho de que cumplir el Acuerdo de Paz es una obligación, más allá de que esté ligada jurídicamente a tres gobiernos…

A.J.L.: El primer argumento que esgrimen los que incitan al incumplimiento o los que tienen una posición contraria al Acuerdo de Paz, es que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos les hizo conejo a los resultados del plebiscito. Segundo, he escuchado a personas decir con tranquilidad que, si ganan la Presidencia…desconocerían lo acordado, como si eso fuera un asunto que pudiera cumplirse o no cumplirse.

Frente al primer argumento, no es cierto que los colombianos rechazaron el acuerdo. No se nos puede olvidar el resultado: la diferencia fue un 0,4 por ciento en los votos, la mitad de los colombianos lo apoyaban y un poco más de la mitad lo rechazaron. El gobierno no ejecutó ese acuerdo, sino que reabrió la mesa de negociaciones y un altísimo porcentaje de las posiciones del 'No' fueron renegociadas. Solo dos asuntos no fueron renegociados: la creación de una jurisdicción especial y la participación en política. Incluso, en virtud del ‘no’ fue derogado el artículo cuarto del acto legislativo 01 de 2016 que elevaba a rango constitucional el acuerdo. Luego, lo que finalmente el Gobierno sometió a refrendación del Congreso fue el nuevo acuerdo y ese es el que se ha ejecutado. Luego, no es cierto que se hizo conejo.

CAMBIO: Y el acuerdo debe cumplirse sí o sí…

A.J.L.: Sobre el segundo argumento, hay un acto legislativo que dice que es obligación cumplir de buena fe el acuerdo. Es decir, que es una obligación constitucional. Luego, no es que yo llego y digo: "No cumplo". No. Hay sentencias de Estado de Cosas inconstitucional y si tramitan una ley que desconoce los contenidos del acuerdo, será declarada inexequible por la Corte. Acá hay un diseño constitucional de cumplimiento del acuerdo, porque este, a diferencia de lo que muchos creen, no es un acuerdo para las Farc, sino para resolver problemas estructurales de Colombia.

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Acá hay un diseño constitucional de cumplimiento del acuerdo, porque este, a diferencia de lo que muchos creen, no es un acuerdo para las Farc, sino para resolver problemas estructurales de Colombia.