
El pecado que le podría costar el puesto al ministro de Transporte, uno de los más cercanos al presidente Petro
CAMBIO conoció que este jueves la Procuraduría General de la Nación entregará el informe con el que arrancaría la investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Camargo, y altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura involucrados en la decisión de revocar un millonario contrato en el puerto de Buenaventura.
Por: Paola Herrera
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debía tomar una decisión. Ya habían pasado dos años desde que empezaron las negociaciones con la Sociedad Grupo Portuario de la empresa Ventura Group para prorrogar por 20 años más el contrato de la Unidad Operativa Muelle 13 en el puerto de Buenaventura.
Tras cumplir con todos los requisitos establecidos en la metodología de la ANI para modificar concesiones portuarias, el 22 de diciembre de 2023 se reunió el máximo órgano de esa entidad, es decir, el mencionado Consejo Directivo, y definió que en efecto la operación del muelle quedaría en manos de la empresa de Ventura Group, propiedad del magnate Álvaro Rodríguez, hasta el año 2045.
En esa reunión debían participar el ministro de Transporte, pero también el de Hacienda, la ministra de Ambiente, el director del Departamento Nacional de Planeación y otros cinco miembros independientes. Sin embargo, solo estuvo como titular el ministro de Transporte, William Camargo, y los demás enviaron delegados. De los independientes ninguno asistió porque no habían sido elegidos para ese momento.
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