Nuevo jalón de orejas al Gobierno por fallas en la sustitución de cultivos

La Corte Constitucional identificó varias deficiencias en el desarrollo del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, pactado en el Acuerdo de Paz, las cuales están afectando el sustento diario de familias completas, que se encuentran en grave riesgo y no han encontrado en las autoridades al aliado que esperaban tras la firma del acuerdo en 2016.

Hace unas semanas, la Corte falló a favor de comunidades en Miraflores, Guaviare. Ahora lo hizo en favor del consejo comunitario Alto Mira y Frontera y el consejo Ancestros del Río Mejicano, que se ubican en Nariño, uno de los departamentos que, históricamente, tiene un área extensa de cultivos de uso ilícito.

El Consejo Comunitario del Río Mejicano firmó el acuerdo colectivo para la sustitución con el Gobierno en marzo de 2018, pero tras la suscripción de actas individuales, finalmente quedaron incluidas 1.273 familias, dejando a 400 personas por fuera. De los cobijados con el acuerdo, sólo 674 familias recibieron los pagos bimensuales de asistencia alimentaria completos y otras 384 no recibieron ni un solo pago.