Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Polo Polo por desechar botas de acto simbólico sobre los falsos positivos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Miguel Polo Polo por su presunta responsabilidad en el delito de discriminación. Los hechos investigados por el alto tribunal corresponden a una polémica protagonizada por el senador, quien lanzó a la basura múltiples botas utilizadas como parte de un evento conmemorativo sobre las ejecuciones extrajudiciales.

El 6 de noviembre de 2024, la Plaza Núñez de Bogotá fue el escenario de un acto simbólico realizado por las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) para reivindicar las luchas que han emprendido durante décadas para exigir respuestas sobre el asesinato y desaparición forzada de sus hijos, presentados por miembros de la fuerza pública como bajas en combate.

Una vez concluyó el evento, el congresista Polo Polo difundió a través de sus redes sociales un video en el que botó a la basura los elementos decorados con datos, cifras y frases por las madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, en la grabación, el senador de oposición afirmó –sin pruebas– que a varias de las participantes les habrían pagado por asistir al acto simbólico.

En respuesta a los cuestionamientos de Polo Polo, Mafapo denunció al senador de incurrir en múltiples delitos al desechar la exposición artística presentada en el espacio público. Desde entonces el alto tribunal revisó la conducta del congresista para determinar si su actuación constituyó un acto de discriminación que vulneró los derechos fundamentales de las víctimas.

Jackeline Castillo, directora de Mafapo, ha explicado que las botas de caucho se han convertido en un símbolo de la lucha de las madres por la verdad sobre los casos en los que sus hijos fueron asesinados por agentes del Estado. En ese sentido, reconoció la reciente decisión de la Corte Suprema como un paso importante en el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y en la defensa de los espacios de memoria.

¿Qué sigue en el proceso contra Polo Polo por desechar botas de los falsos positivos?

La Corte Constitucional determinó que los actos realizados por el congresista de oposición en contra de actos públicos realizados por madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales podrían constituir el delito de discriminación debido a que se dirigieron específicamente contra un grupo históricamente vulnerado y podrían afectar su derecho a la memoria, la dignidad y la libre expresión.

El senador, quien ocupa una de las curules de la Circunscripción Especial para Comunidades Afrocolombianas, ha cuestionado la cifra de 6.402 víctimas en múltiples oportunidades. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reiterado que el número corresponde a un registro cuidadosamente verificado y respaldado por evidencias contundentes.

La cifra, que congresistas de oposición han señalado como inflada, se conoció por primera vez en febrero de 2021. A través de un auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad reveló que el dato se consolidó tras un riguroso proceso de contrastación de informes que permitió establecer un universo de víctimas entre 2002 y 2008. Según la JEP, durante ese periodo se registraron más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales cada año.

El tribunal de justicia transicional ha reiterado que poner en juicio y sin ninguna evidencia las cifras obtenidas con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales afecta los procesos de construcción de memoria adelantados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así mismo, ha enfatizado en que actos como los de Polo Polo constituyen expresiones de odio en contra de las víctimas del conflicto armado.

En la etapa de indagación, se evaluarán las pruebas presentadas por Mafapo con el fin de determinar si existen méritos para avanzar hacia un juicio formal en contra del congresista. Por eso, la organización ha insistido en que las decisiones que se adopten en el caso podrían sentar precedentes en la protección de los derechos de las víctimas y la garantía del respeto a los actos simbólicos de memoria y reparación.