El costo de bajarse: los líos de plata que quedan tras decisión de Daniel Quintero de no ir a la consulta

La consulta del Pacto Histórico para elegir a su candidato presidencial ha pasado por todo: un día no va y al otro el presidente envía una orden y los integrantes de la colectividad la convocan de nuevo. Pero esta semana el caos ha sido mayor: cuando todo está listo y la Registraduría ya tiene los tarjetones impresos, Daniel Quintero anunció que se bajaría de la medición y agitó la campaña interna.

La decisión tiene efectos políticos, pero también hay un componente legal y económico que está en juego. Primero, porque el anuncio del exalcalde de Medellín llegó 13 días hábiles después de la fecha límite que había designado la Registraduría para que los precandidatos manifestaran su intención de participar o no en la consulta. Segundo, la Registraduría ya tiene en marcha un contrato con Thomas Greg para adelantar la consulta y desde la entidad le confirmaron a CAMBIO que los tarjetones de los precandidatos presidenciales ya están impresos. Así que se ha mencionado que se daría una pérdida enorme de recursos y que habría una sanción para Quintero. ¿Es así? 

El contrato en marcha y las posibles sanciones

En primer lugar, el contrato que firmó la Registraduría con una unión temporal en la que está Thomas Greg es por 123.406 millones de pesos, pero es para todo el proceso de consultas del 26 de octubre. Es decir, incluye la medición del Pacto para elegir a su candidato presidencial y a sus candidatos a las listas del Congreso.

Aunque han dicho que todos esos recursos estarían en riesgo, no es cierto. Primero, porque la consulta de candidatos al Congreso está en firme. Además, porque Carolina Corcho e Iván Cepeda anunciaron que sí se medirán en la consulta para elegir candidato presidencial. Eso sí, les pusieron unas condiciones difíciles de cumplir a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras Corcho pide que se reimpriman los tarjetones, Cepeda dice que el CNE debe certificar que el ganador de la consulta del 26 de octubre sí podrá medirse en la consulta del Frente Amplio. Algo que, a este miércoles, 15 de octubre, sigue sin ser claro.

Hasta ahora, el registrador, Hernán Penagos, anunció que no cuentan con los recursos para reimprimir 39 millones de tarjetones, pero la entidad está evaluando la solicitud que hizo el Pacto. El problema es que, si eso ocurre, tendrían apenas 11 días para distribuir el material en todo el territorio nacional.

Además, eso sí implicaría una pérdida de recursos y un gasto adicional. Pero hasta ahora no está claro cuánto es, porque en el contrato que firmó la Registraduría no se especifica el rubro de cada entrega que hará la unión temporal. En otras palabras, no existe un cálculo específico del costo de solo los tarjetones para la consulta presidencial.

CAMBIO también consultó este valor a la Registraduría, pero la entidad informó que tampoco tienen el dato discriminado. 

¿Multa o no para Quintero?: lo que dice la norma y los expertos

Políticos de distinta índole han dicho que la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto implica que hay una sanción, porque llegó fuera de la fecha establecida por la Registraduría para manifestar su intención de medirse y de modificar esa decisión.

Esa postura la argumentan basados en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, el cual menciona que:

“En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiese incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el CNE con base en los informes que presente la Registraduría. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos (…)”.

Sin embargo, Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), le dijo a CAMBIO que en este punto no habría sanción para Quintero ni para el Pacto o los partidos que integran esa colectividad. ¿La razón? La consulta se mantiene.

“No habría multa porque la norma es clara en decir que esta solo aplica cuando no se realiza la consulta o que el candidato que gane no reconozca los resultados. Además, en este caso él es un simple precandidato”, explicó Muñoz.

Además, la MOE considera que si bien no aplica una sanción económica, Quintero podría quedar inhabilitado para participar en la medición del Frente Amplio. “La norma establece que quienes se presenten para ser precandidatos en una consulta, tienen que respetar los resultados y no pueden inscribirse a otra elección en el mismo proceso electoral”, agregó Muñoz.

Otro tema sería si Corcho y Cepeda se bajan de la consulta para elegir candidato presidencial, porque en ese caso sí habría sanción para el Pacto Histórico como partido fusionado. “Si se cancela del todo la consulta, la norma dice que si fueron tres partidos los que solicitaron la fusión –o si fue el Pacto como partido único–, pues se divide lo que costó la convocatoria de la consulta entre esas colectividades. Pero no es por los 123.000 millones del contrato, porque en ese valor se incluye la consulta de los candidatos al Congreso”, detalló el experto.

Con esa postura coincide Alfonso Portela, exregistrador y experto en derecho electoral, quien agregó que, con esta decisión de Quintero, sus votos simplemente no se tendrán en cuenta y eso fue lo que pidió el exalcalde de Medellín en una carta que envió a la Registraduría. 

La reposición de votos: el otro debate que arranca

Además de las discusiones anteriores, la decisión de Quintero también pone sobre la mesa lo que podría ocurrir con la reposición de votos, que sí aplica en las consultas y es la plata que el Estado les gira a los partidos por los votos que sacaron.

Usualmente, esos recursos se giran a cada partido y ellos son los que los distribuyen. En este caso, entre los precandidatos a la Presidencia y al Congreso.

Esta discusión es clave, porque si Quintero se sale de la medición y sus votos no se tienen en cuenta, como él mismo solicitó, en teoría tampoco podrán incluirse en las cuentas de reposición. Sin embargo, como su foto sigue en el tarjetón y es inevitable que un porcentaje de los votantes marquen su espacio, es posible que luego se abra una nueva discusión y el Pacto termine por pedir que esos votos se cuenten para el partido.

“Eso no está resuelto y es posible que el Pacto abra ese debate. Pero, en mi criterio, no deberían tenerse en cuenta”, aseguró Portela.

En todo caso, este último lío de dinero será una discusión del futuro para el Pacto, que primero tiene que resolver los líos legales que implica medirse a una consulta interpartidista en octubre –aunque ellos dicen que es solo partidista– y no tener claro si se bloquean para participar en la de marzo de 2026.