Limpiar una imagen ‘politizada’, el reto de la Corte Constitucional tras elección de Carlos Camargo

El debate fue álgido. Partidos políticos, así como magistrados de la Corte Suprema y de la propia Corte Constitucional, intervinieron activamente -así lo nieguen- en el proceso que terminó con la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado del tribunal constitucional, el más importante del país.

En el debate público valió más la idea de que un magistrado es “gobiernista” o “antigobierno”, en vez de priorizar sus calidades jurídicas. La oposición logró catalogar a María Patricia Balanta como una jurista “petrista”, sin evidencia alguna de ello, y obviando su experiencia de 45 años, prácticamente toda en la rama judicial. Carlos Camargo recibió el apoyo del establecimiento que representa: partido Conservador, Centro Democrático, partido Liberal y Cambio Radical e, incluso, recibió la noticia de su elección, antes del anuncio oficial de la votación, con un fervoroso aplauso del senador Mauricio Gómez Amín.

Camargo, tras aceptar el cargo y hacer el respectivo juramento, dijo que en este momento está en juego la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se debe ejercer en nombre de todo el pueblo colombiano y no para unos pocos. Esas palabras, que se podrían enmarcar de una vez, también le aplican a él mismo, quien llegó a la Corte Constitucional en medio de varias polémicas: no sólo nombró en la Defensoría del Pueblo a familiares de magistrados que lo ternaron para este cargo, sino que hay pesquisas en la Fiscalía sobre contratos que él firmó.

Camargo tiene el reto de probar que su cercanía con el expresidente Iván Duque y con el condenado magistrado Jorge Pretelt no importará y que, en la Sala Plena, defenderá la Constitución desde su perspectiva jurídica, en derecho, alejada de todos esos elementos políticos que lo rodean. Además, es seguro que enfrentará una demanda en contra de su elección que ahondará en cómo fue ternado por la Corte Suprema de Justicia, tal y como sucedió en el pasado cuando un procedimiento irregular tumbó a Alejandro Ordóñez como procurador.

Ese ruido, que no le conviene a la Corte, no es exclusivo de esta elección. A finales de 2023 fue elegido Vladimir Fernández, quien trabajó con Gustavo Petro tanto en la Alcaldía de Bogotá como en la Presidencia de la República. Y este año fue elegido Héctor Carvajal, quien fue abogado del presidente Petro por más de una década, así como de varios senadores del Centro Democrático. También fue elegida Lina Escobar, una abogada conservadora, quien es más desconocida en el ámbito de las Cortes.

Así, tanto Camargo como Carvajal y Fernández, tienen el reto de demostrar independencia. Esto supone dejar en claro los casos en que tendrían un interés, aun si no se cumplen los requisitos para declararse impedidos. Esto es clave, porque estos procesos de renovación de la Corte y el perfil de los juristas elegidos, de alguna forma, llevó a una politización de su imagen.

Expertos consultados por CAMBIO aseguraron que es hora de que la Corte Constitucional vuelva a hablar únicamente con sus decisiones judiciales, dejando de lado los discursos con amplio tinte político que los dos últimos presidentes de la Corporación han hecho: José Fernando Reyes en 2025 y Jorge Enrique Ibáñez en 2025. Ibáñez ha salido aplaudido ampliamente en escenarios como Asobancaria, lo cual no es bien visto en los ámbitos jurídicos.

“Lo ven muy activista”, le dijo a CAMBIO una fuente. Otro experto consultado alertó: “Hay una politización muy tremenda desde la opinión pública de los magistrados, pro o contra gobierno”. El fondo del asunto es la composición ideológica de la Corte Constitucional, que no es una posición partidista, sino de formas de ver el derecho. En estricto sentido, la Corte quedó, al menos en el papel, con una mayoría conservadora: Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Cargos Camargo, Lina Escobar y Miguel Polo Rosero, quien pasa a ser un voto casi de centro en algunos temas. Al frente quedaron Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.

Si bien, en 34 años, es la primera vez que la Corte tiene una mayoría conservadora, al menos en el papel, es claro que la Sala Plena ya tiene precedentes claros y en muchas decisiones recientes, los votos son unánimes. Los mismos han tomado decisiones a favor de Petro, como la reforma pensional, o en contra en múltiples temas. No es, entonces, una Corte “pro-gobierno” o “anti-gobierno”, pero así la percibe la opinión pública.

Por eso, un expresidente de la Corte Constitucional le dijo a CAMBIO cuál es su visión de la situación actual: “el reto es que la Corte sea un tribunal jurídico, y no un órgano de control político. Con tanta expectativa política, de radicalidad política, se debe tener mucha templanza para decidir con criterios de objetividad”.

Así las cosas, hay preguntas claves: ¿Cómo quitarse la imagen politizada con la que quedó la Corte tras estos cuatro procesos de elección? ¿Cómo los magistrados y magistradas demostrarán al país su imparcialidad y transparencia? A estos interrogantes se suma un asunto que ya no se resolverá en al menos cuatro años: de nueve plazas, la Sala Plena quedó con sólo tres mujeres, lo cual es un retroceso en términos de equidad de género de una Corte que llegó a tener cinco mujeres hace apenas unos años.