Wilmar Mejía, investigado por presuntos vínculos con Calarcá, asume la dirección de la UIAF

El Ministerio de Hacienda oficializó un decreto en el cual se acepta la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez como director general de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) y se nombra en su reemplazo a Wilmar de Jesús Mejía.

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Lemus había asumido el cargo inicialmente como encargado en octubre de 2025, y el 14 de enero de 2026 lo hizo en propiedad. Sin embargo, presentó su renuncia el pasado primero de abril.

El nombramiento de Mejía se da en medio de la controversia que lo rodea. Apenas el 31 de marzo, el funcionario renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde se desempeñaba como director de Inteligencia, luego de ser mencionado en los archivos incautados al jefe de las disidencias de las Farc, conocido como alias Calarcá, durante un operativo militar.

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Los documentos, chats y audios recuperados de los dispositivos electrónicos de esa estructura armada, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, lo señalan como presunto enlace entre funcionarios del Estado y esa organización ilegal.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la gravedad del material. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que existen elementos suficientes para adelantar una investigación ante la Corte Suprema de Justicia, tanto contra Mejía como contra el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército.

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Incluso la Procuraduría impuso a Mejía una suspensión provisional de tres meses. Una vez venció el plazo sin que la medida fuera renovada, el funcionario fue reintegrado a la DNI, donde renunció.

Mejía es licenciado en Educación Física por la Universidad de Antioquia. Antes de llegar a la inteligencia del Estado, trabajó como contratista en varias alcaldías de Antioquia y participó en la campaña presidencial de Petro en 2018.

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La UIAF es la entidad del Estado colombiano responsable de recopilar, centralizar y analizar información para detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.