"No hay un paramilitar que pueda decir que se ha reunido conmigo, que me conoce, que fue amigo mío": Álvaro Uribe Vélez ante la Fiscalía

El país estaba a punto de ir a las urnas cuando la justicia volvió a pedirle cuentas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A cuarenta y ocho horas de la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria para el próximo 24 de julio. No se trata de una diligencia menor. Ese día, la Fiscalía podrá decidir si continúa el proceso en su contra e, incluso, solicitar una medida de aseguramiento que comprometa su libertad. Por eso cobran especial relevancia las explicaciones que Uribe entregó el 27 de noviembre de 2023, cuando, por iniciativa propia, acudió a rendir versión libre. Esa declaración, registrada en video, no fue una confesión sino el esbozo de la defensa con la que enfrentará el proceso por paramilitarismo.

El expediente reúne cuatro episodios ocurridos en Antioquia y atribuye al expresidente un grado distinto de responsabilidad en cada uno. El primero es la hacienda Las Guacharacas, en San Roque, que perteneció a su familia y que la Fiscalía considera una pieza clave para reconstruir la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas. Allí le atribuye el delito de concierto para delinquir agravado. El segundo corresponde a la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996, donde la investigación apunta a una presunta omisión: no haber actuado para impedir una incursión que, según la Fiscalía, pudo prever. El tercero es la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997, donde la hipótesis escala a una presunta determinación. Finalmente está el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998. Allí la tesis es aún más delicada: que Uribe habría sido determinador por interpuesta persona, a través de su entonces secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, quien —según la teoría del ente acusador— habría transmitido la orden hasta Carlos Castaño. Cuatro hechos y cuatro niveles distintos de responsabilidad.

¿Qué supo, y qué hizo, el entonces gobernador de Antioquia? En su versión libre, cuya transcripción revela hoy CAMBIO, Uribe respondió esos señalamientos.

La masacre de La Granja: la discusión sobre una presunta omisión

La Fiscalía atribuye a Uribe una responsabilidad por omisión en la masacre de La Granja. Según la investigación, cuando era gobernador sabía que la incursión paramilitar estaba en marcha y no tomó medidas para evitarla. Uno de los testimonios más explosivos contra Uribe es el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que, en 2023, declaró ante la JEP que las masacres de La Granja y El Aro "fue un pedido directamente desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno", su secretario de Gobierno. 

Ese es el muro que Uribe llegó a desmontar a la Fiscalía. Lo hizo, primero, reivindicando su gestión: aseguró que Ituango fue una prioridad de su gobierno, que existen convenios, actas y fotografías que lo prueban, y que en la Gobernación se reunía a diario con la Brigada, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y hasta el CTI. Pidió que todo ese material entrara al expediente y recordó que su compromiso fue tal que, una vez, llevó a la zona en el helicóptero de la Gobernación a Jesús María Valle —el abogado de derechos humanos que denunció lo que pasaba en Ituango y que dos años después sería asesinado—, para presentarlo como testigo de esa gestión. Un episodio que no se conocía públicamente.

El expresidente sabe que toda la acusación pasa por Pedro Juan Moreno, y por eso se detuvo a explicar quién era. Lo presentó como un dirigente del conservatismo disidente de Álvaro Gómez Hurtado y Álvaro Villegas Moreno, el sector que respaldó su elección y al que, en pago a ese apoyo, le entregó la Secretaría de Gobierno. Un nombramiento político, insistió, y no un puente con el paramilitarismo. Pero ese es justamente el cargo que hoy le endilgan al hombre por cuyas manos, según el expediente, pasaban las órdenes de la Gobernación hacia los paramilitares.

"Mancuso primero dijo que Pedro Juan nada sabía de la masacre de La Granja, y ahora dice que sí sabía; incluso, ya extraditado, había dicho que Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver en El Aro, ni directa ni indirectamente, y hoy sostiene que, como Pedro Juan sabía, yo, que era el gobernador, tenía que saber. A tantas masacres que ocurrieron en Antioquia se les dice injustamente 'omisión'. ¿Que el grupo de La Granja recorriera la carretera desde Caucasia y pasara frente a la Policía y el Ejército es un argumento para señalar de omisivo al gobernador, con esas circunstancias de orden público? Las autoridades de Ituango decían que no tenían sino 100 hombres entre Ejército y Policía cuando necesitaban 1.000: la fuerza pública estaba desprotegida, había una enorme dificultad para transportarla y carencia de helicópteros", dijo.

Conviene recordar qué fue lo que esa presunta omisión no detuvo. El 11 de junio de 1996, los hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá entraron al corregimiento de La Granja con una lista de nombres. Recorrieron el casco urbano, sacaron de sus casas a quienes señalaban de colaborar con la guerrilla y asesinaron a cinco habitantes. Ese es el episodio sobre el que la Fiscalía intenta establecer si la actuación —o la falta de actuación— de las autoridades departamentales tuvo alguna incidencia jurídica

Las masacres de El Aro: la discusión sobre una presunta determinación

La hipótesis de la Fiscalía cambia de escala cuando llega a la masacre de El Aro. Ya no se trata de establecer si el entonces gobernador omitió actuar frente a una incursión paramilitar, sino si fue el determinador. La masacre ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, cuando cerca de 150 hombres del Bloque Mineros de las Autodefensas, comandados por alias Doble Cero y bajo órdenes de Carlos Castaño, asesinaron a 17 campesinos, incendiaron 42 viviendas, robaron más de mil reses y obligaron a desplazarse a cerca de 1.400 habitantes.

Buena parte de esa hipótesis descansa sobre los testimonios de antiguos jefes paramilitares y de quienes financiaron la incursión. En 2023, Salvatore Mancuso declaró ante la JEP que la masacre de El Aro fue "un pedido directamente también desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno". En una investigación revelada por CAMBIO, los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio —condenados por financiar la incursión— reconocieron ante la JEP que apoyaron económicamente a las Autodefensas y señalaron a Pedro Juan Moreno como el funcionario con el que, según su versión, mantenían interlocución desde la Gobernación. La Fiscalía intenta establecer si esos testimonios permiten reconstruir una cadena de mando que llegue hasta el entonces gobernador.

Uribe respondió desmontando uno por uno esos señalamientos. Cuestionó, primero, las versiones de Salvatore Mancuso. Recordó que, después de su extradición, el exjefe paramilitar declaró que él "no había tenido nada que ver en El Aro ni directa ni indirectamente" y sostuvo que solo años después cambió esa versión para afirmar que Pedro Juan Moreno conocía la operación y que, por esa razón, el entonces gobernador también debía conocerla. "Eso es un abuso", dijo al cuestionar que la JEP utilizara ese razonamiento para vincular las Convivir, a Pedro Juan Moreno y la masacre dentro de una misma hipótesis. Para el expresidente, ese cambio de versión resta credibilidad al principal testigo de la Fiscalía.

El expresidente también controvirtió el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, uno de los hombres condenados por la masacre. Villalba aseguró que antes de la incursión asistió a una reunión en la que, según su relato, participaron Álvaro Uribe, altos oficiales del Ejército y de la Policía, así como líderes de las Autodefensas. Uribe respondió que esa versión contiene una inconsistencia imposible de superar: Villalba ubicó en ese supuesto encuentro al general Alfonso Manosalva Flórez, pese a que el oficial había fallecido seis meses antes de la masacre. Para Uribe, esa contradicción compromete la credibilidad de uno de los testimonios históricos sobre El Aro.

Otro de los ejes de su defensa gira alrededor de una supuesta reunión con Mancuso antes de la masacre. Según la investigación, el entonces coronel Raúl Suárez habría servido de enlace para facilitar ese encuentro. Uribe lo negó de manera categórica. "No hay un paramilitar que pueda decir que se reunió conmigo", insistió, y aseguró que el propio coronel declaró ante la Fiscalía que esa reunión nunca existió. Según explicó, Suárez únicamente visitó su finca para revisar el esquema de seguridad que tenía asignado desde un intento de secuestro en 1988 y abandonó el lugar pocos minutos después. 

Según el expresidente, cada que le llegaba alguna denuncia del contubernio de los paramilitares con los militares, la ponía en conocimiento de las autoridades. "Dos meses antes de la masacre de El Aro, la periodista Margarita María Tobón presentó una queja sobre la supuesta confabulación y de inmediato puse la denuncia ante la Fiscalía, ante el fiscal regional Mancilla; ahí está la copia. Pero era muy difícil puntualizar que iban a hacer la masacre: la comunicación para vehículos era casi inexistente, las trochas eran malas, estaba la distancia. Nosotros hacíamos todas las denuncias y la fuerza pública iba; el propio presidente Samper lo trató en el Consejo de Seguridad, con Horacio Serpa como ministro del Interior, antes de El Aro."

Jesús María Valle: el crimen que aún busca subir un escalón más en la cadena de responsabilidades

Para entender por qué la Fiscalía también llamó a indagatoria a Álvaro Uribe por el homicidio de Jesús María Valle hay que empezar por el propio abogado. Nacido en Ituango, Valle llevaba años denunciando la expansión del paramilitarismo en el norte de Antioquia y los presuntos vínculos entre las autodefensas y algunos integrantes de la Fuerza Pública. Desde 1996 le escribió al entonces gobernador para pedir una intervención urgente en Ituango. En diciembre de ese año ambos se reunieron en la Gobernación de Antioquia, junto con autoridades civiles y militares, para buscar una salida a la crisis humanitaria del municipio. De ese encuentro surgió una comisión de paz y un programa con el propósito de proteger a la población civil. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró con el paso de los meses.

En agosto de 1997, durante un foro en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Valle denunció públicamente un "comportamiento omisivo" de la Gobernación frente a la violencia en Ituango y cuestionó la actuación de la Cuarta Brigada del Ejército. El 26 de febrero de 1998 rindió declaración ante la Fiscalía dentro de un proceso por calumnia promovido por un oficial del Ejército y al día siguiente fue asesinado en su oficina del edificio Colón, en Medellín, por sicarios de La Terraza que actuaban para Carlos Castaño.

Ese crimen ya tiene una parte importante de la verdad judicial reconstruida. Carlos Castaño fue condenado como determinador del homicidio y los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio también fueron sentenciados por su participación en el asesinato. Años después, ambos comparecieron ante la JEP y reconocieron haber financiado las estructuras paramilitares que operaban en Ituango. En esas diligencias volvieron a señalar a Pedro Juan Moreno como el funcionario con el que, según su versión, mantenían interlocución desde la Gobernación. 

Salvatore Mancuso fue más allá. Ante la JEP afirmó que el asesinato de Valle obedeció a las denuncias que el abogado venía formulando sobre la relación entre paramilitares y autoridades en Antioquia y sostuvo que la orden salió de Pedro Juan Moreno.

"Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno (...). Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina..."

A partir de esas declaraciones, la Fiscalía intenta establecer si esa cadena de decisiones —que varios exparamilitares y financiadores ubican en Pedro Juan Moreno— pudo extenderse hasta el entonces gobernador de Antioquia. Específicamente, si la orden del homicidio venía directamente de Uribe.

Frente a ese señalamiento, Uribe dedicó buena parte de su declaración a reconstruir la relación que, según él, mantuvo con Jesús María Valle. Lejos de describir un enfrentamiento personal, aseguró que ambos trabajaron conjuntamente para atender la crisis humanitaria de Ituango. "Allá estuve, llevé en el helicóptero al doctor Jesús María Valle; están las fotos de los convenios que firmamos", afirmó al pedir que ese material fuera incorporado al expediente. Recordó que de la reunión celebrada en diciembre de 1996 nació el programa de "neutralidad activa" y sostuvo que esa documentación demuestra que la Gobernación actuó frente a las denuncias sobre la situación del municipio. "Ahí está todo lo que bregábamos hacer por Ituango", insistió. También rechazó que hubiera existido una enemistad entre ambos. "Nunca tuve enemistad con él", aseguró. Admitió que sostuvieron una controversia pública después de que Valle cuestionara la actuación de las autoridades frente a las masacres, pero insistió en que esa diferencia no puede confundirse con una relación de confrontación permanente.

El expresidente también negó una de las versiones que durante años ha rodeado este caso: que la Gobernación hubiera impedido que Jesús María Valle viajara en un helicóptero oficial para inspeccionar las fosas comunes denunciadas en Ituango. "Es falso", respondió. Según explicó, existe una declaración de Jaime Jaramillo, entonces comisionado de Paz de Antioquia, según la cual fue el propio Valle quien decidió no abordar la aeronave. Esa explicación contrasta con otra versión conocida del episodio, según la cual el abogado recibió una llamada hacia las cinco de la mañana informándole que el helicóptero "ya estaba lleno" y que debía quedarse en Medellín, pese a que era quien impulsaba la visita a la zona. Uribe sostuvo que Valle sí viajó con la Gobernación en otra oportunidad y recordó que, cuando fue asesinado en febrero de 1998, él ya había terminado su mandato y se encontraba en la Universidad de Oxford. Con esa reconstrucción busca desmontar la hipótesis de la Fiscalía según la cual, a través de Pedro Juan Moreno, habría participado en la cadena de decisiones que terminó con el asesinato del defensor de derechos humanos.

Guacharacas: la hacienda sobre la que gira el último capítulo del expediente

El último capítulo de la investigación gira alrededor de Las Guacharacas, una hacienda ubicada entre San Roque y Yolombó que durante varios años perteneció a la familia Uribe Vélez. La Fiscalía concentra este episodio entre 1995 y 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y el Bloque Metro de las Autodefensas comenzó a consolidarse bajo el mando de alias Doble Cero. Su hipótesis es que ese predio desempeñó un papel en la conformación de esa estructura paramilitar y busca establecer si el entonces gobernador tuvo alguna participación en ese proceso. Sobre esa teoría sustenta el cargo de concierto para delinquir agravado. Los principales soportes de esa investigación son los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador de la finca, y del exparamilitar alias Pipintá, quienes han sostenido que en Las Guacharacas se desarrollaron actividades relacionadas con la organización inicial del Bloque Metro.

Uribe respondió reconstruyendo una cronología distinta. Recordó que su familia vendió la hacienda después del asesinato de su padre, Alberto Uribe Sierra, a manos de las FARC en 1983, y sostuvo que cuando el padre de Juan Guillermo Monsalve llegó como administrador el predio ya no pertenecía a los Uribe. "Apenas me vio una vez", afirmó al referirse a Monsalve, de quien dijo que nunca fue trabajador suyo ni hizo parte de su entorno cercano. También aseguró que las acusaciones surgieron muchos años después, cuando el hoy testigo se encontraba privado de la libertad y declaró ante el entonces senador Iván Cepeda. El expresidente aprovechó ese capítulo para reiterar uno de los argumentos que atravesó toda su declaración: negó cualquier vínculo con las Autodefensas y sostuvo que ningún antiguo comandante paramilitar, salvo Salvatore Mancuso, ha dicho haberse reunido con él. "No hay un paramilitar que pueda decir que se reunió conmigo, que me conoce, que fue amigo mío. El único que lo ha dicho es Mancuso", afirmó, antes de recordar que Jorge 40, alias Giraldo, Carlos Castaño, Doble Cero y Cuco Vanoy nunca aseguraron haber sostenido encuentros con él.

El testimonio de Juan Guillermo Monsalve terminó adquiriendo una dimensión que supera este expediente. No solo constituye uno de los principales soportes de la Fiscalía en el capítulo de Las Guacharacas, sino que también dio origen al proceso por presunta manipulación de testigos contra Álvaro Uribe. Son investigaciones distintas, pero ambas descansan, en buena medida, sobre la credibilidad del mismo testigo. En este proceso, esa será una de las preguntas centrales que deberá resolver la justicia: si las declaraciones de Monsalve, respaldadas por otros elementos de prueba, son suficientes para demostrar la participación que la Fiscalía atribuye al entonces gobernador en la conformación del Bloque Metro.

Lo que ocurrirá el próximo 24 de julio trasciende una diligencia judicial más. La indagatoria es el acto con el que la Fiscalía vincula formalmente a Álvaro Uribe Vélez al proceso como presunto responsable de estos hechos y, una vez lo escuche, podrá definir si la investigación continúa, si impone una medida de aseguramiento que comprometa su libertad o si adopta cualquier otra determinación procesal. En otras palabras, las explicaciones que el expresidente entregó durante su versión libre no convencieron al ente acusador de cerrar el expediente. Por el contrario, la Fiscalía decidió dar el paso procesal más importante desde que esta investigación comenzó hace más de dos décadas.

Ese paso se produce sobre un expediente que ya cuenta con importantes decisiones judiciales, aunque ninguna haya establecido todavía la eventual responsabilidad penal de un gobernador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato de Jesús María Valle hicieron parte de un mismo engranaje criminal que operó con la connivencia de estructuras paramilitares y agentes estatales, y declaró responsable al Estado colombiano por sus acciones y omisiones. En esa sentencia ordenó investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables. Varios comandantes paramilitares, financiadores y ejecutores ya fueron condenados. La pregunta que permanecía abierta era si esa cadena de responsabilidades ascendía también hasta las más altas esferas del poder departamental.

Esa es, precisamente, la pregunta que la Fiscalía dice estar en condiciones de empezar a responder. La defensa de Álvaro Uribe ya quedó expuesta: niega haber promovido el paramilitarismo, cuestiona la credibilidad de los principales testigos y sostiene que el expediente está construido sobre versiones contradictorias e inferencias. Ahora será la justicia la que deba establecer si esas explicaciones son suficientes para desvirtuar una investigación que lleva más de veinte años abierta o si, por el contrario, existen pruebas para llevar a juicio al expresidente por uno de los capítulos más dolorosos de la violencia en Antioquia. Lo que ocurra a partir del 24 de julio no solo definirá el futuro judicial del dirigente político más influyente de las últimas décadas. También pondrá a prueba la capacidad del Estado para responder una pregunta que las víctimas llevan casi treinta años esperando que la justicia resuelva.