¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía para llamar a indagatoria a Álvaro Uribe por presunto paramilitarismo?
En el Reporte Coronell de este viernes, Daniel Coronell reveló el contenido de la resolución con la que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema vinculó formalmente al expresidente a una investigación que lleva más de cinco años.
Por: Juan David Cano
En el Reporte Coronell de este viernes se reveló el contenido de la resolución con la que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta investigación lleva más de cinco años en curso en la Fiscalía y el proceso actual es distinto al juicio por fraude procesal y soborno de testigos en el que Uribe fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda, y cuya casación aún está pendiente ante la Corte Suprema.
Según el Reporte, ese otro proceso habría sido el mecanismo para ocultar los señalamientos que ahora recoge esta nueva resolución, que estuvo durante años en la Corte Suprema y llegó a la Fiscalía cuando Uribe renunció al Senado en 2020 y perdió el fuero parlamentario.
¿Qué dice la resolusión?
El documento detalla las razones específicas por las que el ente investigador presume su presunta responsabilidad en cuatro hechos del conflicto armado en Antioquia.
La primera es la presunta conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la hacienda Las Guacharacas; la segunda y tercera son las masacres de La Granja y El Aro, respectivamente; y la cuarta es el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
En cuanto a la primera, según el documento, habría existido un nexo entre Uribe, que en ese momento era gobernador de Antioquia, y un grupo paramilitar que operaba desde la hacienda Las Guacharacas, que después se convirtió en el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. El expresidente habría creado y ayudado en el funcionamiento del grupo.
El segundo se refiere a la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en el municipio de Ituango, cuando paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas.
La responsabilidad de Uribe en ese caso sería por omisión, pues habría tenido la capacidad de evitar los asesinatos, pero no lo hizo.
El tercer cargo corresponde a la masacre de El Aro, que ocurrió entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997, también en Ituango, donde paramilitares asesinaron y torturaron a 17 personas y provocaron el desplazamiento de más de 500 habitantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado colombiano por ese hecho. Presuntamente, la masacre habría sido ejecutada por petición de Pedro Juan Moreno Villa, quien actuaba a nombre del entonces gobernador Uribe.
El cuarto señalamiento es el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que había denunciado públicamente las masacres de La Granja y El Aro y solicitado protección para las comunidades afectadas.
Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. La Fiscalía también lo habría atribuido a una petición de Pedro Juan Moreno Villa a nombre de Uribe.
Moreno Villa murió años después en un accidente de helicóptero que, según señaló el periodista Daniel Coronell, fue rápidamente archivado por la Aerocivil y cuya investigación judicial nunca llegó a conclusiones claras.
¿Qué diligencias ordenó la Fiscalía?
La resolución también ordenó llamar a declaración jurada a Salvatore Mancuso para que amplíe sus informaciones sobre la relación entre el expresidente y los hermanos Castaño Gil.
Igualmente, citó a declarar al exsenador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, quien habría sido uno de los enlaces entre Uribe y los paramilitares. Este es el hombre al que Uribe llamó una vez "Ladroncito De la Espriella" y acusó de haber recibido y robado dinero a Mancuso.
La Fiscalía también pidió trasladar el testimonio del paramilitar Freddy González Isaza, alias Rosco, quien había declarado sobre la conformación del Bloque Metro, pero apareció ahorcado y con manos atadas en una cárcel.
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