
Contraloría reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo y pide reanudar el empalme
La Contraloría General de la República anunció la instalación de una mesa técnica con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para entregar diagnósticos sobre la administración pública. Además, hizo un llamado a que el proceso de empalme entre los dos gobiernos se retome de manera transparente y conforme a lo establecido por la ley.
El vicecontralor general de la República, Carlos Enrique Silgado Betancourt, quien actualmente ejerce como contralor general encargado, aseguró este martes que la institucionalidad debe acatar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró como presidente electo a Abelardo de la Espriella, y reiteró que el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante es una obligación legal que debe llevarse a cabo.
Las declaraciones se producen después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno saliente.
En un pronunciamiento, Silgado afirmó que el Consejo Nacional Electoral, como autoridad competente para definir el resultado de las elecciones, ya se pronunció y que esa decisión debe ser respetada por todas las instituciones del Estado.
"La autoridad electoral competente ya se pronunció. Culminado el proceso de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral determinó que el presidente es el doctor Abelardo de la Espriella", sostuvo.
El funcionario agregó que la Contraloría reconoce al gobierno electo como expresión del ejercicio democrático de los colombianos.
"No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar filas con la institucionalidad frente a una transición tranquila y objetiva", manifestó.
Contraloría instalará mesa técnica con el Gobierno electo
Silgado anunció que este miércoles la Contraloría instalará una mesa técnica con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, con el propósito de entregar diagnósticos y análisis elaborados por la entidad sobre diferentes sectores de la administración pública.

La entidad aclaró que esta reunión no reemplaza el proceso formal de empalme entre los dos gobiernos, sino que constituye un mecanismo de apoyo dentro de las competencias del organismo de control.
Según explicó, la información que será entregada corresponde a auditorías, estudios sectoriales, análisis de inversión de recursos públicos y demás evaluaciones realizadas por la Contraloría durante el actual periodo presidencial.
"El empalme es una obligación legal"
El contralor encargado insistió en que la legislación colombiana establece la obligatoriedad del proceso de empalme entre administraciones y advirtió que su incumplimiento puede generar consecuencias disciplinarias.
"Legalmente está establecido y así es. Es una obligación que llamamos a que se cumpla, hay unas responsabilidades disciplinarias en este tema.", afirmó.
Asimismo, hizo un llamado para que el proceso de empalme se reinicie "de manera tranquila, objetiva y transparente" y señaló que la ciudadanía merece una transición con tranquilidad institucional.
Contraloría evita calificar el empalme como "anticorrupción"
Consultado sobre el denominado "empalme anticorrupción", Silgado respondió que la competencia de la Contraloría General de la República se circunscribe a la gestión fiscal. Agregó que, cuando la entidad encuentra hallazgos de otra naturaleza, los remite a la Procuraduría en los casos disciplinarios y a la Fiscalía cuando se trata de asuntos penales.
Además, indicó que la Contraloría ha abierto investigaciones de responsabilidad fiscal cuando encuentra indicios de posibles irregularidades, aunque aclaró que esos procesos deben surtir las etapas previstas por la ley antes de establecer responsabilidades.
Frente a las afirmaciones de miembros del Gobierno de Gustavo Petro de que la administración "no tiene nada que ocultar", Silgado respondió que espera que los resultados de la Contraloría y la Procuraduría ratifiquen esa afirmación. No obstante, recordó que los procesos de responsabilidad fiscal deben surtir las etapas previstas por la ley antes de determinar si existen responsabilidades.
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