La seguridad comienza con una reforma del Estado, dicen los generales en retiro

En la noche del lunes 13 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella envió un mensaje al país en el que anunció la eliminación de varias consejerías del Estado y la transformación de las funciones que actualmente desempeña la Alta Consejería para la Paz.  

"Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", afirmó durante su alocución.  

La decisión evidencia su intención de apartarse de nuevos procesos de negociación con las estructuras armadas ilegales y priorizar una política orientada al sometimiento de estas organizaciones ante la justicia. 

Un excomandante de las Fuerzas Militares, que habló con CAMBIO bajo condición de reserva, calificó la decisión como una forma de comenzar a reducir el gasto estatal desde la propia estructura del Gobierno.  "Cuando me refiero a casa, hablo de la Casa de Nariño. El ajuste debe empezar por la cabeza, en el más alto nivel del Estado. Hay consejerías y oficinas que duplican funciones. Recortar toda esa estructura me parece muy importante", señaló el oficial en retiro.

El ex alto oficial agregó que considera fundamental mantener diferenciadas la Consejería de Defensa y Seguridad Nacional y una eventual Consejería de Seguridad Ciudadana.  "Ambas son importantes en la situación que vive el país. Esas consejerías contribuyen a la construcción de política pública y a la articulación de los temas de seguridad", explicó. 

Una opinión similar expresó el general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago, quien aseguró que la figura de un Alto Comisionado para la Seguridad es pertinente y prioritaria debido a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. "Lo importante es que realmente funcione y no se convierta en un saludo a la bandera, como ocurrió con anteriores consejerías presidenciales para la seguridad, que terminaron siendo organismos articuladores sin capacidad, herramientas ni autoridad para liderar estrategias realmente frontales y determinantes en materia de seguridad", afirmó.  

Buitrago añadió que esta nueva oficina no debe convertirse en una instancia que compita con los ministerios de Defensa o del Interior en las funciones que les corresponden sobre el control del orden público y la coordinación con las autoridades territoriales. En su concepto, debería actuar como una especie de "zar de la seguridad", encargado de articular la política del Gobierno y servir como principal vocero presidencial en esa materia. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), general (r) Guillermo León, destacó el inicio del proceso de reorganización institucional anunciado por el nuevo gobierno. Según explicó, la revisión de la estructura estatal busca fortalecer la política de seguridad, generar eficiencias administrativas y reducir gastos mediante la eliminación de dependencias que resulten innecesarias.  

"Es necesario evaluar la estructura institucional para ajustarla a dos de las líneas que el presidente electo planteó durante la campaña: recuperar la seguridad en el territorio y restablecer la autoridad. Al mismo tiempo, revisar las dependencias del Estado para hacer ajustes que permitan enfrentar un panorama económico complejo y utilizar los recursos públicos de manera más eficiente, reduciendo la burocracia innecesaria", sostuvo.  

La importancia de la seguridad  

Para el excomandante de las Fuerzas Militares, el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y defensa debe convertirse en el eje articulador de la acción del Estado, integrando el trabajo de los ministerios, los organismos judiciales y el Congreso.  "El enfoque del nuevo gobierno apunta al centro del problema. De la seguridad dependen el desarrollo del país, la confianza inversionista y el futuro de sectores como la minería, el petróleo y el gas. La seguridad es el denominador común de todo y fortalecerla resulta fundamental", afirmó.  

El ex alto oficial también sostuvo que la política de paz total del gobierno saliente permitió el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Según su análisis, estas organizaciones aumentaron tanto su número de integrantes como su capacidad económica y expandieron sus economías criminales.  

Por su parte, Buitrago consideró que los grupos armados ilegales deben entender que tienen la opción de someterse a la justicia o enfrentar una persecución más contundente por parte del Estado. No obstante, advirtió que, si la estrategia exclusivamente militar no produce resultados y la violencia se intensifica, el Gobierno deberá contemplar nuevamente la posibilidad de abrir canales de diálogo.  

"Si esto no funciona y la violencia se exacerba, el presidente tendrá que entender que será necesario reactivar mecanismos de diálogo y conversaciones en búsqueda de la paz, porque ese siempre será el objetivo final", expresó.  

Futuro de las Fuerzas Militares  

El excomandante de las Fuerzas Militares afirmó que la institución fue una de las más afectadas durante los últimos cuatro años debido al deterioro de su talento humano, sus capacidades financieras, la pérdida de aliados estratégicos internacionales, el entrenamiento y varias capacidades operacionales especializadas.  

"Estuvimos bajo el mando de un gobierno que, a mi juicio, buscó debilitar a sus Fuerzas Militares y desviar la atención con decisiones como la compra de aviones, mientras se descuidaba el control efectivo de los territorios", recalcó.  

Buitrago coincidió en que la Fuerza Pública termina el actual gobierno con un importante debilitamiento institucional.  "Las capacidades quedaron prácticamente congeladas. Hubo resultados operacionales y se cumplió la misión constitucional, pero no se alcanzó el nivel de modernización necesario para enfrentar a los grupos ilegales, que sí fortalecieron sus capacidades durante estos cuatro años", aseguró.  

Asimismo, sostuvo que la Fuerza Pública fue objeto de constantes cuestionamientos por parte del presidente saliente, lo que, en su opinión, afectó la moral institucional.  

Finalmente, el presidente de Acore señaló que el nuevo gobierno deberá fortalecer a las Fuerzas Militares sin descuidar la protección de los derechos humanos, la atención a las víctimas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en anteriores procesos de paz.  Además, recordó que uno de los principales retos será la situación de cerca de un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo, frente al plazo otorgado por el nuevo gobierno para acogerse al sometimiento ante las autoridades.  

"El gobierno entrante recibe una papa caliente. Sabemos que terminarán las negociaciones con los grupos armados ilegales y que se les otorgó un plazo de 30 días para someterse a las autoridades. Habrá que esperar cuál será la respuesta y qué ocurrirá al finalizar ese periodo", indicó. 

Para los ex altos oficiales, ahora comienza un proceso que deberá ser acelerado para reconstruir, fortalecer y modernizar las capacidades de unas Fuerzas Militares que, según su diagnóstico, llegan debilitadas tras el gobierno saliente.