Los pasaportes amenazan la viabilidad y continuidad de la Imprenta Nacional: Contraloría
La Imprenta Nacional fue advertida por la Contraloría sobre el riesgo que corre su futura operación por cuenta de la función que asumió, por disposición del ahora expresidente Gustavo Petro, para producir los pasaportes del país. CAMBIO conoció los detalles de la advertencia enviada a pocos días del fin del gobierno anterior.
Por: Ana María Cuesta
El 27 de julio y días antes del fin de la Presidencia de Gustavo Petro, la Contraloría General de la República le envió una advertencia a Rosa Villavicencio, para entonces canciller, y a la directora de la Imprenta Nacional Viviana León, relacionada con el riesgo que corre esta última entidad por cuenta del convenio que se suscribió con Portugal, y que le asigna la función de expedir los pasaportes colombianos.
“La última alerta afecta directamente la continuidad y la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional de Colombia. Esta empresa industrial y comercial del Estado ha venido arrojando resultados negativos en los últimos dos años y este ⎯el de los pasaportes⎯, que es el negocio más importante de la Imprenta, no le vislumbra réditos financieros ni tampoco comerciales. La viabilidad de la Imprenta de Colombia se ve comprometida”, señaló el contralor delegado Héctor Mario Londoño, durante una rendición de cuentas de la Contraloría.
A mediados de 2025, la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio de la Cancillería firmaron con la Casa da Moeda de Portugal (INCM) un convenio interadministrativo internacional, pactando un precio de 17 euros por un mínimo de millón y medio de libretas anuales, durante diez años, que, según estimaciones, arroja un negocio de 1.3 billones de pesos. El contralor Londoño expresó que hay incertidumbre por los recursos que, permanentemente, recibirá Portugal de parte de la Imprenta Nacional, tal y como quedó diseñado el convenio.
“Quedan dudas sobre el convenio porque toda aquella transferencia de conocimiento, de infraestructura y tecnología que Portugal le va a realizar a Colombia, no necesariamente será a título gratuito, porque allí estamos pagando dos euros por cada pasaporte. Para 2028, cuando ya la personalización de los pasaportes se esté haciendo Colombia, pero esos 2 dólares se seguirán pagando”, dijo Londoño.
CAMBIO accedió al documento de 23 páginas del ente de control en el que se consigna la advertencia al Gobierno nacional sobre el futuro de la Imprenta.
El presidente Abelardo de la Espriella incluyó en su ‘Libro de la Verdad’ una mención sobre los riesgos que corre el Estado si llegase un escenario de una decisión judicial que invalide el convenio suscrito entre Colombia y Portugal, demandado por la Procuraduría General de la Nación.
"Si el convenio se declara nulo o se ordena la suspensión del modelo, quedamos sin un plan de transición, el país queda sin producción de pasaportes y millones de colombianos podrían enfrentar demoras o suspensión en la expedición de estos documentos esenciales para su identidad y su movilidad", señaló el ministro del interior Rodrigo Lara en el mencionado documento.
El riesgo para la Imprenta
La Contraloría General de la República advierte que, con el nuevo modelo de los pasaportes, que comenzó a regir en el país en abril de 2026, se generan riesgos para la Imprenta Nacional, como operadora directa del convenio con la empresa estatal de Portugal, y como Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE).
Aunque el gobierno de Gustavo Petro pensó que el convenio suscrito entre Colombia y Portugal favorecería económicamente a la Imprenta, el ente de control fiscal considera lo contrario, tras un exhaustivo examen técnico que realizó del proceso. ¿Qué encontraron? Que en la formulación del contrato no se estimó un margen de utilidad para la Imprenta pues el costo unitario de producción de cada documento es el mismo que se puso como precio de venta, sin posibilidad de ajustes posteriores.
"Y con la particularidad de que es la imprenta quien asume todo los riesgos de producción, lo que deja en evidencia un potencial riesgo sobre la viabilidad financiera de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, al no generar un aporte significativo en términos de su estado de resultados, pese a ser considerado el negocio mas grande celebrado por la Imprenta", señala la advertencia conocida por CAMBIO.
La Contraloría además analizó los últimos estados financieros de la Imprenta, que arrojan pérdidas en su patrimonio por 8.225 millones de pesos en 2024 y por 3.847 millones de pesos en 2025. Advierten que el convenio de los pasaportes "no contribuye para mitigar la situación de la Imprenta en términos de sus resultados que desde la vigencia 2024, presentan comportamiento negativo que en consecuencia ha impactado negativamente su patrimonio".
La advertencia concluye que hoy no hay certeza sobre los costos que terminará asumiendo la empresa del Estado para darle vida al nuevo modelo de los pasaportes. Ello "impide evaluar de manera objetiva la viabilidad financiera, la eficiencia económica y la sostenibilidad operativa" de la Imprenta.
"De no adoptarse acciones que mitiguen los resultados negativos, la entidad continuará en la tendencia de disminución patrimonial que pone en riesgo su viabilidad", sentencia la Contraloría.
No habría nada gratis
La Contraloría señala en su advertencia que los términos pactados en el Convenio 010 de 2025, suscrito con la Casa da Moeda de Portugal obligan a la Imprenta a pagarle, durante una década, al menos 15 millones de pasaportes, pues por cada año se comprometieron a expedir al menos 1.500.000.
En la negociación se proyectó que, para el año 2026, la empresa europea recibirá 25.5 millones de euros, lo que se traduce en una década, a precios constantes del 2026, en un negocio por 255 millones de euros.
Para el ente de control, los compromisos financieros que se asumieron son de "naturaleza estrictamente mercantil", y, por tanto, "desnaturalizan el principio de colaboración mutua que caracteriza los esquemas de cooperación internacional".
Con compromisos de naturaleza mercantil se refieren a la estructura de ingresos fijos garantizados para Portugal, la inclusión de cláusulas penales de rescisión, en caso de una terminación unilateral o anticipada del convenio, y la fijación de tasas de interés comerciales por mora que aplicarían para Colombia.
La entidad también advirtió que hay un "desfase comercial" en las condiciones de la transferencia tecnológica, a las que se comprometió Portugal, durante los primeros años de ejecución del convenio. En pocas palabras, no habría nada gratis.
"El volumen de compra mínimo asegurado y el mantenimiento invariable de las tarifas en euros permiten inferir que la transferencia de equipos y soporte técnico, pactada bajo la figura de donación por parte de la INCM de Portugal, no representa una transferencia gratuita, al encontrarse condicionada a la adquisición obligatoria de un volumen mínimo de libretas bajo tarifas fijas en euros durante los diez anos de vigencia del convenio", expresa la advertencia.
Los riesgos que reconoció el gobierno Petro
El informe de empalme que preparó la Imprenta Nacional, pocos días antes del fin del llamado 'Gobierno del Cambio', expresó que, en la actualidad, se personalizan a diario 8.000 pasaportes. El informe advirtió que, cualquier modificación, suspensión o terminación anticipada del convenio, debe ser analizada seriamente pues podría dar pie a un arbitraje internacional.
Todavía no hay certeza sobre qué actuaciones ejecutará el presidente Abelardo de la Espriella respecto del nuevo modelo de los pasaportes que heredó de la administración pasada. En julio de 2025, De la Espriella presentó una denuncia penal contra Gustavo Petro y el exjefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por el supuesto manejo irregular de todo este proceso.
Entre tanto, esto fue lo que el gobierno Petro dejó como sugerencia a la nueva administración: "El reto prioritario para la nueva administración es garantizar la ejecución efectiva del cronograma de transferencia tecnológica, alcanzar la autonomía operativa plena, asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y continuidad del servicio y gestionar de manera preventiva los riesgos jurídicos y de control asociados a la novedad del modelo interadministrativo adoptado".
Esta es la tercera advertencia que la Contraloría General le hace al gobierno sobre una contratación que han encontrado cuestionable y que emergió tras las determinaciones de Petro y de su excanciller Álvaro Leyva para no prorrogar más el contrato de expedición de libretas con Thomas Greg, empresa de los hermanos Bautista.
Tras su designación y en entrevista con Semana, el canciller Omar Bula calificó de "desastre" lo decidido por la administración de Petro en relación con las libretas de viaje. ¿Cómo recibirán los nuevos cuestionamientos y alertas sobre el jugoso negocio que pone en riesgo la continuidad de la Imprenta?
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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