Los hechos por los que la Procuraduría abrió investigación contra Edwin Palma por la intervención de Air-e

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro de Minas, Edwin Palma Vega, por presuntas irregularidades durante su gestión como agente especial interventor de Air-e. La decisión también cobija al entonces superintendente de Servicios Públicos, Elmer Felipe Durán, y a los demás agentes interventores que administraron la empresa entre 2024 y 2026. 

La decisión, conocida por CAMBIO, identifica un patrón de presuntas omisiones que, según el organismo de control, se prolongó durante los tres periodos de intervención estatal. Entre ellas aparecen incumplimientos regulatorios, posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, reportes inexactos a las autoridades del sector eléctrico y la ausencia de un plan para sacar a la compañía de la crisis financiera.

La apertura de la investigación ocurre meses después de que CAMBIO revelara una serie de decisiones adoptadas durante la intervención de Air-e, relacionadas con contratación, manejo de recursos, cuentas reservadas y compras de equipos, que ahora hacen parte del contexto bajo el cual la Procuraduría decidió abrir la actuación disciplinaria.

La intervención de Air-e comenzó el 11 de septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la empresa y designó a Edwin Palma como agente especial interventor. Su misión era estabilizar la operación, recuperar las finanzas de la compañía y garantizar la prestación del servicio de energía en la región Caribe. Sin embargo, durante los meses siguientes comenzaron a acumularse decisiones administrativas que hoy hacen parte del contexto en el que la Procuraduría decidió abrir una investigación disciplinaria.

La primera alerta la reveló CAMBIO en agosto de 2025. Una investigación periodística documentó que, durante la intervención, varios familiares y personas cercanas a altos funcionarios terminaron vinculados a la empresa mientras la administración presentaba públicamente cifras que no reflejaban el deterioro financiero de Air-e. La investigación también mostró cómo algunos indicadores oficiales contrastaban con la realidad económica de la compañía y cómo la nómina de altos cargos había crecido en medio de una empresa que seguía dependiendo de millonarios recursos públicos para operar.

Meses después, CAMBIO publicó una segunda investigación sobre el manejo financiero de la intervención. Los documentos obtenidos por este medio mostraban que durante la administración de Edwin Palma existían pagos efectuados a través de cuentas catalogadas como reservadas y movimientos financieros cuya trazabilidad resultaba limitada incluso para los propios organismos de vigilancia. La investigación también reveló que parte de esos recursos no contaban con soportes suficientes para establecer con precisión su destinación final, lo que abrió interrogantes sobre los mecanismos de control utilizados durante la intervención.
 

Finalmente, en otra publicación, revelamos lo que pasó con la compra de transformadores eléctricos. CAMBIO documentó que Air-e terminó adquiriendo esos equipos con sobrecostos frente a los precios del mercado, una operación que comprometía recursos públicos administrados por la empresa intervenida. La publicación reconstruyó el proceso contractual, identificó las diferencias de precios y planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores y fijar los valores de compra.

Los hechos que narra el auto de la Procuraduría

Ese conjunto de revelaciones coincide con varios de los hechos que ahora aparecen descritos en el auto de apertura de investigación disciplinaria. La Procuraduría sostiene que durante la intervención pudieron presentarse omisiones continuadas en la administración de Air-e y señala, entre otras conductas, presuntos incumplimientos en el traslado de recursos de alumbrado público, deficiencias en los reportes regulatorios enviados al SUI, XM y la CREG, así como prácticas irregulares de facturación que habrían permanecido sin ser corregidas durante la administración de los agentes interventores.

El organismo de control también afirma que la empresa careció de un plan estructural de intervención y solución empresarial, que hubo omisiones en la provisión de recursos para atender la deuda con los generadores de energía y que no se suministró oportunamente información a los organismos de control. Según el auto, ese conjunto de decisiones habría permitido que la crisis financiera continuara profundizándose durante los tres periodos de intervención estatal. De hecho, el documento señala que la deuda pospago pasó de 833.000 millones de pesos, en febrero de 2025, a 2,23 billones de pesos en diciembre del mismo año; que el índice de pérdidas técnicas aumentó hasta el 31,20 por ciento, y que el patrimonio de la compañía terminó pasando de positivo a negativo mientras permanecía bajo administración del Estado.

Sobre esa base, la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria contra Edwin Palma, la también agente especial Diana María Bustamante, Nelson Javier Vásquez y el entonces superintendente de Servicios Públicos, Elmer Felipe Durán. El propósito de esta etapa procesal será establecer si esas omisiones existieron, si constituyen faltas disciplinarias y cuál fue la responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios que participaron en la intervención de Air-e.

La apertura de esta investigación no implica una declaración de responsabilidad disciplinaria contra los funcionarios involucrados. Apenas marca el comienzo de un proceso en el que la Procuraduría deberá establecer si esas omisiones existieron, si constituyen faltas disciplinarias y cuál fue la responsabilidad individual de quienes dirigieron la intervención de Air-e. Sin embargo, el expediente sí refleja que las preguntas sobre la administración de la empresa dejaron de ser únicamente periodísticas para convertirse en un asunto formal de control disciplinario.

El caso también representa un nuevo capítulo judicial para Edwin Palma. En el último año, su gestión como interventor de Air-e ha sido objeto de múltiples cuestionamientos sobre contratación, manejo de recursos públicos y decisiones administrativas; posteriormente, de denuncias penales y fiscales, y ahora de una investigación formal de la Procuraduría. La intervención que el gobierno Petro presentó como el camino para rescatar una de las principales empresas de energía del Caribe terminó convertida en un expediente que busca establecer si, además de no resolver la crisis de Air-e, durante su administración también se incumplieron deberes propios de la función pública.