Air-e bajo Edwin Palma: pagos, cuentas reservadas y cifras que nadie pudo auditar
Durante la intervención de Edwin Palma —hoy ministro de Minas y Energía— en Air-e, se firmaron acuerdos de pago millonarios para cubrir deudas del pasado, se restringió información financiera clave y el auditor externo terminó sin poder verificar las cifras de la empresa. Documentos conocidos por CAMBIO, que hoy reposan en la Fiscalía, revelan decisiones que comprometen el manejo de los recursos de la compañía intervenida.
Por: Sylvia Charry
CAMBIO ha seguido, paso a paso, el rastro de las decisiones que se tomaron dentro de Air-e durante la intervención de Edwin Palma, un rompecabezas administrativo que hoy está bajo la lupa de las autoridades. Primero fueron pagos millonarios para cubrir obligaciones anteriores, pese a la instrucción pública del presidente Gustavo Petro. Luego, movimientos de caja difíciles de explicar en medio de la crisis financiera. Y, detrás de todo, un esquema que concentró la información contable en un círculo reducido, con la participación directa de su primo, el contador Juan Pablo Nieto Egea. Durante meses parecieron episodios sueltos. Hasta hoy.
Nuevos documentos en poder de este medio revelan el patrón completo. Según esos papeles, Palma asumió el control de la información financiera de la empresa intervenida y tomó decisiones que desviaron recursos del propósito mismo de la intervención. Una quedó registrada en un acuerdo de pago firmado por él mismo.
El jueves 12 de diciembre de 2024, durante la Asamblea Popular de la democracia energética en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro convirtió la intervención de Air-e en un símbolo político. Habló de tarifas “leoninas”, de una decisión “audaz” de su Gobierno para enfrentar el modelo energético y dejó una promesa pública: “No vamos a asumir las deudas privadas de Air-e, como hicieron otros gobiernos. No vamos a mirar al pasado”.
Pero en ese momento, la promesa ya era falsa, pues, 15 días antes del discurso presidencial, Palma había firmado un acta que decía lo contrario. El 27 de noviembre de 2024 el entonces agente interventor suscribió un acuerdo mediante el cual Air-e se comprometía a pagar 200.000 millones de pesos a Interaseo, la empresa de aseo del empresario antioqueño William Vélez (QEPD). El documento establecía un cronograma de pagos que se extendía hasta diciembre de 2026.
Ese acuerdo se mantuvo fuera del radar público. Tampoco fue entregado a la revisoría fiscal contratada para auditar la compañía ni al interventor que después reemplazó a Palma. Solo una inspección judicial permitió que el documento terminara en manos de la Fiscalía.
En diciembre de ese año, cuando CAMBIO reveló un giro de 30.000 millones de pesos a Interaseo, Palma aseguró que el acuerdo no era suyo y que había cumplido un compromiso heredado de su antecesor. “Yo simplemente llegué, ratifiqué el pago, le puse fecha y lo cumplí. Con eso le ahorré recursos a la compañía porque era un acuerdo de menos del valor de la deuda”, dijo entonces.
La versión no coincide con los documentos, pues en el acta del acuerdo de pago el firmante es el propio Palma.
El acuerdo con Interaseo
El 27 de noviembre de 2024, Palma, entonces agente interventor de Air-e, firmó un acta en la que se hacía el plan de pago. En ese documento, la empresa intervenida le reconoció una deuda a Interaseo que, entre capital e intereses, se acercaba a los 250.000 millones de pesos. Palma se comprometió a pagarle—en 20 cuotas— cerca de 200.000 millones, mediante un cronograma de pagos que se extendía hasta diciembre de 2026.
El problema es que la deuda no era un valor acordado entre las partes, sino que se discutía en juzgados civiles de Barranquilla, porque Air-e y la empresa de aseo no lograban ponerse de acuerdo sobre el monto que se debía. El origen del pleito estaba en los recursos que Air-e recaudaba a los usuarios por el servicio de aseo y que luego transfería a Interaseo.
Los propios registros contables de Air-e mostraban otra cifra. Según la contabilidad de la empresa, el saldo pendiente era cercano a 83.544 millones de pesos, correspondientes a recaudos entre diciembre de 2022 y julio de 2023 que estaban en revisión técnica.
Sin embargo, en el acta firmada el 27 de noviembre de 2024 figura una cifra muy distinta: allí se señala que el capital no trasladado superaba los 148.000 millones de pesos. Sobre ese monto, además, se calcularon intereses por varios conceptos —entre ellos intereses por saldos negativos y por recaudos asociados al periodo COVID— hasta llevar el total de la obligación a 247.462 millones de pesos. Según el documento que se mire, la deuda cambia de tamaño.
La que hasta entonces era una disputa contable en los tribunales terminó resolviéndose de otra manera. La interventoría reconoció la obligación, negoció los intereses y firmó un acuerdo para pagarla en cuotas durante dos años. El documento también incluyó el desistimiento de las demandas que enfrentaban a las partes.
En términos simples, una deuda que se discutía ante los jueces terminó siendo reconocida por la empresa intervenida, con intereses incluidos, mediante un acuerdo que comprometía cientos de miles de millones de pesos de una compañía que ya atravesaba una crisis financiera.
Otro detalle llamativo en esa acta de acuerdo son los nombres de quienes la firmaron. Entre ellos figura como directora administrativa de Air-e Tania Peñaranda. Hoy Peñaranda es la agente interventora designada por el Gobierno para dirigir la empresa. Varios medios han señalado que en el pasado tuvo relación laboral con William Vélez tras haber trabajado durante más de una década en la Triple A de Barranquilla. Del lado de Interaseo figura como asesor Ulises Durán, reconocido abogado de la Colombia Humana.
Para completar, hay otro elemento que vuelve el asunto más delicado. La resolución mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la intervención de Air-e establecía que la prioridad era garantizar la continuidad del servicio eléctrico y proteger la estabilidad financiera de la empresa. Por eso advertía que no debían pagarse deudas anteriores a la intervención. La lógica era clara: preservar la caja de la compañía para asegurar el servicio y atender las obligaciones actuales del sistema eléctrico.
Las cifras que nadie pudo auditar
En marzo de 2025, el revisor fiscal de Air-e de la firma internacional Ernst & Young (EY), dejó constancia de que la administración le informó sobre la existencia de un acuerdo de conciliación con un tercero que implicaba obligaciones cercanas a 141.000 millones de pesos. El auditor solicitó el documento para verificar los registros contables, pero la empresa respondió que no podía entregarlo porque estaba cubierto por cláusulas de confidencialidad.
Esto quiere decir que el auditor externo encargado de revisar las cuentas no pudo ver el documento que explicaba una de las operaciones financieras más grandes de la intervención.
Durante meses, la firma EY solicitó información adicional para completar la auditoría de los estados financieros de 2024, como el diagnóstico financiero elaborado durante la intervención de Palma y el detalle del acuerdo con Interaseo. Gran parte de esa documentación nunca llegó. El propio revisor fiscal alertó a la Superintendencia de Servicios Públicos de que las restricciones de acceso estaban limitando su trabajo.
En auditoría, cuando eso ocurre, el resultado supone uno de los escenarios más delicados: la abstención de opinión. No significa necesariamente que las cifras sean falsas, sino algo más grave: que el auditor no pudo determinar si eran correctas porque no tuvo acceso a la evidencia suficiente.
“No expreso una opinión sobre los estados financieros adjuntos de la compañía (...) no me fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que me proporcione una base para emitir una opinión de auditoría sobre estos estados financieros”, dice el documento firmado por Samuel Tenorio, el auditor designado por la firma EY.
En el centro de ese circuito contable estaba Juan Pablo Nieto, gerente contable de Air-e y primo de Palma. Su firma aparece en varios de los documentos contables que el auditor externo solicitó durante meses para poder verificar los estados financieros. Nieto era, en la práctica, uno de los funcionarios que tenía bajo su control buena parte de la información contable de la compañía. Y es precisamente esa información —que debía respaldar las cifras oficiales— la que el revisor fiscal afirmó no haber recibido completa. Dicho de otra manera: las cuentas estaban en manos del círculo más cercano al interventor, mientras el auditor advertía que no tenía acceso a los soportes necesarios para verificar si los números reflejaban la realidad de la empresa.
El interventor que llegó sin las cifras
En junio del 2025, Nelson Javier Vásquez sucedió a Edwin Palma en la intervención de Air-e y encontró el mismo problema. En una declaración jurada ante la Fiscalía conocida por CAMBIO, de septiembre de 2025, Vásquez aseguró que al momento de posesionarse no recibió ningún informe contable o financiero detallado de la empresa.
Solo después le fue entregado un informe general de gestión de la interventora saliente, sin detalles que permitieran entender la situación real de las cuentas.
Tampoco tuvo acceso al acuerdo con Interaseo. Según su testimonio, cuando solicitó copia del documento, la directora administrativa y financiera, Tania Peñaranda —una de las firmantes del acuerdo de pago—, le informó que estaba bajo reserva confidencial. Es decir, el funcionario encargado de administrar la empresa intervenida no tenía a la vista el detalle de uno de los compromisos financieros más grandes firmados durante la administración anterior.
“Se me informó por parte de la directora administrativa y financiera, Tania Peñaranda, que si existía un acuerdo de pago, he solicitado copia del mismo, pero al solicitarlo me dijeron que estaba cobijado por reserva confidencial, entonces he hecho un requerimiento formal para que se me entregue, pero a la fecha no lo tengo”, dijo a la Fiscalía.
Al mirar los documentos en conjunto, el patrón es difícil de ignorar. Mientras el presidente prometía públicamente que el Estado no asumiría deudas privadas de Air-e, la interventoría firmaba acuerdos para pagarlas. Y, mientras el auditor pedía documentos para verificar las cifras, la administración alegaba reservas y confidencialidad. Y cuando un nuevo interventor llegó a la empresa, tampoco encontró los informes financieros necesarios para entender la situación que debía administrar.
La historia que cuentan los papeles no es solo la de una decisión financiera discutible: es la de una empresa intervenida cuya información clave permanecía concentrada en un círculo muy reducido.
Y esa es precisamente la pregunta que ahora deberán responder las autoridades: qué ocurrió realmente con las finanzas de Air-e durante la intervención de Edwin Palma y quién, en la práctica, tenía el control de las cuentas.
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