Veedurías denuncian lento proceso por corrupción contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado

La Red de Veedurías de Colombia le pidió a la Corte Suprema de Justicia que informe en qué estado está el proceso penal contra Sandra Paola Hurtado Palacio, gobernadora del Quindío entre 2012 y 2015. La Fiscalía la acusó en 2019 de contratar sin cumplir los requisitos de ley y de peculado por apropiación, es decir, de haberse quedado presuntamente con recursos públicos, en cuatro contratos de obra firmados en su último año de gobierno.

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La solicitud se radicó el 17 de septiembre mediante un derecho de petición enviado por la firma Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización. Según el documento, la exgobernadora ha dicho públicamente en Armenia y en redes sociales que fue absuelta de todos los cargos. La veeduría sostiene que esa absolución corresponde a otro caso, por prevaricato, y que el proceso por los contratos seguiría abierto.

"Queremos saber qué ha pasado con ese proceso, cuál es su estado, si en realidad todavía existe esa acción penal y en últimas dar cuenta a la ciudadanía de cuál es el alcance de la situación jurídica de la muy cuestionada ex gobernadora del Quindío", afirmó Bustos.

La absolución de agosto

El 5 de agosto de este año, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema absolvió a Hurtado Palacio y a la también exgobernadora Gloria Inés Gutiérrez Botero del delito de prevaricato por acción, que consiste en que un funcionario tome decisiones claramente contrarias a la ley. El caso giraba en torno a cuatro ordenanzas y un decreto de 2015 que destinaron recursos del departamento a primera infancia y saneamiento básico.

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La Corte concluyó que esas decisiones se ajustaban a la ley. La absolución quedó en firme el 14 de agosto, cuando la Sala aceptó que la Fiscalía retirara su apelación. Ese fallo, sin embargo, se refiere únicamente a las ordenanzas. No menciona los contratos por los que la Fiscalía la acusó de peculado.

Lo que dice la acusación

El escrito de acusación, que presentó la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema el 30 de julio de 2019, se centra en cuatro contratos firmados por la Gobernación en 2015, que suman más de 20.774 millones de pesos. Estaban destinados a obras de acueducto y saneamiento, a la recuperación de vías terciarias y a la construcción de dos centros de desarrollo infantil en Quimbaya y Calarcá.

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Según la Fiscalía, los cuatro contratos quedaron en manos de consorcios y uniones temporales conformados con la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza. El ente acusador sostiene que los procesos se diseñaron para que hubiera un único proponente y que las obras terminaron en manos de subcontratistas por un valor entre 20 y 30 por ciento menor al pactado con la Gobernación.

El documento afirma además que el 15 por ciento del valor de cada contrato debía pagársele a la gobernadora, lo que en total suma más de 3.100 millones de pesos. La Fiscalía calculó en más de 5.400 millones de pesos los sobrecostos, es decir, la diferencia entre lo que pagó el departamento y lo que costaron los subcontratos.

En la audiencia de imputación, el 31 de mayo de 2019, Hurtado Palacio no aceptó los cargos. Ese año, su abogado, Jaime Lombana, le dijo a Semana que no había hechos de corrupción y que el caso se basaba en testimonios con muchas contradicciones. El problema es que la acusación se formalizó ante la Sala Especial de Primera Instancia apenas en junio de 2022.

Siete años después, el proceso parece no avanzar

Por su cargo, la exgobernadora solo puede ser juzgada por la Corte Suprema. La veeduría sostiene que, desde que la Fiscalía presentó la acusación, han pasado más de siete años sin que se conozca el resultado del juicio. 

En su petición, le pide a la Corte informar en qué etapa está el proceso, qué se ha hecho desde 2019, cuándo es la próxima audiencia y si los delitos corren riesgo de prescribir, es decir, de que se venza el plazo que tiene el Estado para juzgarlos.

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Bustos también pidió que la Corte expida una certificación sobre el estado del proceso que pueda darse a conocer a la ciudadanía del Quindío. "Por el contrario, al parecer existiría otra investigación en su contra de la cual ella misma no da cuenta e indagamos por ello a la Corte Suprema de Justicia", señaló.

Hurtado Palacio no ha sido condenada por ninguno de estos hechos y se presume inocente mientras no exista una sentencia en firme.