Exmilitares responsables de falsos positivos le hablan al Congreso: “gracias a la JEP se conoció la verdad”
El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare, quien fue imputado por la JEP por ejecuciones extrajudiciales narró cómo ha sido su proceso de aceptar responsabilidad y darle la cara a las víctimas en audiencias.
"He tenido la oportunidad de vivir la experiencia de la justicia ordinaria y la especial. En la primera estuve privado de la libertad durante 11 años y 28 días. Allí siempre mentí y allí no existen las víctimas. Me acogí a la JEP en 2017, me comprometí de lleno a decir la verdad". Con estas palabras, el mayor (r) del Ejército Nacional Gustavo Enrique Soto Bracamonte empezó una intervención ante una comisión del Senado de la República.
La cita la hizo el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, en medio de una tensión política por la propuesta del gobierno de reducir en 170.000 millones el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Soto Bracamonte es uno de los exmilitares que fue imputado por la JEP, junto a otros 22 exoficiales, por más de 300 casos de ‘falsos positivos’ cometidos entre 2005 y 2008 por varias unidades militares en ese departamento.
Soto estaba condenado a 60 años en la justicia ordinaria. “En la JEP me descargué. Yo estaba cargando un peso que nunca expresé en la justicia ordinaria, de todos esos asesinatos de personas inocentes que se presentaron cuando era comandante del Gaula Militar Casanare”.
“Pude expresar con total veracidad cómo ocurrieron todos esos asesinatos. Ustedes no se imaginan la tranquilidad que uno va sintiendo con su conciencia porque ese peso lo va acabando a uno totalmente”, agregó.
Soto explicó que la JEP contrastó su testimonio, que verificó los hechos, que participó en versiones y en los encuentros con víctimas.
“Esos cara a cara no son nada fáciles. (Que) un victimario diga a la víctima cómo fue asesinado su hijo, su papá, su hermano. Lógicamente, hay un trabajo muy importante de la JEP con los comparecientes; me asignaron un psicosocial y me prepararon para estar en ese encuentro. Lo que antes era muy difícil, pues (ahora) nos sentamos en un mismo espacio víctimas y victimarios y gracias a la JEP se pudo conocer la verdad y decirle cómo ocurrió, y esto genera un poco de tranquilidad a las víctimas”, agregó.
Soto Bracamonte señaló que “ha sentido el dolor de las víctimas” y explicó que está a la espera de que la JEP le dicte la sanción restaurativa por sus crímenes. “Lo que espero es poder aportando con la verdad, con el Sistema Integral y que no se me obstaculice ese camino”, dijo.
En la audiencia, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, se conectó desde Pitalito, Huila, en donde los exintegrantes del último secretariado de las Farc, como Rodrigo Londoño, y exmilitares empezaron a cumplir sus sanciones con la búsqueda de desaparecidos. Ramelli expresó que la discusión actual es en realidad un debate sobre los derechos de las víctimas, la verdad, la seguridad jurídica de los comparecientes y sobre el cierre jurídico de un conflicto armado que quebrantó al país.
Ramelli dijo que el recorte de los 170.000 millones que se aprobó este miércoles en la Cámara de Representantes deja a la jurisdicción "inoperante".
“Agradecemos el espacio e invito al Congreso y Gobierno a que reflexionemos (sobre el presupuesto asignado a las JEP). Nosotros somos una institución abierta al diálogo", agregó el magistrado Ramelli, quien dio que el país debe preguntarse sobre el futuro de más de 600.000 víctimas acreditadas de forma individual y colectiva y con los más de 12.000 comparecientes de las Farc-EP y los más de 4.700 de la fuerza pública sometidos a este sistema de justicia.
Lea los comentarios
