De la Espriella lleva a la ONU su apuesta por una política exterior menos multilateral

Lo ocurrido en las últimas horas en Nueva York revela una nueva realidad, aparentemente contradictoria, pero coherente con la orientación del Gobierno de Abelardo de la Espriella: Colombia toma distancia de los organismos multilaterales porque cuestiona su eficacia, al tiempo que estrecha su alianza con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

La decisión del presidente De la Espriella de no asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas tiene una explicación formal: durante la campaña prometió que no saldría de Colombia durante sus cuatro años de gobierno. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fue quien viajó a Nueva York y quien este jueves leyó ante el pleno el primer discurso de la nueva administración colombiana ante el organismo. De la Espriella lo escribió.

Pero la ausencia del presidente terminó siendo algo más que un asunto de protocolo. El discurso que preparó para la Asamblea General ofrece una primera definición internacional de un gobierno que ha llegado al poder con una relación más escéptica con las instituciones multilaterales y con una agenda exterior concentrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y soberanía, temas en los que se siente afín con Trump.

La paradoja es evidente: un gobierno que cuestiona parte del funcionamiento de Naciones Unidas utilizó precisamente el principal foro político de la organización para explicar por qué considera necesario reformarlo.

¿Cómo explicar esta contradicción? En el discurso, Restrepo sostuvo que reconocer las imperfecciones de una institución no equivale a desconocer su valor y que señalar sus fallas puede ser una manera de fortalecerla. También afirmó que el gobierno no pretende refugiarse en lo políticamente correcto ni decir a sus interlocutores lo que quieren escuchar, sino exponer la posición de Colombia con claridad.

La distinción, para el nuevo ideario que está en el poder, es importante. Con el mensaje no se plantea la salida inmediata de Colombia de Naciones Unidas. Pone sobre la mesa, más bien, una crítica al modo en que funciona el sistema multilateral y a lo que el Gobierno considera una brecha entre sus objetivos y sus resultados.

De la Espriella escribe, Restrepo lee

De la Espriella -siempre a través de Restrepo- cuestionó la estructura burocrática de la organización y habló de duplicación, fragmentación y carga administrativa. También preguntó si Naciones Unidas está destinando suficientes recursos a resolver problemas y si sus resultados se están midiendo con el rigor necesario. 

En el discurso apareció así una de las ideas centrales de la nueva política exterior colombiana: la cooperación internacional conserva su utilidad, pero debe demostrar resultados más concretos. Muy en la línea de las tesis que Trump clama, en su caso, para Estados Unidos.

En el caso de Colombia, ese planteamiento adquiere especial relevancia en materia de seguridad. El país lleva décadas intentando enfrentar un negocio que por definición desborda sus fronteras: la producción de cocaína puede ocurrir aquí, las rutas de tráfico atravesar otras naciones y las ganancias terminar en sistemas financieros de otras bien distintas.

El Gobierno utilizó ese argumento para reclamar una cooperación internacional más rápida en intercambio de información e inteligencia, cooperación judicial, rastreo de activos y lucha contra la financiación del terrorismo.

El punto más político del discurso fue la exigencia de una definición jurídica universal del terrorismo. El Gobierno sostuvo que, después de décadas de lucha contra organizaciones armadas y redes criminales, los Estados todavía no cuentan con una definición común que permita actuar de manera uniforme frente a ese fenómeno.

Restrepo también cuestionó lo que el Gobierno considera un uso selectivo de la defensa de los derechos humanos. Según el mensaje presidencial, esos principios pueden terminar siendo utilizados políticamente para favorecer a unos actores y castigar a otros. El Gobierno vinculó esa crítica con su rechazo a lo que denominó “globalismo”, entendido, en su discurso, como una concepción que puede terminar debilitando la soberanía de los Estados.

Aquí aparece una de las principales tensiones de la nueva política exterior. Colombia sigue necesitando las instituciones multilaterales para asuntos que no puede resolver por sí sola —desde el narcotráfico y el crimen transnacional hasta el comercio, la inversión y la cooperación—, pero el nuevo Gobierno parece querer limitar el peso político que esas instituciones tienen sobre las decisiones nacionales.

La contradicción no es necesariamente accidental. Es posible defender la cooperación internacional y, al mismo tiempo, cuestionar determinadas reglas, organismos o mecanismos de supervisión. Lo que está por verse es hasta dónde llegará esa distinción en la práctica.

Un giro de 180 grados

La política exterior de De la Espriella ya ofrece algunas señales claras de la ruta elegida. El Gobierno anunció su retiro de la copresidencia de la Equal Rights Coalition, una alianza internacional dedicada a la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. Colombia compartía esa responsabilidad con España. La Cancillería explicó que la participación en ese mecanismo dejó de ser una prioridad para la nueva administración.

La decisión es significativa no tanto por el peso material de la coalición, relativamente limitado, sino porque muestra la disposición del Gobierno a revisar compromisos internacionales asumidos durante administraciones anteriores. Es un patrón que podría extenderse a otros ámbitos de la política exterior.

También están bajo discusión los vínculos de Colombia con algunos mecanismos judiciales y de derechos humanos. El Gobierno ha planteado evaluar su permanencia en determinadas instituciones y ha expresado críticas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el caso de la Corte Penal Internacional, se ha hablado de la posibilidad de revisar la relación del país con el Estatuto de Roma. Cualquier eventual retiro, sin embargo, tendría consecuencias jurídicas y diplomáticas mucho mayores que las de abandonar una coalición política.

La diferencia importa. Salir de un foro o modificar una participación diplomática puede ser relativamente sencillo. Apartarse de mecanismos internacionales de supervisión judicial implica revisar obligaciones jurídicas asumidas por el Estado colombiano y podría alterar la manera en que otros gobiernos y organizaciones internacionales evalúan su compromiso con determinados estándares.

La misma lógica aparece en la relación con la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno retiró la declaración de intervención presentada por la administración anterior en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel. Esa decisión no equivale a abandonar la Corte ni la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, pero sí constituye otro ejemplo de cómo la nueva administración está revisando decisiones internacionales heredadas.

Una nueva agenda

La política exterior colombiana de los últimos años había buscado utilizar el peso diplomático del país en asuntos como cambio climático, transición energética, derechos humanos y construcción de paz. El Gobierno de De la Espriella está poniendo el acento en otras prioridades: seguridad, crecimiento económico, inversión, soberanía y combate contra las economías ilícitas.

La Cancillería ha presentado esos objetivos como parte de una estrategia para recuperar la confianza, atraer capital y fortalecer las alianzas consideradas útiles para el país.

Ese cambio no significa que Colombia esté abandonando el multilateralismo. De hecho, la presencia de Restrepo en Nueva York muestra lo contrario. El vicepresidente mantuvo reuniones con funcionarios estadounidenses, representantes de otros gobiernos y organismos internacionales, mientras la delegación colombiana utilizó la Asamblea General para presentar sus prioridades económicas y de seguridad.

Lo que parece estar cambiando es el criterio con el que el Gobierno decide qué espacios multilaterales considera útiles. La relación con Estados Unidos ocupa un lugar central en esa estrategia. Antes de la Asamblea General, Restrepo participó en la puesta en marcha del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa regional orientada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y se reunió con funcionarios de la administración de Trump.

El acercamiento con Washington coincide con una concepción de la seguridad que privilegia la cooperación operativa y el intercambio de inteligencia frente a las redes criminales. Es una diferencia importante respecto de la diplomacia de la administración anterior, que puso mayor énfasis en asuntos como la transición energética, la política climática y la paz.

También explica por qué la definición de terrorismo ocupa un lugar tan destacado en el nuevo discurso internacional colombiano.

Para De la Espriella, la lucha contra las organizaciones armadas y el narcotráfico debe plantearse fundamentalmente como un problema de seguridad y crimen transnacional. Esa visión supone una ruptura con el lenguaje utilizado durante los años anteriores para abordar a algunos de los grupos armados con los que el Estado intentó negociar.

Restrepo fue explícito en ese punto: las organizaciones que asesinan, secuestran, utilizan explosivos, reclutan menores y emplean el terror, dijo, deben ser denominadas grupos terroristas y enfrentadas por el Estado dentro de la Constitución y la ley.

La pregunta que queda abierta es cómo funcionará esa política cuando Colombia necesite cooperación de los mismos organismos cuya utilidad el Gobierno cuestiona.

El país depende de redes internacionales para perseguir el narcotráfico, recuperar activos, intercambiar información, combatir el lavado de dinero, controlar las fronteras y coordinar operaciones contra organizaciones criminales. También depende de instituciones multilaterales para acceder a financiación, cooperación técnica y mecanismos de resolución de controversias.

Por eso, la discusión no es simplemente entre multilateralismo y soberanía. La cuestión práctica será qué instituciones considera Bogotá indispensables, qué obligaciones está dispuesto a aceptar y cuáles pretende renegociar o abandonar.

La primera vez

La ausencia de De la Espriella en Nueva York también tiene una dimensión política interna. Su decisión de no salir del país es el cumplimiento de una promesa de campaña, pero delegar en el vicepresidente la primera gran intervención internacional del Gobierno le ha otorgado a Restrepo un papel excepcional. 

Pero el protagonista sigue siendo De la Espriella. Por ello, aunque Restrepo fue quien ocupó la tribuna, las principales definiciones políticas deben leerse como la presentación internacional de De la Espriella.

El resultado es una diplomacia que no parece buscar el aislamiento, sino una relación más transaccional con el mundo: cooperación cuando produzca resultados concretos, acuerdos directos cuando sean posibles y menor disposición a aceptar que las instituciones internacionales determinen los límites de la política nacional.

Esa apuesta todavía está en su primera etapa. El Gobierno apenas comienza a traducir en decisiones sus promesas de campaña y muchas de las cuestiones más sensibles —la relación con los tribunales internacionales, el Sistema Interamericano y otros organismos multilaterales— siguen siendo objeto de revisión.

La pregunta para los próximos años no será, por tanto, si Colombia seguirá siendo parte del sistema internacional. Eso es inevitable para una economía y un Estado con los vínculos internacionales del país. La pregunta será qué tipo de multilateralismo está dispuesto a aceptar el Gobierno de De la Espriella y qué costos estará dispuesto a asumir cuando sus prioridades nacionales entren en conflicto con las reglas o instituciones que pretende reformar.